El gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera instalaron este jueves en Caracas una mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de abordar reformas políticas orientadas a una eventual transición democrática. Las partes acordaron mantener un primer ciclo de conversaciones hasta el próximo 12 de agosto, en un encuentro que excluye a las principales figuras de la Plataforma Unitaria Democrática y que se desarrolla bajo un clima de opacidad informativa y represión periodística.
El encuentro formal tuvo lugar casi una semana después de lo inicialmente previsto y siete meses después de que una operación militar estadounidense capturara al entonces gobernante Nicolás Maduro. Las delegaciones, coordinadas por el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, y por Figuera, representante del Parlamento elegido en 2015, definieron la metodología y las fases de trabajo durante su primera reunión presencial, celebrada en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, dentro de la base aérea La Carlota.
Según un comunicado conjunto divulgado tras la reunión, las partes establecieron que \»en el primer ciclo de trabajo estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se definirá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas\». Ambas delegaciones se comprometieron además a informar \»oportunamente\» al país sobre los avances alcanzados, aunque la práctica durante la primera jornada contradijo ese principio de transparencia.
El documento suscrito establece como principios rectores el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, la búsqueda de beneficios para Venezuela y una solución \»política, pacífica, democrática y constitucional\». Incluye además el reconocimiento recíproco, la igualdad política y el trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas políticas del país.
Una agenda sin fechas ni acuerdos sustantivos
El texto divulgado tras la reunión no fija una fecha para elecciones ni consigna acuerdos sustantivos sobre la reforma institucional, lo que genera incertidumbre sobre la profundidad real del proceso. La agenda anunciada previamente contempla la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. Figuera ha señalado como objetivos prioritarios la recomposición del Consejo Nacional Electoral, actualmente controlado por el chavismo, para que sea \»creíble y confiable\», la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la restitución plena de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.
Las diferencias en la presentación pública del proceso quedaron reflejadas de inmediato en los mensajes de sus coordinadores. \»Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino\», afirmó Figuera con un tono claramente orientado a la transición. Por su parte, Jorge Rodríguez se limitó a anunciar el inicio de un \»diálogo nacional con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015\», minimizando el alcance político del encuentro y reduciendo a la contraparte a un estatus marginal.
La delegación gubernamental está integrada por Jorge Rodríguez; la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados Jorge Arreaza, América Pérez y Génesis Garvett. Por el sector opositor participan, junto con Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desirée Barboza. La composición de ambas delegaciones revela la voluntad de mantener un canal de comunicación formal, aunque las asimetrías de poder entre las partes son evidentes.
Washington celebra, pero la PUD marca distancia
El gobierno de Estados Unidos calificó las conversaciones directas como \»una oportunidad única\» para avanzar hacia la reconciliación y la transición. \»Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela, que desempeña un papel clave en el plan de tres etapas del presidente para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica\», expresó el Departamento de Estado en un comunicado oficial. El respaldo de Washington constituye un elemento de presión clave para que el chavismo se mantenga en la mesa.
Sin embargo, la mesa no incluye a María Corina Machado ni a Edmundo González Urrutia, principales referentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes aclararon que no participaron en el \»diseño, construcción y funcionamiento\» del mecanismo. Ambos dirigentes señalaron que no serán \»obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales\», pero advirtieron que evaluarán el proceso a partir de la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías electorales sin exclusiones, un cronograma presidencial oportuno y el respeto irrestricto a la soberanía popular.
Tras la instalación de la mesa, la PUD exigió \»avances reales\» y sostuvo que su compromiso será con cualquier esfuerzo que produzca \»resultados concretos y contribuya al avance de la transición democrática, conforme a la hoja de ruta presentada al país\». La coalición consideró indispensables el cese de la persecución política, el retorno de los exiliados, la restitución de los derechos civiles y políticos y la liberación inmediata de todos los presos políticos. Voluntad Popular, uno de los partidos que integran la PUD y que tiene representantes en la delegación de Figuera, respaldó el mecanismo señalando que su objetivo es \»reinstitucionalizar nuestro país y convocar a unas elecciones libres\».
Opacidad y represión a la prensa durante la primera jornada
La primera jornada de diálogo estuvo marcada por la opacidad y las restricciones a la cobertura periodística, una práctica que recuerda los métodos de control informativo habituales del régimen de La Habana. Aunque el Ministerio de Comunicación e Información había convocado inicialmente a los medios, posteriormente indicó que solo podrían ingresar fotógrafos, sin teléfonos móviles, y que no se ofrecerían declaraciones. Los reporteros y las cámaras de televisión quedaron fuera del recinto, incluso en el caso de medios e instituciones estatales.
