Una periodista afín al oficialismo denunció la negativa de agentes de la estación policial de Zanja, en La Habana, a tramitar una denuncia tras presenciar una brutal agresión machista en su vecindario. El hecho expone la inoperancia de las autoridades de la isla y la grave ausencia de mecanismos legales para proteger a las mujeres en riesgo de muerte.
Según relató la comunicadora Claudia Rafaela Ortiz en sus redes sociales, un hombre golpeó repetidamente a su pareja en la vía pública frente a varios testigos. Cuando un vecino intentó mediar, resultó herido y posteriormente fue amenazado con un arma blanca por el agresor, quien además atacó con botellas de vidrio la vivienda de la periodista. Al acudir a la unidad policial, el oficial de guardia y el capitán de turno se negaron a admitir la queja, argumentando que solo la víctima directa podía presentar la denuncia, una práctica que la denunciante calificó de clara violación del Código Penal vigente.
La respuesta de las fuerzas del orden refleja una crisis institucional más profunda en el abordaje de la violencia de género en Cuba. Ante la gravedad de los hechos, Ortiz cuestionó la total ausencia de refugios estatales, protocolos de apoyo y, sobre todo, la falta de voluntad política del gobierno cubano para legislar en la materia. La periodista exigó la inmediata aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, cuestionando si en la isla \»hay que conseguir el derecho a la vida y la seguridad por la fuerza\» ante el estancamiento legislativo.
Inacción oficial y criminalización del activismo feminista
El incidente en La Habana no es un caso aislado, sino la consecuencia directa de la inexistencia de políticas públicas eficaces por parte del régimen de La Habana. Organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado más de 270 feminicidios desde 2019, con 55 casos verificados en 2024 y más de 30 en lo que va de 2025. Estas cifras se obtienen a pesar de la hostilidad del entorno, donde la dictadura cubana mantiene la criminalización del activismo feminista, restringe el acceso a fuentes institucionales y se niega a tipificar legalmente el feminicidio.
Mientras las autoridades de la isla maquillan la realidad utilizando eufemismos como \»asesinato por razones de género\» para evadir responsabilidades, la falta de estadísticas oficiales y la inacción policial siguen cobrando vidas. La negativa de la policía de Zanja para proteger a una mujer en riesgo evidente confirma que, sin una legislación específica y sin un cambio estructural en el aparato del Estado, la ciudadanía queda completamente desprotegida frente a la violencia machista. Esta omisión sistemática obliga a la comunidad internacional a mantener su escrutinio sobre los continuos abusos y vacíos legales que el poder en Cuba utiliza para evadir su responsabilidad con la vida y seguridad de las mujeres.
