El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente el contraste entre el rascacielos inactivo de El Vedado y la precaria situación habitacional y económica que sufre la población en la isla, atribuyendo este descalabro a las prioridades del régimen de La Habana.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que resalta la paradoja que representa el hotel Torre K para la realidad nacional. La edificación de 42 pisos, diseñada exclusivamente para las élites gobernantes y visitantes extranjeros, se mantiene con sus puertas cerradas, elevándose sobre una ciudad donde la población afronta una lucha diaria por la supervivencia en condiciones de extrema precariedad. Para la dependencia federal, esta estructura inactiva es un testimonio elocuente de las prioridades del poder en la isla.
“La Torre K sirve como recordatorio permanente para el pueblo cubano de que al régimen ilegítimo solo le preocupa enriquecerse a sí mismo, y no mejorar su nivel de vida”, señaló la oficina estadounidense, acompañando su mensaje con material audiovisual del rascacielos, situado en la céntrica intersección de las calles 23 y K en El Vedado, y con imágenes que documentan el deplorable estado del fondo habitacional de la capital. La declaración de Washington pone el foco en la desconexión total entre las inversiones estatales y las necesidades reales de la ciudadanía.
La instalación turística permanece clausurada al menos desde el pasado 13 de marzo, fecha en la que una inspección de medios independientes constató la total inactividad tanto del alojamiento como de la cafetería Avenida 23, ubicada en su planta baja. En aquel momento, un empleado de seguridad adujo que el cese de operaciones se debía a \»la situación del país\», sin ofrecer una fecha concreta para la reapertura. Este cierre se produjo apenas meses después de que el recinto comenzara a recibir a sus primeros clientes, tras años de aplazamientos continuos en su inauguración.
El complejo, que en su ficha comercial actual aparece rebautizado como Hotel La Habana —tras perder la marca \»Iberostar Selection La Habana\»—, pertenece a la cadena Gaviota. Esta entidad está íntimamente vinculada al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas que detenta el monopolio de la industria turística y gran parte de la economía nacional. Con 155 metros de altura, 594 habitaciones, piscinas, terrazas panorámicas y zonas ejecutivas, el edificio representa una inversión multimillonaria que hoy yace en desuso.
El retiro del capital extranjero y el impacto de las sanciones
La pérdida de la administración por parte de la cadena española Iberostar marcó un punto de inflexión para el lujoso recinto. La compañía europea dejó de gestionar los hoteles de Gaviota el 1 de junio del año pasado, reduciendo drásticamente su presencia en la isla de 18 a seis establecimientos para adaptarse al endurecimiento del marco de sanciones de Estados Unidos. Posteriormente, el 21 de julio, Iberostar confirmó a medios especializados que ya no operaba ni comercializaba ningún hotel en el país, dejando a la Torre K sin la gestión internacional que acompañó su fallido despegue.
El aislamiento financiero de la instalación se profundizó cuando el gobierno de Washington incorporó a la Torre K, con efecto desde el 14 de julio de 2025, a la lista de alojamientos prohibidos para las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense. La medida fue un preludio de las sanciones directas impuestas a GAESA el 7 de mayo de 2026, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros advirtió que cualquier empresa extranjera que realizara transacciones con el conglomerado militar, o con entidades en las que este tuviera una participación de al menos el 50%, quedaría expuesta a severas represalias.
El colapso del modelo turístico y la crisis estructural
El cierre de la Torre K no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible del fracaso del modelo económico impulsado por el gobierno cubano. La actividad turística, que en teoría debía justificar la construcción de mega-hoteles, ha experimentado una caída libre. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la ocupación vinculada al turismo internacional se desplomó del 23% en 2024 al 18,9% en 2025. Esta tendencia se agravó de manera alarmante durante el primer semestre de 2026, cuando la isla recibió casi un 61% menos de turistas en comparación con el mismo período del año anterior.
Este desplome del sector se entrelaza con la profunda crisis estructural que asfixia a la nación. Mientras el ejecutivo cubano destinaba cuantiosos recursos a erigir un rascacielos para visitantes ilustres, el fondo habitacional del país se desmorona literalmente. La Habana es escenario frecuente de derrumbes de edificios que cobran vidas, y miles de familias residen en albergues de tránsito durante años, a la espera de una vivienda digna que el Estado promete pero no logra entregar. La dictadura cubana ha priorizado sistemáticamente la edificación de enclaves de lujo sobre la reparación de las viviendas y el saneamiento de la infraestructura básica.
La crisis habitacional es solo una arista del descalabro. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustible, y los apagones prolongados configuran un panorama de supervivencia para la población. A esto se suma el éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años ante la falta de oportunidades y la asfixia política. El enriquecimiento de la cúpula militar, evidenciado en proyectos como la Torre K, contrasta de manera obscena con la miseria generalizada y la represión social que sufren los ciudadanos de a pie.
Antecedentes de un proyecto faraónico
La construcción de la Torre K estuvo plagada de irregularidades y retrasos desde su concepción. El proyecto, concebido en su momento como un faro del renacimiento turístico de El Vedado, sufrió sucesivos aplazamientos en su fecha de apertura. Aunque Iberostar anunció oficialmente su puesta en marcha para el 26 de febrero de 2025, la realidad fue otra: al día siguiente se constató que las instalaciones aún no prestaban servicio al público general, y los pocos huéspedes que albergaba correspondían a reservaciones corporativas vinculadas al Festival del Habano. No fue hasta marzo de ese año cuando se habilitaron las reservas para el público en general, apenas un mes antes de su cierre indefinido.
La historia reciente de la arquitectura hotelera en la isla repite este patrón de inversiones desproporcionadas y baja rentabilidad. Durante la última década, las autoridades de la isla han favorecido la construcción de hoteles de lujo administrados por GAESA, incluso en detrimento de la industria azucarera, agrícola y de la propia infraestructura ciudadana. Esta apuesta por un turismo de élite, desconectado del poder adquisitivo del cubano promedio, ha demostrado ser insostenible, especialmente tras la pandemia y el endurecimiento de las políticas internacionales hacia el sector militar de la economía.
Implicaciones y panorama futuro
El futuro de la Torre K se presenta incierto y simboliza el callejón sin salida de la economía cubana. Con la retirada de los socios internacionales y el cerco de las sanciones, el mantenimiento de una estructura de 42 pisos vacía representa un lastre financiero para un país en bancarrota. La advertencia del Departamento de Estado reafirma la postura de la comunidad internacional respecto a la falta de transparencia y el uso discrecional de los recursos por parte del régimen.
Para la ciudadanía, el rascacielos inactivo se erige como un monumento a la insensibilidad y la ineficiencia del poder. Mientras la dictadura cubana se aferre a un modelo económico militarizado que prioriza el lucro personal de su cúpula sobre el bienestar colectivo, proyectos como la Torre K seguirán siendo recordatorios de una promesa incumplida y de la profunda brecha que separa a los gobernantes de los gobernados. La respuesta de la comunidad internacional, materializada en sanciones selectivas, continuará aislando a las élites empresariales, aunque el costo inmediato de la ineficiencia estatal siga siendo pagado por el pueblo.
