Al menos 11 asesinatos, cuatro feminicidios y una quincena de robros con violencia documentados en seis provincias conforman el estremecedor saldo de un mes de profunda inseguridad ciudadana en Cuba. La radiografía de la criminalidad, construida a partir del monitoreo de medios independientes, plataformas de la sociedad civil y reportes ciudadanos, contrasta de forma abrupta con el hermetismo del régimen de La Habana, que se niega a publicar estadísticas oficiales sobre el tema y mantiene intacto su discurso oficial sobre una supuesta «tranquilidad» en las calles de la isla.
La provincia de Sancti Spíritus emergió como uno de los epicentros de la violencia letal. En una sola jornada, se registraron dos asesinatos en plena vía pública: uno frente a la Casa de la Música, derivado de una riña callejera, y otro en la céntrica calle Céspedes, donde un hombre acabó con la vida de su víctima a machetazos. A este panorama se sumó el caso de Eduardo González, quien fue atacado brutalmente con un machete por un individuo encapuchado que irrumpió en su vivienda. Tras varios días de agonía, González falleció en el hospital provincial, evidenciando no solo la ferocidad de los ataques, sino también las limitaciones del sistema de salud para responder a emergencias de esta magnitud.
La violencia letal no conoció límites geográficos ni demográficos. En Cabaiguán, el joven Yasiel Reyes perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta durante una disputa familiar vinculada a la propiedad de tierras y dinero, un síntoma de la creciente desesperación económica que fractura el tejido social. En Santiago de Cuba, un hombre identificado como «Cuquito» fue asesinado de una puñalada en el cuello durante una discusión callejera. La Habana, por su parte, registró el homicidio de Yordan Revé Abrahante en un altercado familiar, así como los hallazgos sin vida de Nieves Rosa Castrillo, laboratorista de 62 años encontrada en un estanque tras días de búsqueda, y Fredesvinda Zaida Pérez Poey, profesora jubilada de 86 años que sufrió un ataque mortal dentro de su propia casa.
Feminicidios: la violencia machista y la omisión del Estado
Uno de los capítulos más dolorosos y reveladores de la crisis institucional cubana es el de los feminicidios. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas confirmaron cuatro asesinatos de mujeres en contexto de violencia machista durante este periodo. Con estos casos, los observatorios elevan a 33 la cifra de feminicidios en lo que va de 2025, y superan los 300 casos documentados desde 2019 hasta la actualidad. Las organizaciones advierten que estas cifras son apenas un subregistro de una epidemia que la dictadura cubana se niega a reconocer, al negarse a tipificar el feminicidio en el Código Penal y al omitir políticas públicas de prevención eficaces.
La desprotección institucional quedó trágicamente expuesta en el caso de Yamila Zayas, de 35 años y residente en Matanzas. La mujer fue asesinada apenas un día después de haber acudido a la policía para denunciar a su agresor, sin que las autoridades de la isla tomaran medidas cautelares para resguardar su vida. Otro caso que conmocionó a la población fue el de Daily Acosta, joven madre de dos niñas, cuyo cuerpo fue hallado cerca del Parque Lenin en La Habana tras dos días de intensa búsqueda por parte de familiares y vecinos. En Jagüey Grande, Yarisleidis Reyes Alfonso fue asesinada por su expareja, un individuo con un amplio historial delictivo que circulaba impunemente. Además, el prófugo Arisbel Cabeza Reyes, autor de una masacre en Artemisa donde mató a un anciano y su hijo, también fue señalado de asesinar a su expareja, Mercedes Cantero Rodríguez, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición.
El colapso del orden público y el auge de la delincuencia común
De manera paralela a los homicidios, la delincuencia común y el saqueo han escalado a niveles sin precedentes, directamente vinculados a la escasez crónica de recursos. En La Habana, en medio de la profunda crisis energética que paraliza al país, se reportó el robo de cientos de litros de diésel en la terminal de ómnibus de San Agustín. La violencia contra el patrimonio y las personas también alcanzó a un custodio del Castillo de la Punta, quien resultó gravemente herido tras un asalto en la madrugada. La fe no fue indiferente: la Ermita del Potosí en Guanabacoa sufrió su séptimo saqueo en los últimos años, perdiendo objetos religiosos de valor incalculable, mientras que en San Miguel del Padrón las cámaras de seguridad captaron a delincuentes intentando robar la cerca metálica de una vivienda.
