La crisis estructural y el masivo éxodo migratorio han dejado a miles de adultos mayores en Cuba en una situación de extrema vulnerabilidad. Con sus familias en el extranjero, muchos ancianos se ven obligados a ceder espacios de sus hogares a terceros para recibir asistencia, enfrentando abusos patrimoniales y psicológicos ante la total pasividad de las autoridades de la isla.
El caso de Antonio, un habanero de avanzada edad que conserva sus facultades físicas y mentales, ilustra la profunda crisis de asistencia social en el país. Tras la emigración o fallecimiento de sus familiares, Antonio recurrió a una familia del oriente de la isla para que lo acompañara y atendiera, legalizando su permanencia en su vivienda. Sin embargo, lo que comenzó como una solución de cuidado se ha convertido en un calvario. En los últimos meses, el anciano ha reportado la desaparición sistemática de objetos personales y remesas enviadas desde el exterior, frente a respuestas evasivas de sus cuidadores, quienes sugieren un deterioro cognitivo inexistente para desestimar sus reclamos.
Ante la incertidumbre y el miedo a no poder defenderse en el futuro, Antonio ha acudido a especialistas en psiquiatría y geriatría del sistema de salud pública para certificar su estado cognitivo. Su mayor temor radica en la indefensión legal: la familia que lo asiste ya no posee vivienda en su lugar de origen y la legislación vigente parece blindar la posición de quienes ocupan el inmueble. El Estado, por su parte, no ofrece alternativas de protección institucional efectivas, dejando al anciano atrapado entre la gratitud por los cuidados básicos recibidos y la sospecha fundada del abuso de confianza.
El colapso de la red de asistencia social
Esta realidad no es un caso aislado, sino el resultado directo del colapso de los servicios públicos y la crisis económica que sufre la isla. La falta de respuestas por parte del régimen de La Habana se evidenció desde que Antonio intentó obtener ayuda estatal para su madre, aquejada de demencia senil, mientras él trabajaba. Los trabajadores sociales nunca llegaron a tiempo y la pensión otorgada tras su fallecimiento fue de apenas 162 pesos, una cifra irrisoria frente a la inflación galopante. Esta ausencia de amparo institucional obliga a miles de ancianos a depender de acuerdos privados que, en la práctica, los exponen a la explotación.
En una nación con una de las poblaciones más envejecidas de América Latina, la dictadura cubana ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos de la tercera edad. El abandono estatal, sumado a la fractura del tejido social provocada por el exilio masivo, condena a los adultos mayores a un escenario de desamparo donde la vulneración de sus derechos y patrimonio queda en la impunidad. Mientras el gobierno cubano mantenga sus políticas fallidas y silencie las demandas sociales, historias como la de Antonio seguirán multiplicándose, evidenciando la profunda crisis humanitaria que se gesta en el interior de los hogares de la isla.
