El conglomerado español Vima World S.L., principal abastecedor de la red de tiendas en moneda libremente convertible en Cuba, ha contratado a la firma de cabildeo Continental Strategy LLC para representar sus intereses ante el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. La medida ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre el conglomerado militar de la isla, GAESA, y busca aparentemente blindar las operaciones de la empresa frente a las sanciones secundarias impuestas por la administración estadounidense.
El registro formal del acuerdo tiene una fecha efectiva del 24 de julio de 2026, apenas 11 semanas después de que el Departamento de Estado sancionara al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La firma del contrato y su posterior publicidad se materializaron el 7 de agosto, un día después de que el mismo departamento estadounidense designara a dos filiales directas de este conglomerado militar. El documento oficial identifica a Vima World por su sede en la calle Núñez de Balboa de Madrid y la describe como una compañía de distribución y logística de alimentos. Sin embargo, en un claro ejercicio de opacidad, Cuba no aparece mencionada en ninguna parte del formulario, a pesar de ser el mercado del que procede casi la mitad de su facturación.
La declaración de la empresa española enumera tres áreas de gestión —comercio, industria alimentaria y relaciones exteriores— y resume su encargo en la búsqueda de \»oportunidades de proyectos en América Latina\». Este silencio sobre la isla contrasta de forma evidente con la realidad política de Washington en esas semanas. El 7 de mayo, GAESA fue designada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. Esta normativa autoriza el bloqueo de bienes a personas extranjeras que hayan asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico al régimen de La Habana.
El alcance de esta medida es devastador para cualquier empresa extranjera con vínculos en la isla. La normativa establece que quedan bloqueadas todas las entidades propiedad en un 50% o más de personas designadas. Además, las personas extranjeras que realicen transacciones con entidades sancionadas bajo esta orden, o que operen en sectores estratégicos de la economía cubana, quedan \»ellas mismas expuestas a sanciones\». El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, fue categórico al respecto en su cuenta de X a principios de agosto, señalando que las empresas extranjeras que deseen invertir en Cuba deben contar con una empresa estatal como socio, lo que las convierte en cómplices del esquema de corrupción de la dictadura.
Una red de influencia con fuertes lazos republicanos
Para navegar este complejo escenario, Vima ha inscrito a tres cabilderos en su cuenta. El primero es Carlos Trujillo, identificado en el documento como exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Trujillo, presidente y fundador de Continental Strategy, tiene una dilatada trayectoria política que incluye ocho años en la Cámara de Representantes de Florida y su posterior nominación por Donald Trump como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Su perfil ofrece a la empresa española un acceso directo a los círculos de poder que diseñan la política de sanciones contra el gobierno cubano.
El segundo nombre es el de Eric Farnsworth, un socio que dirige la práctica de política internacional y comercio de la firma tras más de dos décadas al frente de la oficina en Washington de Americas Society/Council of the Americas. Farnsworth cuenta con experiencia previa en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial. El tercero, Francisco Petrirena, vicepresidente de la consultora, aporta su experiencia en la política municipal de Miami. Sin embargo, el vínculo más directo con la administración actual lo aportan dos socios que no figuran en el registro de Vima: Alberto Martínez, exjefe de gabinete del secretario de Estado Marco Rubio, y John Barsa, exadministrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien en su biografía destaca haber encabezado \»políticas e iniciativas para promover la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua\».
Operaciones bajo jurisdicción estadounidense y opacidad financiera
El registro de cabildeo no consigna honorarios específicos por el servicio. La única cifra que aparece en el documento corresponde al apartado de entidades extranjeras, donde Vima World S.L. declara un interés del 10% y una contribución de 30.000 dólares para actividades de influencia. Las casillas de ingresos y gastos permanecen vacías, ya que estos datos se revelan en los informes trimestrales, cuyo plazo aún no ha vencido. Lo que sí queda claro es que la empresa no se limita a vender en la isla, sino que exporta hacia Cuba desde territorio estadounidense a través de dos filiales, Vima USA Ltd, ubicadas en Nueva York y Miami.
