Mientras millones de cubanos permanecen sumidos en apagones que superan las 24 horas, el régimen de La Habana custodia un patrimonio hotelero valorado en decenas de miles de millones de dólares. La recapitalización del Sistema Eléctrico Nacional, con un coste estimado entre ocho y diez mil millones de dólares, es perfectamente asumible si el poder decidiera hipotecar una fracción de su infraestructura turística. La pregunta no es si hay dinero: es si la dictadura está dispuesta a sacrificar sus privilegios para iluminar al pueblo.
Cuba se encuentra atrapada en una espiral de colapso energético que ha devuelto a la población a condiciones de vida que evocan etapas primitivas de la humanidad. Los apagones prolongados, que en numerosas provincias superan ya las veintiséis horas consecutivas, no son un fenómeno coyuntural ni el resultado de una mala racha climática. Son la consecuencia directa de décadas de desinversión, mala gestión y saqueo institucionalizado por parte de un sistema que priorizó el control político sobre el bienestar de la población. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) agoniza, y con él, las condiciones mínimas de dignidad para millones de ciudadanos.
En este contexto de penumbra generalizada, los académicos Jorge Piñón y Ricardo Torres han actualizado un análisis fundamental sobre el futuro de la economía cubana y la recapitalización del SEN. Sus conclusiones son tan claras como demoledoras: ejecutar la recapitalización del sistema eléctrico, con una capacidad instalada de aproximadamente 6.600 megavatios, requeriría un plazo de entre cinco y diez años y una inversión que oscilaría entre ocho mil y diez mil millones de dólares. Ambos especialistas concluyen con una interrogante que pesa como plomo sobre la nación: ¿Quién paga?
La pregunta es perfectamente legítima. La llamada «empresa estatal socialista» —eufemismo con el que el régimen designa su aparato productivo— goza de una reputación internacional de deudor incumplido. La falta de credibilidad financiera del gobierno cubano es un obstáculo formidable para cualquier intento de atraer capital externo. Los prestamistas internacionales exigen garantías reales, y el Estado cubano ha demostrado reiteradamente su incapacidad —o su falta de voluntad— para honrar sus compromisos comerciales. La deuda externa del país se acumula en cifras que nadie se atreve a contabilizar con precisión, y los proveedores internacionales hace años que cerraron el grifo del crédito.
Sin embargo, la analogía financiera ofrece una vía de análisis reveladora. Cuando una persona propietaria de un inmueble o una finca necesita capital para emprender un negocio y carece de liquidez, acude al sistema bancario. Mediante la hipoteca de sus propiedades, obtiene un préstamo garantizado por el valor de esos bienes. La hipoteca constituye un derecho real de garantía que asegura el cumplimiento de una obligación: otorga confianza al prestamista porque permite ejecutar el bien inmueble en caso de incumplimiento, aunque el propietario conserve la posesión hasta ese momento. Es un mecanismo elemental del crédito, de uso universal, que descansa sobre la existencia de un patrimonio tangible susceptible de ser gravado.
Si trasladamos este razonamiento al coste de recapitalizar el SEN, las cifras demuestran que sí existe de dónde extraer los recursos necesarios. La Constitución cubana, en su retórica habitual, proclama que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo» y que la propiedad sobre los medios fundamentales de producción corresponde a «todo el pueblo». Bajo esa premisa —que el régimen utiliza cuando le conviene y ignora cuando no—, los hoteles del país serían patrimonio de todos los cubanos. En consecuencia, podrían ser gravados para garantizar un crédito destinado a resolver la emergencia energética que sufren precisamente esos ciudadanos.
El patrimonio hotelero del régimen: un lujo en la oscuridad
Los datos del sector hotelero cubano son contundentes. Según un estudio de la consultora HVS publicado en 2020, basado en información de empresas e instituciones especializadas de Estados Unidos, el coste de construcción de una habitación de hotel en el Caribe oscila entre 165.000 dólares para la gama media, 400.000 dólares para la gama alta y más de 750.000 dólares para establecimientos de lujo. Del total de la inversión, aproximadamente el 11% corresponde a la adquisición del terreno, el 65% a la construcción y el equipamiento, y el 12% a gastos jurídicos, administrativos y de diseño. Estas cifras permiten estimar con razonable precisión el valor del parque hotelero bajo control estatal.
