El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart confirmó que varias naciones de América Latina y el Caribe están modificando sus acuerdos con las misiones médicas de la isla, tras la entrada en vigor de una legislación que penaliza la contratación de estos servicios por considerarse trabajo forzoso. La medida busca cortar una de las principales fuentes de financiamiento de la dictadura cubana, denunciada por retener hasta el 95% de los salarios de los profesionales de la salud.
En un artículo publicado recientemente, el legislador detalló que la nueva normativa, incorporada a la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, obliga al Departamento de Estado a elaborar un listado de naciones que mantengan convenios con el programa de salud cubano. Aquellos Estados que permanezcan en la lista por dos años consecutivos perderán toda la ayuda exterior de Washington, mientras que los funcionarios extranjeros involucrados podrían enfrentar la cancelación de visas y el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense.
La presión de esta legislación ya ha comenzado a dar resultados tangibles en la región. Gobiernos como los de Guatemala, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Honduras han iniciado un replanteamiento de sus relaciones con este esquema. Un caso destacado es el de Bahamas, que ha optado por pagar directamente a los profesionales de la salud, evitando así la transferencia de recursos a las autoridades de la isla.
Trata de personas y explotación bajo el amparo del Estado
Para el régimen de La Habana, la exportación de servicios médicos representa un negocio multimillonario, con ingresos estimados entre 4.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, la dictadura cubana retiene entre el 75% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores, dejando a los médicos con una fracción mínima de su compensación real. Esta práctica, sumada a la confiscación de pasaportes, restricciones de movimiento, vigilancia constante y amenazas a las familias en Cuba, ha llevado a Washington a clasificar estas misiones como posibles formas de trata de personas y trabajo forzoso desde 2020.
El colapso del sistema de salud en la isla y la aguda crisis económica han empujado a miles de profesionales a aceptar estas misiones como una vía de escape a la precariedad, aunque bajo condiciones que vulneran sus derechos laborales fundamentales. La aplicación efectiva de esta legislación internacional no solo representa un golpe a las finanzas del gobierno cubano, sino que expone la naturaleza explotadora de un modelo que trafica con el conocimiento de sus ciudadanos. En el horizonte, la pérdida de estos convenios podría acelerar el deterioro económico del país, aumentando la presión social y obligando a la comunidad internacional a exigir cambios democráticos que respeten la dignidad tanto de los médicos como del resto de la ciudadanía.