Estas exportaciones se amparan en la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones de 2000, que autoriza la venta comercial directa de alimentos y productos agrícolas estadounidenses a Cuba, siempre y cuando el pago se realice al contado. Esta dualidad convierte a Vima en un actor híbrido: por un lado, una empresa española expuesta a las sanciones secundarias por sus tratos con el sector militarizado de la isla; por otro, un operador comercial bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El informe trimestral que Continental Strategy deberá presentar en octubre revelará cuánto cobra exactamente por la cuenta y ante qué organismos específicos del Gobierno estadounidense gestionó sus intereses.
Expansión en la isla y vínculos con el sector militar
El interés de Vima por proteger sus activos en Washington se entiende al analizar su agresiva expansión en Cuba. El grupo español entró en el negocio minorista en mayo de 2024, cuando cerró un acuerdo con Tiendas Caribe para gestionar 20 establecimientos, comenzando por mercados en Paseo y Centro Habana. Posteriormente, constituyó una filial de capital extranjero, Vima Caribe S.A., para centralizar la operación. Diversos informes periodísticos han señalado que Tiendas Caribe es una entidad controlada por las Fuerzas Armadas, lo que sitúa a la empresa española directamente en la órbita de GAESA, el conglomerado ahora sancionado por Washington.
Las cuentas financieras de 2024, depositadas en el Registro Mercantil español, ilustran la rentabilidad de esta alianza. Vima World arrojó un beneficio neto de 10 millones de euros, un 16% más que el año anterior. De los 106 millones de euros facturados, al menos 49 millones provienen de las operaciones cubanas. Casi la mitad de los ingresos de esta multinacional dependen de un país sumido en una profunda crisis económica, donde sus productos solo se venden en moneda extranjera, en establecimientos a los que la inmensa mayoría de la población no tiene acceso debido a la disparidad salarial y la devaluación del peso cubano.
Contexto: El apartheid comercial y el colapso estructural
El caso de Vima no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la profunda desigualdad que asola a la isla. La creación y expansión de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) por parte de las autoridades de la isla fue diseñada como una válvula de escape para captar divisas frente al colapso del sistema económico centralizado. Sin embargo, esta medida consolidó un sistema de apartheid comercial, donde los productos básicos y de primera necesidad están vedados para quienes solo perciben sus ingresos en la moneda nacional. Mientras el régimen de La Habana se beneficia de estas asociaciones extranjeras para inyectar liquidez a sus arcas, la ciudadanía enfrenta una inflación descontrolada, apagones prolongados y un desabastecimiento crónico de los mercados en pesos.
Este modelo económico, que privilegia la captación de divisas por encima del bienestar social, es el mismo que financia el aparato represivo de la dictadura cubana. Los ingresos generados por conglomerados como GAESA y sus socios extranjeros sostienen una estructura de control que silencia a la disidencia, criminaliza la protesta social y provoca el mayor éxodo migratorio de las últimas décadas. La desconexión entre el crecimiento empresarial de Vima y la realidad de la población cubana evidencia cómo el modelo impuesto por el ejecutivo cubano mercantiliza el acceso a la alimentación básica, dejando a millones en la precariedad mientras las corporaciones y los militares obtienen millonarias ganancias.
Implicaciones a futuro y presión internacional
A pesar de la tormenta de sanciones, la empresa proyecta seguir creciendo. En un comunicado difundido por Forbes, Vima Foods anunció que espera cerrar 2026 con una facturación de 216 millones de euros y duplicarla hasta los 500 millones en 2030, con operaciones en más de 30 países. No obstante, la contratación de cabilderos de alto perfil en Washington indica que la dirección de la empresa es consciente de los riesgos jurídicos y políticos que conlleva operar en Cuba bajo el escrutinio de la Orden Ejecutiva 14404. La respuesta de la administración estadounidense en los próximos meses será clave para determinar si estas gestiones de cabildeo logran blindar a la empresa o si, por el contrario, las sanciones secundarias terminarán por afectar su lucrativo modelo de negocio en la isla, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el costo de mantener vínculos comerciales con el aparato militar cubano.
