El analista energético ruso Igor Yushkov afirmó que las empresas de su país tienen la capacidad técnica para construir plantas eléctricas y suministrar combustible a Cuba, pero condicionó cualquier participación a una fórmula comercial que compense sus costos, destacando la insolvencia de la isla. Esta declaración se produce en medio de una de las peores crisis energéticas de la historia reciente del país, con apagones que superan las 24 horas continuas y un sistema nacional al borde del colapso.
Yushkov, experto de la Universidad Financiera adjunta al Gobierno de la Federación de Rusia, fue tajante al evaluar la viabilidad de nuevos proyectos energéticos en la isla. En declaraciones al medio *Finanzas Mail*, el especialista señaló que \»nos topamos con que Cuba es un actor insolvente. Que encuentren con qué pagarnos. Entonces podremos hablar de ello\». Esta postura refleja el escepticismo del sector técnico y financiero ruso ante las promesas diplomáticas del gobierno cubano.
El experto detalló que las compañías rusas poseen la infraestructura necesaria para levantar instalaciones generadoras, suministrar gas o carbón, construir centrales termoeléctricas e incluso evaluar la viabilidad de una planta nuclear en el territorio caribeño. Sin embargo, la falta de liquidez de las autoridades de la isla obliga a Moscú a buscar alternativas de compensación que escapan al comercio tradicional.
Entre las hipotéticas formas de pago, Yushkov mencionó el intercambio de infraestructura por servicios turísticos, la compra de armamento ruso por parte de La Habana o la instalación de una base militar con misiles en territorio cubano. No obstante, el propio analista cuestionó la conveniencia de la alternativa turística para el Kremlin, dado el interés prioritario de Rusia en promover sus propios destinos nacionales antes que subsidiar el sector hotelero en el Caribe.
Además, el especialista advirtió sobre el riesgo geopolítico que supone para Moscú el diálogo intermitente entre La Habana y Washington. La posibilidad de que un cambio en la política exterior del ejecutivo cubano deje a Rusia sin recuperar sus inversiones es un factor disuasivo importante. En su opinión, sería mucho más racional destinar recursos a cubrir los déficits eléctricos del sur y el Lejano Oriente ruso mientras el régimen de La Habana no presente una fórmula clara, transparente y garantizada de pago.
El colapso eléctrico y la incapacidad de gestión
Las declaraciones del experto ruso llegan en un momento crítico para la población civil. La Unión Eléctrica informó recientemente que se registraron apagones por déficit de generación durante las 24 horas del día, con una máxima afectación que alcanzó los 2.240 megavatios (MW). Para el horario pico, la empresa estatal pronosticó apenas 1.023 megavatios disponibles frente a una demanda de 3.250, lo que evidencia un sistema incapaz de sostener la demanda básica de la nación.
El parte oficial detalló cinco unidades termoeléctricas averiadas y otras cuatro en mantenimiento, sumando a la crónica falta de piezas y tecnología obsoleta. Además, permanecían paralizadas por falta de combustible 106 centrales de generación distribuida, las patanas de Regla y Melones, y las centrales de fueloil de Mariel y Moa. Los 54 parques solares en servicio alcanzaron una potencia máxima conjunta de 575 MW, una cifra irrisoria e insuficiente para evitar el enorme déficit nocturno que padecen los ciudadanos.
La fragilidad del sistema nacional volvió a quedar al descubierto con dos desconexiones totales en menos de 24 horas. Estos eventos, provocados por fallos en la red y la inestabilidad de las unidades generadoras, demuestran la falta de mantenimiento estructural y la incapacidad del gobierno cubano para administrar la infraestructura energética, resultado de décadas de mala gestión y desidia institucional.
