Las autoridades de la isla han concentrado en apenas 48 horas la publicación de un voluminoso conjunto de decretos y resoluciones que alteran las reglas del juego para el sector privado, las empresas estatales y la inversión extranjera. Aunque las medidas eliminan ciertas restricciones burocráticas, como el límite de empleados para las pymes o la intermediación estatal en la contratación de capital foráneo, el ejecutivo cubano mantiene intacta su facultad para autorizar, vigilar y condicionar cualquier actividad económica en un contexto de profunda crisis sistémica.
En un esfuerzo aparente por reanimar una economía en colapso, el gobierno cubano ha introducido modificaciones sustanciales a través de la Gaceta Oficial Ordinaria No. 71 y No. 73. Estos documentos, publicados de manera consecutiva, reúnen una serie de decretos-leyes emitidos por el Consejo de Estado y resoluciones de diversos organismos que tocan áreas neurálgicas del funcionamiento empresarial del país. La estrategia oficial parece apuntar hacia una reorganización forzosa del modelo económico, intentando inyectar oxígeno a un sistema asfixiado por su propia ineficiencia y la falta de liquidez.
Uno de los cambios más destacados del Decreto-Ley 133/2026 es la eliminación práctica del límite que restringía el tamaño de las empresas privadas a un máximo de 100 trabajadores. Hasta ahora, esta barrera limitaba el crecimiento de las medianas empresas, obligándolas a operar bajo el rótulo de microempresas o cuentapropismo. Además, la nueva normativa permite que los cubanos residentes en el exterior participen como socios en negocios privados dentro de la Isla, e incluso que ejerzan actividades por cuenta propia que no requieran su presencia física permanente, abriendo una puerta hasta hace poco vetada para la diáspora.
Las disposiciones también conceden a las empresas privadas la facultad de realizar operaciones de importación y exportación de manera directa, así como de asociarse con capital extranjero. Sin embargo, el régimen de La Habana no ha renunciado a su rol tutelar: cualquier operación comercial exterior requerirá de la autorización previa del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). De igual forma, se faculta a estos actores económicos para gestionar cuentas bancarias, determinar sus plantillas y fijar los ingresos de sus trabajadores, aunque siempre \»dentro de las regulaciones vigentes\», un término amplio que suele servir para justificar la injerencia estatal cuando conviene. La creación y reorganización de estos negocios seguirá dependiendo de la aprobación de las direcciones municipales de Desarrollo a través de la Plataforma de Actores Económicos.
Paralelamente, el Decreto-Ley 120/2026 se enfoca en el Sistema Empresarial Estatal Cubano, un sector históricamente ineficiente y deficitario que drena los escasos recursos del país. La norma pretende reorganizar la estructura financiera y el objeto social de estas entidades, ampliando supuestos márgenes de autonomía. No obstante, el texto deja claro que las empresas estatales mantendrán su subordinación a las estructuras gubernamentales, lo que sugiere que la reforma busca maquillar la ineficiencia estatal más que desmantelar el monopolio del Estado sobre los recursos productivos.
Flexibilización controlada para la inversión extranjera y el turismo
La Gaceta Oficial Ordinaria No. 73 agrupó otras nueve disposiciones centradas en la inversión foránea, el comercio exterior y el turismo. El Decreto-Ley 128/2026 modifica la Ley de la Inversión Extranjera y elimina la obligación de que las empresas con capital extranjero contraten a sus trabajadores cubanos exclusivamente a través de agencias empleadoras estatales. Esta medida, largamente demandada por los inversores, permite relaciones laborales directas, ahorrando a las empresas la comisión que el Estado retenía, aunque las nuevas disposiciones fiscales y laborales mantienen un estricto marco de control por parte del ejecutivo cubano.
Otra concesión significativa es la autorización para que empresas mixtas e inversionistas nacionales abran cuentas bancarias en el extranjero sin solicitar permiso previo al Banco Central de Cuba. Aunque se exige la notificación posterior y el cumplimiento de obligaciones informativas, este paso refleja la urgencia del régimen por captar divisas frescas y facilitar las operaciones en un sistema bancario interno colapsado y desconfiable. En el ámbito turístico, tres resoluciones abren espacios para actores no estatales en agencias de viajes, transporte y guía turístico, áreas hasta ahora monopolizadas por el Estado, aunque imponiendo un impuesto del 25 % sobre utilidades para proyectos de ecoturismo y turismo especializado.
Contexto: Medidas de supervivencia ante el colapso sistémico
Este aluvión de normas no puede analizarse de forma aislada del profundo colapso estructural que sufre la isla. La inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de productos básicos, la fragmentación monetaria y el colapso de los servicios públicos como la electricidad y el sistema de salud han empujado a cientos de miles de cubanos a la emigración masiva. La dictadura cubana, consciente de que la insatisfacción social puede derivar en protestas, ha optado por relajar ciertas cadenas económicas para intentar contener el descontento, sin ceder un milímetro en el control político ni en la represión contra quienes disienten.
Cabe recordar que estas medidas llegan tras el fallido experimento de la \»Tarea Ordenamiento\» en 2021, que hiperinfló la economía, y la posterior y tardía apertura a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Si bien la creación de las mipymes dinamizó ciertos sectores, su operatividad ha estado lastrada por la imposibilidad de importar libremente, la falta de un mercado cambiario real y la constante censura a la que se enfrentan los empresarios que critican las trabas del sistema. Las nuevas normas intentan subsanar algunos de estos obstáculos, pero nacen con el estigma de la desconfianza institucional.
El paquete normativo de septiembre se suma a una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de julio, que incluyen nuevas legislaciones sobre tierras agropecuarias, vivienda, organización de la Administración Central del Estado y un nuevo Código de Trabajo. Esta sucesión legislativa evidencia un intento desesperado del gobierno cubano por reajustar simultáneamente varias piezas de un modelo que ha demostrado ser inviable. Sin embargo, la historia reciente demuestra que en Cuba las leyes suelen ser letra muerta si no van acompañadas de recursos materiales y de una verdadera voluntad de liberalización.
En definitiva, el régimen de La Habana camina por una cuerda floja: necesita al sector privado y a la inversión extranjera para evitar el colapso total y la pérdida de ingresos en divisas, pero teme que un sector económico independiente erosione su hegemonía absoluta. Por ello, el Estado conserva la capacidad de autorizar actividades, establecer los sectores permitidos, controlar las operaciones bancarias y definir las condiciones de funcionamiento. La comunidad internacional y los actores económicos deberán observar con cautela si estas flexibilizaciones se traducen en un cambio real o si, por el contrario, serán ahogadas por la burocracia y la arbitrariedad que caracterizan al sistema impuesto por la dictadura.