La impunidad y la desesperación han llevado a modalidades delictivas que reflejan el grado de degradación social. En la capital, un grupo de ladrones sustrajo objetos de una vivienda y secuestró a una mascota, exigiendo rescate en divisas para su devolución. En Matanzas, una bodega cercana al hospital pediátrico fue saqueada, atentando contra el ya mermado acceso a alimentos de la población. El robo de ganado, un delito histórico en zonas rurales, continúa sin freno: en Sancti Spíritus, un recluso en pase penitenciario fue sorprendido sacrificando un caballo, mientras que en Songo-La Maya, Santiago de Cuba, vecinos tuvieron que reducir a un joven que intentaba robar una vaca, asumiendo el rol que debería corresponder a la policía.
Contexto Sistémico: La crisis estructural como caldo de cultivo
El deterioro acelerado de la seguridad ciudadana no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural que atraviesa la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la casi nula generación de oportunidades laborales dignas han empujado a amplios sectores de la población a la marginalidad. A esto se suma un éxodo migratorio masivo que ha vaciado a Cuba de su fuerza laboral joven, dejando tras de sí a una población envejecida y altamente vulnerable, presa fácil de la delincuencia y la violencia intrafamiliar. El gobierno cubano ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es el bienestar de la ciudadanía, sino el mantenimiento del control político a través del aparato represivo.
Mientras la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) despliega una enorme eficiencia para reprimir manifestaciones pacíficas, perseguir opositores políticos o acorralar a ciudadanos que intentan sobrevivir mediante el comercio informal, su capacidad para prevenir la delincuencia común es prácticamente nula. La actuación policial es casi siempre a posteriori, cuando la tragedia ya es irreversible. Este abandono, sumado a la lentitud procesal y a la emitencia de penas excesivamente leves para delitos graves, ha generado una profunda desconfianza en las instituciones. Como resultado, la ciudadanía se ve obligada a tomar la justicia por su propia mano, reduciendo y exponiendo a los delincuentes en plena calle, lo que amenaza con desencadenar un ciclo de violencia incontrolable.
Antecedentes y la impunidad como constante
Históricamente, el Estado cubano se jactó internacionalmente de mantener bajos índices de criminalidad, un logro que se sustentaba más en un estricto control policial y social que en un desarrollo socioeconómico real. Sin embargo, el endurecimiento de la crisis tras la pandemia y la ineficacia de las medidas económicas del ejecutivo cubano han desmoronado esta fachada. Un caso que ilustra el desafío a la autoridad estatal fue el asesinato del capitán de la PNR Leonel Mesa Rodríguez en Caibarién, Villa Clara, hallado muerto con impactos de bala y heridas de arma blanca. El sospechoso fue capturado portando el arma reglamentaria del oficial, un hecho inusual que envía un mensaje claro sobre el nivel de desafío y violencia al que se enfrentan las propias fuerzas del orden en un país donde el monopolio de la fuerza del Estado parece estar erosionándose frente al hambre y la desesperación.
El silencio estadístico del régimen es una herramienta de control narrativo. Al no publicar datos sobre criminalidad, las autoridades intentan evadir la responsabilidad política sobre el deterioro social. No obstante, los hechos son incontrovertibles: desde el robo de televisores en una escuela primaria en Sancti Spíritus, pasando por el desmantelamiento de motos en Santiago de Cuba, hasta el robo de triciclos eléctricos en Pinar del Río —un medio de transporte vital dado el colapso del transporte público—, la delincuencia se ha insertado en cada resquicio de la vida cotidiana.
Consecuencias y panorama a futuro
El saldo de este mes sangriento es un termómetro de la urgencia humanitaria y de seguridad que sufre Cuba. La población se encuentra atrapada entre la represión política de la dictadura y la violencia delictiva que surge del abandono institucional. Si las autoridades de la isla no adoptan reformas estructurales profundas —lo cual es altamente improbable dado su intransigencia ideológica—, es previsible que la criminalidad siga en ascenso, la justicia por mano propia se normalice y la fuga de capitales humanos continúe en busca de refugio en otras naciones.
Para la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, estos hechos subrayan la necesidad de monitorear no solo las violaciones políticas en Cuba, sino también el deterioro de los derechos económicos y sociales que derivan en un ambiente de inseguridad generalizada. El discurso oficial de la «tranquilidad ciudadana» ha quedado definitivamente desmanturado por la realidad de las calles. Mientras el Estado no rinda cuentas, no tipifique el feminicidio y no ofrezca garantías reales de seguridad, los cubanos seguirán pagando con sus vidas el costo de un sistema que ha fracasado en su obligación más básica: proteger a su pueblo.
