La Habana.- La destitución de Marta Elena Feitó como Ministra de Trabajo y Seguridad Social se produjo en medio de una convergencia de crisis que amenazan con desbordar la ya frágil gobernabilidad de la isla. Mientras los apagones prolongados mantienen a la población en la incertidumbre cotidiana, el régimen de La Habana ha ejecutado lo que analistas y observadores consideran una maniobra de distracción clásica: sacrificar a una figura de segundo nivel para desviar la atención de los problemas estructurales que aquejan al país.
La salida de Feitó no fue una sorpresa para quienes siguen la dinámica del poder en Cuba. Horas antes de la comunicación oficial, circularon versiones sobre su inminente cese, motivado por sus declaraciones en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde utilizó los términos «vulnerables» y «deambulantes» para referirse a personas en situación de pobreza extrema, evitando reconocer abiertamente la existencia de mendigos y desamparados en el país. El lenguaje empleado, percibido como altanero y desconectado de la realidad que viven millones de cubanos, desató un rechazo que las autoridades dejaron crecer deliberadamente antes de proceder a su remoción.
Sin embargo, la rapidez con la que el oficialismo en redes sociales se hizo eco del repudio y la celeridad de la destitución levantan interrogantes sobre la naturaleza real de esta decisión. En el pasado, figuras de mayor o igual jerarquía han protagonizado episodios igualmente ofensivos sin consecuencia alguna. La espontaneidad con la que se procesó esta «renuncia» sugiere menos una respuesta a la presión popular y más una operación orquestada de control de daños en un momento de particular vulnerabilidad política para el ejecutivo cubano.
Una crisis que no cede: el telón de fondo de la destitución
El cese de Feitó se produce en un escenario marcado por al menos tres crisis simultáneas de considerable potencial desestabilizador. La primera es el escándalo de ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, donde las denuncias de engaño, discriminación tarifaria e impunidad de los responsables —incluida la Ministra de Comunicaciones— han generado un nivel de indignación difícil de contener. La segunda es la denominada «contingencia energética», que no es más que el nombre burocrático para un colapso del sistema eléctrico que evidencia la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio básico. La tercera es la creciente denuncia sobre el impacto de la industria de extracción de níquel en la salud de los pobladores de Moa, un caso que podría replicarse en otras regiones donde las normativas ambientales son letra muerta.
El caso de Moa reviste una gravedad particular. Si las denuncias continúan escalando más allá de los espacios de la prensa independiente y de la atención de activistas y pequeños grupos ecologistas, podría repercutir desfavorablemente en programas de cooperación internacional y de gobiernos —fundamentalmente europeos— que aportan capital a instituciones del régimen bajo el pretexto del cuidado y preservación del medio ambiente. La posibilidad de que estos fondos estén siendo desviados o utilizados de manera fraudulenta añade una dimensión de riesgo diplomático y financiero que las autoridades no pueden ignorar.
A estas tres crisis se suman otras de larga data: el deterioro del negocio de comercialización de las brigadas médicas internacionales, la generalización del hambre, el colapso del sistema de salud pública, la dolarización de facto sin acceso generalizado a divisas, y el cierre progresivo de las rutas migratorias que funcionaban como válvula de escape para la presión social acumulada. La conjunción de todos estos factores configura un panorama que, de continuar agravándose, podría derivar en una situación extrema de ingobernabilidad.
La Asamblea Nacional como espejo del fracaso
La destitución de Feitó ha cumplido también una función adicional: silenciar o minimizar el impacto de los indicadores negativos que se ventilan en la Asamblea Nacional. Los informes presentados por los distintos ministerios han arrojado cifras desalentadoras, y la noticia de que el déficit en la generación de electricidad —como los demás déficits de la economía cubana— podría no tener solución ni a corto ni mediano plazo configura un cuadro de desesperanza que el régimen prefiere mantener fuera del foco público.
El episodio ha ofrecido además a Miguel Díaz-Canel una oportunidad de transferir parte de su enorme impopularidad a la funcionaria defenestrada. La operación busca generar una percepción, fugaz pero efectiva, de un gobernante que escucha incluso a sus críticos y que no duda en actuar contra los suyos cuando la «voluntad popular» lo exige. Es una imagen construida para el consumo interno de las filas oficialistas y para la galería internacional, pero que no resiste un análisis mínimamente riguroso de la forma en que el poder se ejerce en Cuba.
Antecedentes de impunidad y lenguaje despectivo
Lo dicho por Marta Elena Feitó en la Asamblea Nacional, por ofensivo que resulte, no es más que una versión adicional de un discurso que los cubanos han escuchado durante más de seis décadas. Desde los tiempos de Fidel Castro, la negación de la pobreza ha sido una constante del relato oficial. El propio Castro empleó términos iguales o peores para negar la existencia de mendigos y desamparados en las calles, en un momento en que el proyecto revolucionario intentaba venderse al mundo como un modelo de humanismo.
