El gobierno cubano presentó este jueves ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 medidas económicas que autoriza la venta de activos estatales y la compra de acciones de empresas públicas por actores privados. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, expuso las transformaciones como un intento de oxigenar una economía sumida en una profunda crisis estructural, reconociendo tácitamente el fracaso del modelo centralizado.
La presentación tuvo lugar durante la tercera sesión extraordinaria de la décima legislatura del Parlamento, tras la aprobación previa del Comité Central del Partido Comunista. El paquete, organizado en 23 ejes, surge de la evaluación de 390 propuestas e introduce cambios de fondo en la relación entre el Estado, la propiedad y el mercado. Aunque el discurso oficial insiste en que no se renuncia al socialismo, las autoridades de la isla se ven obligadas a ceder terreno al sector privado y a los mecanismos de mercado para contener el desplome económico.
Entre las medidas más destacadas figura la modificación de las relaciones de propiedad. El plan permite la compra de acciones de empresas estatales por personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, así como la venta directa de activos del Estado. Además, se reconoce el \»crecimiento legítimo\» del patrimonio de los actores económicos privados, una concesión inevitable tras la expansión de las mipymes, aunque el ejecutivo cubano mantiene la retórica sobre la supuesta protección contra la \»explotación\» laboral.
Descentralización forzada y cambios en el sistema empresarial
El paquete también contempla una ampliación de la autonomía de las empresas estatales, históricamente asfixiadas por la burocracia. Se les faculta para realizar actividades lícitas, descentralizar la formación de precios y disponer de sus utilidades tras cumplir obligaciones tributarias. Asimismo, se otorgan mayores atribuciones a los gobiernos provinciales y municipales para crear o liquidar empresas, reduciendo los rígidos indicadores de eficiencia que durante décadas lastraron la productividad nacional.
En el ámbito laboral, la propuesta elimina la escala salarial en el sector estatal para establecer un salario mínimo ajustado a la inflación, negociable según las finanzas de cada entidad. Estas concesiones llegan en un momento crítico para la dictadura cubana, que enfrenta un éxodo migratorio masivo, un desabastecimiento generalizado y una inflación galopante. La incapacidad del modelo centralizado para generar riqueza o garantizar servicios básicos ha empujado al régimen a adoptar medidas que contradicen sus postulados históricos.
Las implicaciones de estas transformaciones dependerán en gran medida de su implementación real, históricamente obstaculizada por la resistencia de la cúpula militar y burocrática a perder el control total de la economía. Mientras la población aguarda resultados tangibles que alivien la precariedad material, la comunidad internacional y los analistas observarán si esta apertura económica se traduce en un alivio real para la ciudadanía o si se trata de un parche temporal para asegurar la supervivencia del régimen.