Antecedentes de una dependencia fallida
Pese a las reservas expresadas por el analista ruso, el embajador de Rusia en La Habana, Víktor Koronelli, afirmó el pasado 25 de julio que ambos países continuaban examinando iniciativas conjuntas. \»En la agenda bilateral ruso-cubana hay toda una serie de proyectos de interés mutuo, incluidos los vinculados al sector energético\», declaró el diplomático, aunque omitió ofrecer detalles sobre la financiación o el estado real de ejecución de los mismos.
El Ministerio de Energía ruso había anunciado en junio de 2025 su intención de incorporar compañías de ese país a la construcción de un nuevo bloque de 200 megavatios y a la reparación capital de cuatro unidades existentes de 100 megavatios cada una. Moscú también propuso preparar especialistas cubanos y elaborar una estrategia energética bilateral basada en su propio programa nacional hasta 2050, planes que suenan ambiciosos frente a la cruda realidad de la isla.
Estos anuncios se remontan al crédito estatal de hasta 1.200 millones de euros aprobado por Moscú en 2015 para financiar cuatro bloques termoeléctricos en Cuba. Un protocolo de 2024 reconfiguró el proyecto, reduciéndolo a un solo bloque nuevo en la central Habana del Este, la reparación de cuatro unidades y la construcción de parques solares. En mayo de 2025, el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko anunció una supuesta inversión de más de 1.000 millones de dólares hasta 2030, pero sin presentar un calendario preciso de ejecución.
La historia de incumplimientos es extensa. En 2022, la Duma rusa aplazó hasta 2027 parte de las obligaciones correspondientes a préstamos por unos 2.300 millones de dólares concedidos a Cuba entre 2006 y 2019. Rusia ha retrasado o cancelado iniciativas anteriores alegando la incapacidad de pago de La Habana, un obstáculo que persiste en la actualidad y que ninguna retórica oficial ha logrado resolver.
Contexto: La crisis estructural y el costo para la ciudadanía
La incapacidad de mantener un sistema eléctrico estable no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de décadas de centralización económica, corrupción institucional y falta de planificación estratégica por parte de la dictadura cubana. El modelo económico impuesto ha ahogado la iniciativa privada, espantado la inversión extranjera genuina y destruido la capacidad productiva de la isla, convirtiendo a Cuba en un actor insolvente a nivel internacional, dependiente de subsidios y préstamos que ya no fluyen con la misma facilidad.
Para la ciudadanía, el colapso energético se traduce en un deterioro insoportable de la calidad de vida. Los apagones prolongados arruinan los escasos alimentos que las familias logran conseguir en un mercado inflacionario, interrumpen el suministro de agua, afectan la prestación de servicios médicos básicos y agravan la crisis de salud mental. La respuesta del régimen ante el descontento social generado por esta situación ha sido la represión policial y la censura, criminalizando las protestas pacíficas en lugar de ofrecer soluciones estructurales reales.
La eventualidad de ofrecer una base militar o comprar armamento ruso como forma de pago revela la desesperación del régimen de La Habana, dispuesto a hipotecar la soberanía nacional y arriesgar la seguridad regional para mantener su sustento interno. Esta dinámica convierte a Cuba en un peón de las tensiones geopolíticas globales, alejando cualquier posibilidad de una recuperación económica sostenible y democrática.
Perspectivas y consecuencias a futuro
A corto y medio plazo, el panorama es desolador. Sin recursos financieros propios y con una infraestructura eléctrica en fase terminal, el gobierno cubano enfrenta los próximos meses con mínimas garantías de suministro. La dependencia de aliados que exigen garantías de pago que La Habana no puede ofrecer deja a la isla en un limbo diplomático y económico, sin colchón financiero para hacer frente a la emergencia.
La comunidad internacional y los actores democráticos deben observar con preocupación cómo la dictadura cubana busca refugio en regímenes autoritarios que, como Rusia, condicionan su ayuda a concesiones geopolíticas o militares. Mientras tanto, el éxodo migratorio continuará siendo la única válvula de escape de una población exhausta, cansada de promesas incumplidas y de un sistema que ha demostrado su fracaso absoluto para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar básico de los cubanos.
