Ante la profundización de la crisis alimentaria que asola a la isla, el gobierno cubano ha modificado sus regulaciones sobre mecanización, riego y drenaje agrícola mediante el Decreto-Ley 125/2026, una medida que amplía marginalmente la participación de actores privados en servicios del sector. La normativa llega en un momento en que la producción de alimentos atraviesa una de sus peores crisis en décadas, marcada por el desabastecimiento crónico y la incapacidad estatal para garantizar la cantera básica a la población.
Publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria, la nueva disposición modifica 21 artículos del Decreto-Ley 2 de 2019. Entre los cambios más destacados se reconoce formalmente como equipos agropecuarios a los motocultores, motoazadas y minitractores de hasta 20 caballos de fuerza. Esta actualización técnica permite a pequeños productores integrar herramientas que durante años operaron en un limbo legal, aunque siempre bajo la sombra de la estricta burocracia estatal.
El nuevo marco normativo faculta a personas naturales y jurídicas para prestar servicios de maquinaria, riego y drenaje a entidades estatales, no estatales y productores individuales. Asimismo, autoriza a los actores no estatales propietarios de tractores, cosechadoras y otra maquinaria especializada a organizar estructuras destinadas a brindar estos servicios a terceros. Se trata de un reconocimiento tardío a una práctica que ya existía de manera informal en el campo cubano, donde el Estado ha sido históricamente incapaz de mantener su propio parque tecnológico.
A pesar de estas concesiones, el ejecutivo cubano mantiene férreos mecanismos de control. La compra de equipos agrícolas por parte de productores sigue sujeta a las disposiciones administrativas que establezca el Ministerio de la Agricultura (MINAG). Además, el Decreto-Ley impone el registro obligatorio de tractores y cosechadoras autopropulsadas en las dependencias municipales, asegurando que el Estado conserve la supervisión total sobre el parque de maquinaria de la isla.
En cuanto a las inversiones de formas de gestión no estatal, la normativa elimina la obligatoriedad de algunas pruebas estatales y validaciones técnicas, pero impone como requisito indisputable un dictamen del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. Estas trabas burocráticas evidencian la reticencia del régimen de La Habana a ceder el control real de las fuerzas productivas, limitando de antemano la eficiencia y la agilidad de las medidas anunciadas.
Estas modificaciones se insertan en un paquete más amplio de 176 transformaciones que el gobierno cubano presenta como un esfuerzo para \»dinamizar\» la economía. Dentro de este plan destaca la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, que amplía la entrega de terrenos estatales ociosos en usufructo a personas naturales, empresas y mipymes. La ley también permite operaciones limitadas de compraventa, permuta o donación de tierras por parte de campesinos propietarios.
Sin embargo, la esencia del modelo centralizado permanece intacta: el Estado mantiene la propiedad absoluta de los terrenos entregados en usufructo, conserva facultades omnímodas para controlar su uso y continúa siendo el principal monopolista y regulador del sector agropecuario. La dictadura cubana cede espacios de gestión operativa, pero se reserva el dominio sobre el recurso más fundamental: la tierra.
Antecedentes de un sector en ruinas
Para comprender el alcance limitado de estas medidas, es necesario remontarse a las décadas de políticas fracasadas en el sector agrícola. El sistema de acopio estatal, diseñado para monopolizar la compra y distribución de los alimentos, ha sido el principal obstáculo para el desarrollo del campo. Los productores han sufrido el abandono de la infraestructura estatal, precios impuestos artificialmente por debajo de los costos de producción y la ineficiencia logística que provoca el desperdicio de toneladas de alimentos.
Durante el mandato de Raúl Castro, se implementaron reformas como el Decreto-Ley 259 de 2008, que entregó tierras ociosas en usufructo a decenas de miles de cubanos. Sin embargo, aquellas políticas fracasaron estrepitosamente porque no fueron acompañadas de un mercado libre de insumos, ni de la eliminación del monopolio estatal sobre la comercialización. Los nuevos productores se encontraron con la misma falta de herramientas, combustible y fertilizantes, obligándolos a abandonar las tierras o a sobrevivir a través de la economía sumergida.
La promesa de soberanía alimentaria se ha convertido en una quimera recurrente en los discursos oficiales. La isla, que antes de 1959 era uno de los principales exportadores de azúcar, café y tabaco del mundo, hoy depende en gran medida de las importaciones y de donaciones internacionales para evitar una hambruna generalizada. El saqueo sistemático de los recursos agrícolas y la colectivización forzada de la tierra demostraron la inviabilidad del modelo agrario impuesto por el régimen.
Contexto: Crisis estructural y asfixia económica
La flexibilización legal llega en medio de una profunda contracción productiva que asfixia a la población. El campo cubano sufre la escasez aguda de combustible, maquinaria, piezas de repuesto, financiamiento e insumos básicos. La crisis energética que paraliza al país impide el uso de sistemas de riego y el transporte de los alimentos desde las zonas rurales hacia los centros de consumo, provocando que gran parte de las cosechas se pudran en los campos o en los almacenes estatales.
A esto se suma un contexto macroeconómico desastroso, caracterizado por una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los cubanos. La devaluación del salario real hace que el trabajo agrícola sea poco atractivo, exacerbando el éxodo migratorio masivo. Los campos se vacían de fuerza laboral joven, quedando en manos de una población envejecida que carece de la fuerza física o el capital para emprender las inversiones que las nuevas leyes permiten teóricamente.
El gobierno cubano suele atribuir el colapso del sector a las sanciones económicas de Estados Unidos, pero la realidad interna demuestra que el desastre responde a la mala gestión, la corrupción institucionalizada y la negativa a implementar reformas estructurales reales. El control de los precios, la imposibilidad de importar libremente insumos y la falta de seguridad jurídica son barreras que el régimen ha erigido y se niega a derribar por completo.
Consecuencias y panorama a futuro
Aunque las nuevas normas conceden un mayor margen de actuación a productores privados y cooperativas, su impacto real dependerá de que estos puedan acceder a los recursos necesarios para producir. Los cambios legales por sí solos no solucionan la falta de liquidez, la inexistencia de un mercado mayorista de insumos funcional y el ahogo financiero del país. Mientras las autoridades de la isla mantengan su control monopólico sobre las importaciones y el crédito, la iniciativa privada estará condenada al estancamiento.
En definitiva, el Decreto-Ley 125/2026 parece ser más una maniobra de supervivencia del régimen que una verdadera apertura económica. Ante la incapacidad manifiesta del Estado para alimentar a la población, se traslada la responsabilidad al sector privado, pero sin otorgar las libertades y garantías necesarias para que este pueda prosperar. El futuro de la agricultura cubana, y por ende de la seguridad alimentaria de la isla, seguirá secuestrado por las contradicciones de un sistema que prioriza el control político sobre el bienestar y el desarrollo económico de la nación.