El Estado cubano poseía, según datos de mayo de 2023, unas 81.000 habitaciones hoteleras distribuidas por toda la isla. El 44,5% de esas habitaciones se ubicaba en hoteles de cinco estrellas, mientras que el 29,6% correspondía a establecimientos de cuatro estrellas. Estas instalaciones eran administradas por 24 empresas mixtas y 18 compañías extranjeras. Del total del parque hotelero, el 48% pertenece al Grupo Gaviota, brazo turístico del monopolio GAESA, el conglomerado empresarial controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es decir, casi la mitad de la infraestructura hotelera del país está bajo el control directo de la cúpula militar que sostiene a la dictadura.
Si se calcula que el 44,5% de las 81.000 habitaciones corresponde a hoteles de cinco estrellas, hablamos de aproximadamente 44.955 habitaciones de gama alta. Aplicando el coste estimado de 400.000 dólares por habitación en ese segmento, el valor aproximado del parque hotelero de lujo ascendía a cerca de 18.000 millones de dólares. Esta cifra, por sí sola, duplica con creces el presupuesto máximo necesario para recapitalizar el Sistema Eléctrico Nacional. Con la mitad del valor de los hoteles de lujo que hoy languidecen vacíos —parados por la crisis turística, la pandemia, el embargo y, sobre todo, por la ineptitud gestionaria del régimen— podría garantizarse la recuperación integral del sistema energético.
La paradoja es brutal y reveladora. Mientras los cubanos cocinan con leña, duermen a oscuras y pierden alimentos por la falta de refrigeración, una red de hoteles de lujo permanece subutilizada, sostenida con subsidios estatales que ningún país racional mantendría. Estas instalaciones, construidas en muchos casos con financiamiento ajeno —como el caso del antiguo Hotel Hilton en La Habana, financiado por el sindicato de trabajadores gastronómicos a través de su caja de retiro y no por la cadena internacional—, representan un activo inmovilizado que podría ser puesto al servicio de la solución más urgente que enfrenta la nación.
El poder militar sobre la energía del pueblo
La cuestión de fondo, sin embargo, no es económica ni financiera. Es esencialmente política. La recapitalización del SEN mediante la hipoteca del patrimonio hotelero exigiría que el régimen aceptara someter una porción de su activo más preciado —la infraestructura turística controlada por GAESA— a un mecanismo de garantía internacional. Eso implicaría transparencia financiera, auditorías externas, rendición de cuentas y, eventualmente, la cesión de la administración de esos bienes a entidades fiduciarias en caso de incumplimiento. Ninguna de estas condiciones es compatible con la lógica de opacidad y control absoluto que define a la dictadura.
El monopolio GAESA, que engloba al Grupo Gaviota y a la mayor parte de las empresas rentables del país, opera fuera de todo escrutinio público. Sus cuentas no se publican, sus ingresos no se auditan, sus beneficios no se redistribuyen. Es el feudo económico de la cúpula militar, el pilar material que garantiza la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen. Hipotecar ese patrimonio para iluminar a la población significaría, en la práctica, que el poder militar renunciara a su principal fuente de autonomía financiera y, con ella, a una parte sustancial de su capacidad de control. La dictadura no está dispuesta a pagar ese precio político, por alto que sea el costo social que impone al país.
La pregunta que formulan Piñón y Torres —¿Quién paga?— tiene, por tanto, una respuesta que el régimen jamás admitirá públicamente. El dinero existe. Los activos existen. La capacidad técnica para ejecutar la recapitalización existe en el mercado internacional. Lo que no existe es voluntad política. El poder prefiere mantener a la población en la oscuridad antes que arriesgar su dominio sobre el aparato económico que lo sustenta. La penumbra no es una desgracia accidental: es una decisión deliberada, el resultado de una jerarquía de prioridades en la que el confort de la cúpula militar y de sus aliados se antepone sistemáticamente al derecho básico de los ciudadanos a disponer de energía eléctrica.
Contexto: la crisis estructural de un sistema diseñado para el control
La crisis energética cubana no es un fenómeno reciente. Es la culminación de décadas de un modelo económico centralizado, ineficiente y orientado al control político rather que a la productividad. El Sistema Eléctrico Nacional, diseñado en los años de subsidio soviético, nunca fue modernizado para adaptarse a las realidades del siglo XXI. Las termoeléctricas operan muy por debajo de su capacidad nominal, las redes de transmisión se deterioran sin mantenimiento adecuado, y la incorporación de fuentes renovables ha sido testimonial. Cada año, la demanda crece mientras la capacidad instalada se reduce por la obsolescencia y los accidentes. El resultado es un sistema al borde del colapso permanente, sostenido únicamente por apagones programados que castigan a la población mientras las zonas turísticas y los barrios de la nomenklatura mantienen servicio prioritario.