El medio independiente Efecto Cocuyo denunció que, después de negársele el acceso, seis funcionarios de un organismo de seguridad no identificado abordaron a una de sus reporteras, fotografiaron su credencial y la obligaron a borrar el material audiovisual grabado en el lugar. Según el medio, los agentes llegaron a discutir por radio la posibilidad de trasladarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar antes de dejarla marchar. \»Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación\», reclamó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Presos políticos y una muerte que ensombrece el diálogo
La liberación de los detenidos por razones políticas constituye otra de las presiones centrales sobre la mesa de negociación. La organización Foro Penal contabilizaba 382 presos políticos al 3 de agosto, de los cuales 224 no habían sido condenados y 40 tenían nacionalidad extranjera. La organización exigió su liberación inmediata y el respeto pleno de sus derechos humanos, recordando que la privación arbitraria de libertad continúa siendo una herramienta de amedrentamiento sistemático por parte del régimen.
El mismo día en que se instaló el diálogo se conoció la muerte de José \»Pepe\» Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 71 años que permanecía bajo arresto domiciliario tras pasar más de dos años encarcelado y ser acusado de terrorismo por tomar una fotografía de una bandera con inscripciones árabes. Machado lo describió como \»otra víctima de la crueldad infinita\» del régimen, mientras el comité de derechos humanos de Vente Venezuela responsabilizó al gobierno por su muerte y denunció que salió de prisión con desnutrición severa y un deterioro irreversible de su salud.
La emergencia de los terremotos como eje humanitario
La emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio constituye el otro eje central de la negociación. El balance difundido el 3 de agosto por Jorge Rodríguez elevó a 6.125 el número de fallecidos, mientras el Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los sismos. Estados Unidos afirmó que las conversaciones también deben servir para atender las necesidades urgentes de los damnificados, cuya situación se ve agravada por la precariedad estructural que afecta a Venezuela tras años de saqueo institucional.
El nuevo proceso representa al menos el noveno intento de negociación entre el chavismo y sectores opositores desde 2014. Los diálogos anteriores, promovidos en distintos momentos por el Vaticano, Unasur, República Dominicana, Noruega y México, terminaron suspendidos sin lograr transformaciones estructurales ni la restauración del orden constitucional. Este historial de frustraciones pesa sobre la credibilidad del actual mecanismo y genera escepticismo tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional.
El espejo cubano: negociaciones sin libertad
Para el observador cubano, este escenario evoca de manera inmediata los precedentes de diálogo entre la dictadura cubana y sectores de la oposición en la isla, donde históricamente los procesos negociadores han terminado sin concesiones reales en materia de libertades. El régimen de La Habana ha utilizado recurrentemente la Mesa de Diálogo como herramienta de legitimación internacional sin modificar su naturaleza autoritaria ni desmontar el aparato represivo que mantiene en el poder a la nomenclatura militar. La experiencia cubana demuestra que sin presión internacional sostenida y verificabilidad de los compromisos, las mesas de diálogo pueden convertirse en mecanismos de distracción que prolongan la supervivencia del autoritarismo.
La crisis estructural que vive Venezuela presenta paralelismos evidentes con la situación cubana: colapso de los servicios públicos, hiperinflación, éxodo migratorio masivo, represión sistemática contra disidentes y periodistas, y un modelo económico basado en el control estatal de los recursos. En ambos países, las dictaduras han transformado la negociación en una táctica de supervivencia, ofreciendo concesiones cosméticas mientras mantienen intacto el aparato de poder. La diferencia radica en que Venezuela cuenta con una sociedad civil más movilizada y un respaldo internacional más activo, factores que podrían inclinar la balanza hacia una transición genuina si la presión se mantiene.
El éxito o fracaso de esta nueva mesa de diálogo tendrá implicaciones directas para la región. Una transición democrática exitosa en Venezuela sentaría un precedente contundente frente a la dictadura cubana, demostrando que el cambio es posible incluso en los regímenes más enquistados. Por el contrario, un nuevo fracaso negociador reforzaría la narrativa del autoritarismo como sistema irreversible y prolongaría el sufrimiento de millones de personas en ambos países. La comunidad internacional, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, deberá mantener una postura firme que condicione cualquier alivio a avances verificables en derechos humanos, libertades democráticas y estado de derecho, evitando repetir los errores del pasado donde los regímenes autoritarios obtuvieron beneficios sin contrapartidas reales.
