Las autoridades de la isla han desatado una severa ofensiva de inspecciones, multas y ventas forzosas contra el sector privado en la ciudad de Santa Clara, provocando la desaparición de los productos básicos de los estantes y empujando a la comercialización a la clandestinidad. La medida, impulsada por el régimen de La Habana bajo el pretexto de frenar la \»especulación\», ha dejado a los residentes sin opciones de abastecimiento, evidenciando el fracaso del modelo económico centralizado y la creciente arbitrariedad del control estatal.
En el reparto Condado, tradicionalmente uno de los enclaves más dinámicos para el comercio informal y privado de la ciudad, el panorama ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. La imposición de topes de precios y la persecución a los pequeños negocios han llevado a los comerciantes a ocultar sus mercancías. Un ejemplo de esta nueva realidad se observa en un kiosko local, donde un envase de aceite —vendido a 4.000 pesos— es exhibido con un cartel que reza \»vino seco\». La dependienta solo ofrece el producto a clientes de confianza, exigiendo que lo transporten en bolsas opacas para evitar la vigilancia de los inspectores estatales y la delación de transeúntes.
El miedo a las sanciones se ha instaurado en el sector tras los recientes operativos del gobierno cubano. Según relatan trabajadores del área, la advertencia entre colegas se ha vuelto casi imposible debido al colapso de las telecomunicaciones y la mala conexión a internet. Hace pocos días, un negocio cercano fue obligado a vender pollo y huevos a precios irrisorios —\»a precio de gallina enferma\», según la vox populi— después de que un cliente publicara \»por descuido\» una imagen de la oferta en un grupo de redes sociales. La respuesta institucional fue inmediata y punitiva, obligando al comerciante a deshacerse de su inventario a pérdida.
El laberinto de las regulaciones estatales
La actual crisis de abastecimiento en el sector privado tiene su origen en una serie de medidas contradictorias emanadas del ejecutivo cubano. Tras la entrada en vigor de la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que eliminó en junio los topes minoristas nacionales para seis productos de primera necesidad —incluidos el aceite, la leche en polvo y las salchichas—, los precios se ajustaron a la realidad inflacionaria de la calle. Sin embargo, la libre oferta duró apenas unas semanas. Ante la incapacidad del Estado para ofrecer alternativas a precios asequibles, los gobiernos provinciales lanzaron una ofensiva contra los negocios que comercializaban estas mercancías a lo que las autoridades catalogaron como \»precios abusivos\».
En el caso específico de Villa Clara, el Acuerdo 127 del Consejo Provincial del Poder Popular estableció un margen comercial máximo del 30%. El cálculo del valor comercial fue determinado de manera unilateral por las autoridades, basándose en supuestos gastos de transportación y \»intercambios con determinados actores económicos\», sin contemplar los costos reales que asume el sector privado en una economía dolarizada y con altísima inflación. Aunque la medida contemplaba inicialmente cinco productos, la represión se ha extendido a comerciantes que venden pollo, arroz o detergente en polvo, artículos que no están incluidos en el acuerdo pero que han sido objeto de decomisos y multas arbitrarias.
Una ofensiva que deja estantes vacíos
El resultado de esta política de \»mano dura\» es la desolación comercial. En los más de 10 puestos de venta del reparto Condado, las cartillas de ofertas están prácticamente vacías: ni azúcar, ni pollo, ni aceite, ni salchichas. En otros barrios de Santa Clara, los vendedores han colocado carteles indicando que no disponen de la mercancía para evitar las \»malas vistas\» de los inspectores. Según publicaciones en el perfil oficial de Facebook de la entidad inspectora, se han aplicado más de un centenar de sanciones, cierres de locales y miles de pesos en multas en municipios como Camajuaní, Encrucijada, Manicaragua y Remedios.
En la zona centro de la ciudad, cerca del parque Vidal, los reportes de operativos arrojan más de una veintena de multas que suman 184.000 pesos. Hany de la Caridad González, dependiente de un negocio en la zona, explica que su jefa prefiere \»perder ganancias antes que le cierren definitivamente el local\». En su establecimiento solo quedan sopas instantáneas, confituras y sazones en polvo. La situación ha generado un clima de terror administrativo; en otro local cercano impusieron una fuerte multa por negarse a aceptar una transferencia bancaria, tras una llamada de denuncia de un ciudadano.