Los precedentes de figuras que han cometido errores similares sin consecuencia abundan. Ricardo Alarcón, en su momento presidente de la Asamblea Nacional, hizo declaraciones absurdas sobre las prohibiciones de viaje sin que ello le costara el cargo. Más recientemente, el propio Díaz-Canel empleó el término «mal nacidos por error» para justificar la violencia contra quienes se oponen al régimen, sin que mediara rectificación alguna ni sanción disciplinaria.
Incluso escándalos de mayor gravedad, como el protagonizado por Alejandro Gil Fernández, Ministro de Economía y Planificación, cuya gestión ha estado marcada por acusaciones de corrupción y por el empobrecimiento sistemático de la población, no han generado consecuencia institucional alguna. Gil Fernández continúa en su cargo mientras el discurso oficial atribuye todos los males al «bloqueo» estadounidense, un argumento que cada vez convence menos a una población que experimenta en carne propia las consecuencias de la ineptitud, el nepotismo y la indolencia gubernamentales.
Contexto: la crisis estructural de la isla
La destitución de Feitó no puede entenderse fuera del contexto de la crisis estructural que atraviesa Cuba. El llamado «Ordenamiento Monetario» de 2021, que pretendía unificar el sistema dual de moneda, resultó en un empobrecimiento profundo y generalizado sin precedentes en la historia reciente del país. La inflación se ha disparado a niveles que hacen inaccesibles los productos básicos para la mayoría de la población, y el salario medio estatal no cubre ni una fracción de la canasta básica de alimentos.
El éxodo migratorio, que alcanzó cifras récord en los últimos años con más de 500.000 cubanos saliendo del país hacia Estados Unidos y otras naciones, ha funcionado como una válvula de presión que el régimen ha tolerado e incluso promovido. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias en países de destino y el agotamiento de las rutas tradicionales están cerrando esa salida, lo que aumenta la presión interna en una sociedad que ya no tiene margen de maniobra.
El sistema de salud, otrora presentado como uno de los logros fundamentales del proceso revolucionario, se encuentra en un estado de deterioro alarmante. La falta de medicamentos, el colapso de los hospitales, la migración masiva de profesionales médicos y la reaparición de enfermedades erradicadas configuran un cuadro que contradice frontalmente el discurso oficial. A esto se suma la represión sistemática contra cualquier forma de disidencia, con un aparato de seguridad del Estado que ha incrementado su actividad frente a la posibilidad de un nuevo estallido social como el del 11 de julio de 2021.
El mecanismo de la distracción
En política, la destitución de altos funcionarios responde casi siempre a una de dos lógicas: control de daños o distracción de la opinión pública. En el caso cubano, ambas operan simultáneamente, pero con una particularidad: la necesidad de estas operaciones se ha vuelto constante e imprescindible para un régimen que carece de los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y renovación de cuadros. La falta de control institucional hace que cada crisis se gestione de manera reactiva y no preventiva, y que la solución pase siempre por el sacrificio de una figura menor en lugar de por la reforma de las políticas que generan la crisis.
El régimen de La Habana ofrece cabezas con plena conciencia de que ninguna de ellas, ni siquiera todas juntas, constituyen el cuerpo que debería ser transformado para alcanzar una solución real. La destitución de Feitó no altera las políticas laborales, no resuelve el colapso del sistema de seguridad social, no aborda la precariedad del empleo ni la informalidad masiva. Es un gesto simbólico destinado a calmar temporalmente la indignación y a ganar tiempo, ese recurso del que el régimen cada vez dispone menos.
El verdadero problema que la destitución de Feitó deja intacto es el funcionamiento del mecanismo que perpetúa al régimen en el poder: un sistema sin separación de poderes, sin prensa libre, sin elecciones competitivas, sin control ciudadano sobre la gestión pública y sin canales institucionales para la denuncia y la exigencia de responsabilidades. Mientras ese mecanismo permanezca intacto, las crisis continuarán multiplicándose y las destituciones seguirán siendo lo que son: un acto de circo que no cambia la naturaleza del espectáculo.
Implicaciones a futuro
La salida de Feitó no resolverá ninguna de las crisis que la rodean. Los apagones continuarán mientras el sistema eléctrico no reciba las inversiones que requiere y mientras la infraestructura envejecida no sea renovada. El escándalo de ETECSA seguirá generando indignación mientras no haya transparencia sobre las decisiones tarifarias y mientras los responsables no rindan cuentas. Las denuncias sobre Moa y otras zonas industriales seguirán escalando mientras no exista una política ambiental seria y verificable.
La comunidad internacional, particularmente los gobiernos europeos que mantienen programas de cooperación con Cuba, deberían prestar atención a la convergencia de estas crisis y a la forma en que el régimen las gestiona. La destitución de una ministra no es un signo de apertura ni de renovación democrática; es un síntoma de un sistema que se descompone y que recurre a maniobras de distracción cada vez más frecuentes y menos convincentes. La pregunta que queda flotando es cuántas cabezas más podrán ofrecerse antes de que el cuerpo entero del sistema sea el que entre en cuestión.
