El exprisionero político Andy García Lorenzo fue citado y amenazado por la Seguridad del Estado en Villa Clara con penas de hasta 30 años de prisión o la pena de muerte si publica contenido relacionado con instalaciones militares. La advertencia se suma a la constante persecución contra activistas que denuncian la crisis estructural en la isla.
El joven, excarcelado en julio de 2025 tras cumplir íntegramente una condena de cuatro años por participar en las protestas del 11 de julio, compareció ante la Unidad de Delitos Contra la Seguridad del Estado en Villa Clara. Durante el interrogatorio, agentes del régimen de La Habana le comunicaron que sus habituales denuncias en redes sociales sobre los apagones y la miseria en Santa Clara eran consideradas \»temas menores\». El foco de la citación, según indicaron, era advertirle que la difusión de imágenes o planos de unidades militares podría derivar en sanciones drásticas, incluyendo la pena capital.
Los interrogadores, integrados por un oficial con grado de mayor y dos agentes vestidos de civil, pusieron como ejemplo el caso del humorista Eddy Ceballos. Este creador de contenido fue detenido a inicios de junio tras publicar un video sarcástico sobre una instalación militar abandonada y enfrenta una posible condena de 30 años bajo los presuntos delitos de \»espionaje\» e \»invasión de propiedad militar\». Ante la exigencia de firmar un compromiso para abstenerse de realizar este tipo de publicaciones, García Lorenzo se negó tajantemente, argumentando que no tiene vinculación con dichos contenidos y que la presencia de tres militares era testigo suficiente de su postura.
Además de las amenazas directas, los agentes aludieron a la visita que el activista recibió a inicios de año por parte de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, señalando que este contacto le otorga un nivel de seguimiento especial por parte de los órganos de inteligencia del Estado.
Hostigamiento continuo contra los liberados del 11J
Esta citación no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia de la dictadura cubana para amedrentar a quienes han cumplido condenas por motivos políticos y continúan ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. La organización no gubernamental Justicia 11J ha condenado estas prácticas, calificándolas como actos de hostigamiento que violan derechos fundamentales como la seguridad personal y la libre expresión. El accionar se enmarca en el endurecimiento represivo frente a la creciente indignación ciudadana provocada por el colapso de los servicios públicos, manifestado en cortes eléctricos prolongados, inflación galopante y un éxodo migratorio sin precedentes.
Pese a las torturas físicas y psicológicas sufridas durante su encierro, que le dejaron traumas severos, García Lorenzo ha mantenido su labor cívica, documentando protestas en su comunidad e identificando públicamente a sus antiguos carceleros. La amenaza de aplicar la pena de muerte contra un activista por supuestos delitos de opinión evidencia el nivel de criminalización del disenso por parte del ejecutivo cubano, una práctica que continúa generando el repudio de organismos de derechos humanos y profundizando el escrutinio internacional sobre la isla.
