Un empresario emiratí ha suscrito una carta de intención con el gobierno cubano para desarrollar un complejo turístico de lujo en Cayo Santa María, un proyecto que, de concretarse, podría llevar el nombre de \»Isla Trump\». La iniciativa, que aún carece de autorización de la Trump Organization, sale a la luz en medio de los desesperados esfuerzos del régimen de La Habana por atraer capital extranjero ante el desplome absoluto de su industria turística y la profundización de la crisis económica nacional.
La propuesta fue presentada por Ali Abdullah bin Haidar, presidente del grupo familiar Abdulla Ali bin Haidar Group, entidad con sede en Dubái y fuerte presencia en los sectores inmobiliario, comercial y de inversiones. Según informó el medio The National, la empresa suscribió con las autoridades cubanas una carta de intención vinculada a terrenos en el cayo, donde pretende levantar un complejo de envergadura. Los documentos revisados por la prensa emiratí muestran los planos de dos torres coronadas por cúpulas doradas y con el apellido Trump en sus fachadas, aunque se aclara que \»Trump Island\» es únicamente una opción de nombre en estudio y que no existe relación contractual con la empresa del magnate estadounidense.
El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, adoptó una posición cautelosa pero reveladora al ser consultado por The New York Times. Inicialmente señaló que no estaban considerando \»nada de ese tipo en particular\», pero posteriormente admitió que el ejecutivo cubano no excluiría a Donald Trump o a su organización como potenciales inversionistas. \»Lo que impide a Donald Trump invertir en Cuba son las leyes estadounidenses\», afirmó Fernández de Cossío, trasladando la responsabilidad de la falta de inversión a la legislación de EE. UU. y obviando el clima de inseguridad jurídica y confiscatoria que impera en la isla desde hace décadas.
La iniciativa salió a la luz pública tras una presentación formal de inversiones organizada por grupos hoteleros estatales en La Habana, en la cual participaron altos funcionarios del turismo cubano. El empresario emiratí aseguró que su equipo ya ha contactado a representantes de la compañía estadounidense para solicitar los derechos de denominación, indicando que se mostraron \»receptivos\», aunque reconoció que la idea todavía no ha sido aprobada por la parte estadounidense. The National solicitó una respuesta a la Trump Organization, pero no recibió pronunciamiento alguno al momento de publicar su reportaje.
La primera fase del megaproyecto incluiría un núcleo hotelero, una torre emblemática, espacios públicos y servicios asociados a un destino turístico integrado. Bin Haidar proyectó que las obras podrían comenzar antes de concluir 2026 si se obtienen las autorizaciones pertinentes, aunque reconoció la inexistencia de un presupuesto definido. La construcción, según su versión, emplearía trabajadores e ingenieros cubanos bajo la supervisión de especialistas extranjeros, una dinámica que históricamente ha redundado en mano de obra barata para el capital foráneo y escaso beneficio real para los trabajadores locales sometidos al control del Estado.
La viabilidad de la participación de la empresa de Trump afronta obstáculos legales insuperables a corto plazo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) establece que las personas y compañías sujetas a la jurisdicción estadounidense no pueden hacer negocios ni invertir en Cuba salvo que la operación esté expresamente autorizada. Tampoco pueden, como regla general, comprar o arrendar propiedades en la isla sin una licencia específica de esa agencia, lo que convierte el proyecto en un desafío burocrático y legal monumental.
Contexto: El desplome turístico y la crisis estructural
Este intento de atraer capital, por extravagante que parezca, es un síntoma inequívoco de la profunda crisis estructural que sufre el país. El régimen de La Habana ha visto cómo sus ingresos por turismo se desploman de manera sostenida y acelerada. Durante la presentación de inversiones presenciada por la prensa internacional, funcionarios cubanos reconocieron implícitamente la debacle: las terminales de cruceros están vacías y buena parte de los 18 aeropuertos internacionales y 10 marinas permanecen inactivos. Grupos estatales como Cubanacán han tenido que ofrecer decenas de instalaciones para contratos de administración, arrendamientos o inversiones conjuntas en un intento desesperado por reflotar el sector.
La crisis del turismo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa del modelo económico centralizado e ineficiente mantenido por la dictadura cubana. La falta de suministros básicos, los apagones sistemáticos que superan las 10 horas diarias en diversas provincias, la inflación galopante y el deterioro de la infraestructura han ahuyentado a los visitantes tradicionales. Mientras el poder insiste en culpar al embargo estadounidense, la realidad demuestra que la falta de libertades económicas, la inseguridad jurídica y la incapacidad de planificación estatal son los verdaderos disuasivos para la inversión sostenida y el desarrollo interno.
A esto se suma el contexto de represión social y el masivo éxodo migratorio que ha dejado a la isla sin fuerza laboral calificada. La dictadura ha optado por la violencia estatal, la represión política y la censura para silenciar cualquier disidencia, ahondando el aislamiento internacional y la desconfianza de los mercados. Como señaló el economista Ricardo Torres, exinvestigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, para salir de este atolladero Cuba necesita capital, y una parte mayoritaria de este tiene que venir de fuera. Sin embargo, la falta de garantías por parte del gobierno cubano hace que cualquier iniciativa sea vista con justificada cautela por la comunidad financiera internacional.
Antecedentes y contradicciones del régimen
Históricamente, las autoridades de la isla han oscilado entre una retórica antiimperialista virulenta y la apertura pragmática al capital extranjero cuando la supervivencia del sistema está en juego. Durante la crisis de los años 90, tras la caída del bloque soviético, el régimen abrió tímidamente su economía al capital foráneo, aunque manteniendo el control absoluto de las palancas económicas. Hoy, la situación es aún más crítica. El embajador cubano en Emiratos Árabes Unidos, Norberto Escalona Carrillo, declaró que La Habana no veía obstáculos para conversar de negocios con representantes de Trump, citando la trayectoria de su familia en el turismo. Esta disposición a negociar con figuras tradicionalmente enfrentadas a la política de La Habana evidencia el nivel de desesperación financiera.
El proyecto propuesto para Cayo Santa María, una franja de aproximadamente 16 kilómetros de playas al norte de Villa Clara comunicada mediante un pedraplén de 48 kilómetros, también levanta profundas interrogantes ecológicas. Esta zona forma parte de la Reserva de la Biosfera Buenavista, reconocida por la UNESCO desde el año 2000 y considerada un área de elevada sensibilidad ecológica y biodiversidad. La construcción de megacomplejos turísticos en zonas protegidas ha sido una constante en la isla, a menudo sin procesos de consulta pública ni evaluaciones de impacto ambiental rigurosas, priorizando el rápido ingreso de divisas sobre la sostenibilidad ambiental.
En definitiva, la eventual concreción de una \»Isla Trump\» o cualquier otro proyecto similar dependerá no solo de las licencias de la OFAC, sino de la voluntad de la dictadura de implementar reformas estructurales reales. Mientras el gobierno cubano mantenga su control absoluto sobre la economía, reprimiendo el sector privado emergente y negando derechos fundamentales a sus ciudadanos, los esfuerzos por atraer inversores serán meros parches sobre una economía en ruinas. El futuro de Cuba no reside en complejos de lujo con nombres de magnates extranjeros, sino en la democratización de su sistema político y la liberación de su potencial productivo, actualmente secuestrado por el poder.