La situación se agrava por la incapacidad del régimen para importar combustible en cantidades suficientes. La dependencia de aliados como Venezuela y Rusia ha demostrado ser frágil: cuando esos países reducen sus envíos, Cuba se sume inmediatamente en la oscuridad. El gobierno cubano ha intentado diversificar proveedores, pero su falta de liquidez y su historial de impago limitan severamente sus opciones. Mientras tanto, la inversión extranjera en el sector energético se ha visto frenada por las restricciones del embargo estadounidense, por la inseguridad jurídica del país y, fundamentalmente, por la desconfianza que genera un socio que no paga sus deudas.
En este panorama, la comparación entre el valor del patrimonio hotelero y el coste de la recapitalización eléctrica adquiere una dimensión especialmente cruel. El régimen ha priorizado sistemáticamente la construcción de hoteles de lujo —muchos de ellos con ocupación ínfima— sobre el mantenimiento de la infraestructura básica para la población. Es una política que revela con claridad meridiana las verdaderas prioridades del poder: el turismo de elite y la captación de divisas convertible en recursos para la cúpula se antepone al derecho ciudadano a la electricidad, al agua potable, a la alimentación refrigerada, a la educación conectada, a la salud asistida con equipos funcionales.
El precio de la soberanía energética
La recapitalización del SEN no es solo una cuestión técnica. Es un proyecto de soberanía energética que requeriría, además de capital, una transformación profunda del modelo de gestión. Un sistema eléctrico moderno, eficiente y confiable exige descentralización, competencia, regulación independiente y transparencia. Ninguno de estos elementos es compatible con el centralismo ortodoxo del régimen. La dictadura entiende —con razón— que un sistema eléctrico descentralizado y transparente erosionaría su capacidad de control sobre la población. El acceso universal y estable a la energía es una condición previa para el desarrollo económico independiente, y un ciudadano económicamente autónomo es una amenaza para un sistema que se sostiene sobre la dependencia y el miedo.
Por eso, aunque el dinero existiera y la voluntad política acompañara, la recapitalización del SEN chocaría con resistencias estructurales dentro del propio aparato estatal. Los ministerios, las empresas estatales y los organismos intermedios que conforman la burocracia cubana tienen incentivos perversos para mantener el statu quo. Un sistema disfuncional justifica su existencia, sus plantillas infladas y sus presupuestos opacos. La eficiencia es enemiga del control burocrático, y la transparencia es incompatible con la corrupción sistémica que permea toda la gestión pública del régimen.
Sin embargo, la pregunta original persiste y debe formularse con toda su crudeza: ¿Por qué el pueblo cubano debe permanecer en la oscuridad mientras un patrimonio construido, en teoría, para el bienestar colectivo se destina exclusivamente al enriquecimiento y al privilegio de una minoría militar? La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y que la propiedad de los medios fundamentales de producción es de todos. Si esas palabras tuvieran algún significado real, los hoteles ya estarían hipotecados y el SEN en proceso de recapitalización. Que no lo estén demuestra, una vez más, que la retórica constitucional del régimen es una fachada vacía detrás de la cual opera un sistema de saqueo organizado.
La verdadera pregunta: voluntad política o continuidad del saqueo
La interrogante que plantean los académicos —¿Quién paga?— debe reformularse. La pregunta real no es quién paga, sino quién decide. Y la respuesta es inequívoca: decide una cúpula militar que controla el aparato económico del país y que no está dispuesta a renunciar a ninguna porción de su poder, por mínimo que sea el sacrificio en relación con el beneficio colectivo. El régimen prefiere administrar la escasez, dosificar la oscuridad y culpar a factores externos antes que abrir el libro de sus cuentas y someter su patrimonio a la escrutinio internacional.
La recapitalización del SEN es técnicamente viable, financieramente posible y socialmente urgente. Los recursos existen en forma de activos hoteleros cuantificables y gravables. Lo que falta es lo que siempre ha faltado en Cuba: un poder dispuesto a anteponer el interés de la nación al de su propia supervivencia. Mientras esa voluntad no exista, los apagones seguirán prolongándose, los alimentos seguirán pudriéndose en neveras apagadas, los niños seguirán estudiando a la luz de velas y los enfermos seguirán dependiendo de generadores que no funcionan. La oscuridad no es el destino inevitable de Cuba: es la elección deliberada de quienes gobiernan sobre sus ruinas.