El chivaterismo institucionalizado y la corrupción
Para hacer efectiva su red de control, la dictadura cubana ha apelado a la delación ciudadana. Desde el perfil \»Inspección Villa Clara\», las autoridades han instado a la población a denunciar a los negocios que incumplan los precios o se nieguen a usar pasarelas de pago electrónico, utilizando lemas como \»Tu denuncia es poder\». Sin embargo, esta política ha generado un submundo de extorsión. Trabajadores del sector denuncian que grupos de personas se dedican a alertar a los inspectores para luego acudir a las ventas forzosas, comprar los productos a precios bajos y revenderlos en el mercado negro a través de grupos de WhatsApp.
La corrupción también ha permeado el cuerpo de inspectores. A principios de septiembre, el perfil \»Soy Villa Clara\» informó que dos inspectoras municipales en Cifuentes fueron separadas de sus cargos tras comprobarse \»violaciones graves en el ejercicio de sus funciones\». Las funcionarias aplicaban multas de baja cuantía para luego recibir productos del inspeccionado sin pagar. Este caso, expuesto por el propio gobierno provincial, evidencia la podredumbre de un sistema que otorga poder discrecional a funcionarios de bajo nivel sobre la economía de subsistencia de los ciudadanos.
Contexto: El colapso estructural de la economía cubana
La crisis en Santa Clara no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más reciente del colapso estructural que sufre la isla. La inflación descontrolada, producto de la emisión inorgánica de moneda y el fracaso de la \»Tarea Ordenamiento\», ha destruido el poder adquisitivo del salario cubano. Mientras el gobierno cubano culpa a los \»especuladores\» del sector privado del alza de los precios, la realidad es que el Estado es el principal monopolista y el responsable directo de la escasez, al mantener una estructura productiva ineficiente y burocratizada que es incapaz de abastecer el mercado nacional.
Los costos reales de producción y distribución en la isla reflejan la gravedad de la crisis. Un vendedor informal, identificado como Henry, detalló los gastos que asume para comercializar huevos en el reparto Condado, donde un cartón se vende a 5.000 pesos. El producto es comprado a 3.500 pesos en una granja en Esperanza, a 14 kilómetros de la capital provincial, y el traslado en motoneta cuesta 20.000 pesos. Estas cifras desmienten los \»cálculos de gastos de transportación\» que el gobierno provincial esgrime para justificar sus topes de precios, demostrando un desencuentro absoluto entre la burocracia estatal y la realidad económica del país.
Además de la inflación y la escasez, el país atraviesa una crisis energética severa que encarece aún más la producción y conservación de alimentos, sumada a un éxodo migratorio sin precedentes que ha diezmado la fuerza laboral. En este contexto, asfixiar al sector privado —el único que inyecta liquidez y productos a la calle, pese a sus altos precios— es una contramedida que agrava la inseguridad alimentaria de la población. La represión contra los mipymes no abarata los productos, simplemente los hace desaparecer de la vista, empujando a la ciudadanía a un mercado negro cada vez más inalcanzable.
Consecuencias a futuro
La ofensiva del régimen de La Habana contra el comercio privado en Villa Clara augura un periodo de mayor penuria alimentaria para la población cubana. Al criminalizar la ganancia y someter la distribución a caprichos burocráticos, las autoridades de la isla están destruyendo los pocos espacios de economía mixta que sobreviven al colapso del modelo socialista. La ciudadanía, atrapada entre la inflación, los apagones y la represión, se ve obligada a recurrir a redes de comercialización clandestinas, asumiendo costos aún más altos y sin ninguna protección legal.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el uso de la política económica como herramienta de control social en Cuba. Mientras la dictadura cubana endurece su discurso contra el emprendimiento privado para ocultar su propia ineptitud gerencial, el resultado directo es el hambre y la desesperación de sectores vulnerables, como los jubilados. Frases como la de Leonor Vega, vecina del reparto Escambray, que lamenta tener que \»comer tajadas de aire\» porque \»ni con dinero encuentras nada\», resumen el fracaso absoluto de un sistema que prioriza su supervivencia ideológica sobre el bienestar básico de su pueblo.
