La profunda crisis energética que sufre Cuba ha provocado una reducción de más del 50 % en la captura de pescado por parte de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus, evidenciando la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar la soberanía alimentaria. La escasez crónica de combustible ha paralizado gran parte de la flota estatal, dejando a la población sin acceso a un producto que históricamente formaba parte de su dieta básica y que hoy ha desaparecido del comercio oficial, profundizando el hambre en la isla.
El director técnico-productivo de la entidad espirituana, Giovanni Rodríguez Panizzo, admitió ante la radio estatal que las operaciones de captura operan muy por debajo de su capacidad habitual. La causa principal radica en las severas restricciones en el suministro de diésel para las embarcaciones, un problema que obliga a las autoridades de la isla a racionar el escaso combustible disponible. Esta situación no es un evento aislado, sino el reflejo directo del fracaso de las políticas energéticas y económicas impulsadas por el gobierno cubano, incapaz de generar las divisas necesarias para mantener abastecida su propia industria alimentaria.
Las cifras expuestas por el funcionario son elocuentes sobre la magnitud del desplome productivo. Mientras que en temporadas normales los niveles de captura oscilaban entre 15 y 18 toneladas mensuales, la empresa actualmente apenas logra pescar ocho toneladas. «Estamos trabajando sobre esos niveles porque no tenemos toda la disponibilidad para que las brigadas utilicen todo el combustible que llevan para pescar», reconoció Rodríguez Panizzo, confirmando que la flota se encuentra operativamente maniatada ante la falta de recursos básicos para siquiera salir a cumplir los planes mínimos del Estado.
El impacto de esta escasez se traduce en una paralización casi total de la infraestructura pesquera de la provincia. De las 14 brigadas con las que cuenta la empresa en Sancti Spíritus, únicamente nueve permanecen activas. Estas operan bajo un estricto sistema de rotación entre los ríos, la presa Zaza y la zona de Paso Caballo, una medida desesperada para optimizar el consumo de diésel. A esto se suman las condiciones naturales adversas; el aumento de los niveles de agua en la presa Zaza obliga a los pescadores a modificar constantemente sus estrategias, ya que las especies se refugian en la maleza, dificultando aún más una captura que ya se encuentra mermada por la ineficiencia estatal.
Promesas vacías y opacidad en la distribución de los recursos
Este colapso en la producción llega meses después de que el primer ministro, Manuel Marrero, exigiera incrementar la pesca marítima durante una reunión del Consejo Provincial de Gobierno en Cienfuegos. En ese espacio, el ejecutivo cubano presentó un plan para capturar 640 toneladas de pescado en la plataforma marina de esa provincia para el año 2026. Sin embargo, la opacidad habitual del régimen saltó a la vista al confirmarse que apenas 128 toneladas, equivalentes al 20 % del total previsto, estarían destinadas al consumo de la población civil.
Las autoridades no ofrecieron explicación alguna sobre el destino del 80 % restante de la producción, una distribución que ha generado profundas dudas y rechazo social en medio de la creciente inseguridad alimentaria. La falta de transparencia sugiere, una vez más, que gran parte de los recursos pesqueros se canalizan hacia el sector turístico de lujo, la exportación para obtener divisas o el consumo de la élite gobernante y las altas esferas militares, en detrimento de una ciudadanía que enfrenta cotidianamente la desnutrición y el desabastecimiento.
El declive de una industria histórica y el contexto de crisis estructural
La escasez de pescado constituye una paradoja inexplicable para un país rodeado por el mar, pero totalmente coherente con el modelo económico centralizado. Durante décadas, productos como el jurel o el chicharro fueron pilares de la canasta básica normada, distribuidos a través de la libreta de abastecimiento para dietas médicas y para la población en general. No obstante, la ineficiencia del sistema, la falta de inversiones en flota y tecnología, y la pérdida de los subsidios soviéticos terminaron destruyendo la industria pesquera nacional. En 2017, el régimen de La Habana eliminó definitivamente el pescado de la libreta de racionamiento, sustituyéndolo por pollo importado, un hecho que marcó el inicio de la desaparición de este alimento de la dieta popular.
Estudios recientes, como los recopilados por el medio independiente El Toque, evidencian el rezago extremo de la isla en materia de consumo de proteínas marinas. Cuba registra un consumo per cápita de pescado inferior al de otras naciones del Caribe e, incluso, al de países con economías más empobrecidas y características geográficas y sociales similares, como Haití, Honduras y Guatemala. Este indicador es un termómetro claro del nivel de empobrecimiento al que ha sido sometida la población bajo el control absoluto del Estado, que ha preferido descapitalizar el sector antes que permitir la iniciativa privada que pueda dinamizarlo.
La crisis energética que hoy asfixia a la pesca es la misma que provoca apagones prolongados en gran parte del territorio nacional, paraliza la industria, afecta el bombeo de agua potable y colapsa la red de frío necesaria para conservar alimentos. La falta de divisas para importar combustible se agrava por el incumplimiento sistemático de los planes productivos en todos los sectores, creando un círculo vicioso de miseria. Mientras tanto, la dictadura cubana prioriza el gasto en el aparato represivo, el mantenimiento de su estructura de poder y el patrocinio a aliados internacionales, antes que garantizar la alimentación básica y la dignidad de los ciudadanos.
Consecuencias y panorama futuro para la alimentación en la isla
En la actualidad, el pescado y los mariscos han sido virtualmente erradicados de la red estatal de comercio. Su adquisición depende casi exclusivamente del mercado informal o de los nuevos mercados privados, donde los precios resultan completamente inaccesibles para la mayoría de los cubanos, cuyos salarios estatales se diluyen ante una inflación galopante que supera el 30 % anual. La incapacidad del gobierno cubano para sostener la flota pesquera no es solo un problema logístico de falta de diésel, sino la consecuencia directa de un sistema autoritario que ahoga cualquier capacidad productiva y castiga la autonomía económica.
El futuro inmediato se vislumbra sombrío para la seguridad alimentaria de la isla. Mientras el régimen mantenga su negativa a implementar reformas estructurales reales y continúe culpando a factores externos y al embargo de Estados Unidos por un colapso que es eminentemente endógeno y de responsabilidad directa del poder, la inseguridad alimentaria seguirá profundizándose. La reducción de la pesca en Sancti Spíritus es apenas un síntoma de la descomposición total del aparato económico nacional. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a este deterioro continuo, que empuja a miles de cubanos a la desesperación, alimentando la frustración social y forzando a más familias a tomar la decisión de sumarse al éxodo migratorio masivo ante la imposibilidad material de sobrevivir en su propio país.
