El opositor cubano Diosbel Veliz Marín, miembro de varias organizaciones pro democracia, fue hallado sin vida en la madrugada del domingo en el municipio habanero de Boyeros. El activista, con más de dos décadas de militancia pacífica, presentaba heridas de arma blanca, en un contexto de alarmante deterioro de la seguridad pública en la isla y desvío de las fuerzas del orden hacia la represión política.
La denuncia fue formulada por José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quien detalló que la familia de Veliz Marín comunicó el deceso alrededor de las 4:00 a.m. El opositor habría perdido la vida tras recibir dos puñaladas durante la noche del sábado, siendo hallado su cuerpo frente al banco de Altahabana, en la capital del país.
Según relató Díaz Silva a través de redes sociales, Veliz Marín se desempeñaba como bicitaxista para asegurar su sustento diario en medio de la profunda crisis económica. Una de las hipótesis barajadas es que el activista fue víctima de un asalto tras trasladar a una mujer hasta el Hospital Nacional. Sin embargo, el dirigente opositor exigió que el móvil del crimen sea determinado mediante una investigación oficial, la cual hasta el momento no ha ofrecido resultados claros a la familia ni a la sociedad civil independiente.
\»Con profundo dolor, tristeza e indignación, denunciamos el asesinato de nuestro amigo, hermano, patriota y compañero de lucha\», expresó Díaz Silva. La pérdida de Veliz Marín representa un duro golpe para el activismo de base en la isla, que se desenvuelve en condiciones de extrema precariedad material, constante hostigamiento y criminalización por parte de los aparatos de seguridad del Estado.
Veliz Marín acumulaba más de dos décadas de trabajo ininterrumpido a favor de las libertades en Cuba. Desde el año 2002, participaba activamente en iniciativas orientadas a la liberación de presos políticos y la democratización del país. Su trayectoria incluía su rol como delegado del Movimiento Democracia (MD), su integración en la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y su labor como promotor de la iniciativa Cuba Decide, proyectos que sistemáticamente han sido estigmatizados por el régimen de La Habana.
\»Diosbel fue un hombre noble, trabajador, valiente y patriota\», afirmó Díaz Silva al lamentar la muerte de su compañero de lucha. La vida del opositor ilustra la realidad de cientos de activistas en la isla, quienes deben enfrentar no solo la persecución política, sino también las mismas carencias materiales que sufre el resto de la población, agravadas por el bloqueo interno que el sistema impone a quienes disienten.
Colapso de la seguridad pública y prioridad represiva del Estado
El asesinato del opositor trasciende la tragedia individual y se inserta en una preocupante espiral de violencia que azota a la nación. El Informe de Inseguridad Pública 2025, elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), documentó 2.833 reportes de delitos durante el año pasado. Esta cifra representa un incremento del 115,11 % respecto a 2024 y un alarmante 336,58 % en comparación con 2023. El registro incluye 1.536 robos, 184 asaltos, 94 agresiones y 152 homicidios.
El propio observatorio advierte que estas estadísticas constituyen un subregistro, producto de la opacidad informativa y la falta de datos integrales proporcionados por las autoridades de la isla. La ausencia de transparencia impide dimensionar con exactitud la gravedad de la crisis, pero el informe concluye de manera categórica que la criminalidad en Cuba crece en volumen, se extiende territorialmente y adquiere mayor letalidad y daño social.
El deterioro de la seguridad pública es una consecuencia directa del colapso económico y la debilidad institucional que padecen los cubanos. Mientras la inflación galopante, el desabastecimiento alimentario y los apagones prolongados empujan a amplios sectores de la población a la desesperación, el Ministerio del Interior (Minint) concentra la mayor parte de sus recursos operativos, logísticos y humanos en la represión contra la disidencia y el control ideológico.
Raíces estructurales de la violencia en la isla
La dictadura cubana ha priorizado históricamente la vigilancia política y la persecución de opositores sobre la prevención del delito común. Esta asimetría en el uso de la fuerza policial ha dejado a la ciudadanía común desprotegida frente a la delincuencia, generando un clima de impunidad que agrava la crisis de gobernabilidad. La falta de políticas públicas eficaces para enfrentar la violencia es un síntoma más del agotamiento del modelo impuesto por el ejecutivo cubano.
El contexto en el que ocurre la muerte de Veliz Marín está marcado por un éxodo migratorio sin precedentes, que ha vaciado al país de su fuerza laboral y ha desarticulado el tejido social. La sobrecarga de las estructuras estatales y la incapacidad para garantizar el monopolio de la seguridad ciudadana —fuera del ámbito del control político— evidencian la fractura del contrato social que el gobierno cubano reclama como legitimidad.
Organizaciones de derechos humanos y observatorios ciudadanos han alertado reiteradamente sobre esta dualidad: un aparato represivo altamente eficiente para sofocar protestas pacíficas, pero ineficaz para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos ante el avance de la criminalidad. Las redes sociales y los medios independientes se han convertido en el único canal para denunciar hechos violentos, ante la pasividad o el silencio cómplice de la prensa oficialista.
Implicaciones y exigencia de justicia
Aunque por el momento no existe información pública que confirme que el asesinato de Veliz Marín esté directamente vinculado a su labor opositora, su muerte expone la doble vulnerabilidad que enfrentan los activistas en Cuba. Son blanco habitual de la represión estatal y, simultáneamente, víctimas de la inseguridad generalizada que el régimen es incapaz de contener o no tiene interés en resolver.
Para la comunidad opositora y la familia del activista, la pérdida es irreparable. \»Hoy hemos perdido a un amigo, un hermano y un patriota que siempre estuvo dispuesto a dar el frente\», concluyó Díaz Silva, en un mensaje que resuena como un llamado a no olvidar el sacrificio de quienes persisten en la demanda de libertad en medio del abandono institucional.
El caso exige una respuesta contundente de la comunidad internacional y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos para presionar al gobierno cubano a esclarecer el crimen. La impunidad en casos de violencia, ya sea de origen común o motivada políticamente, solo profundiza el ciclo de deterioro social en la isla. La memoria de Diosbel Veliz Marín y de su entrega por una Cuba libre se erige como un testamento de la resistencia civil frente a un sistema que falla en su obligación más básica: proteger la vida de sus ciudadanos.
