La crisis energética que mantiene a Cuba sumida en la penumbra no es únicamente un problema de ingeniería o mantenimiento, sino un profundo dilema político y económico. Mientras la población soporta apagones interminables que paralizan la vida cotidiana y retrotraen las condiciones de vida a etapas primitivas, el régimen de La Habana custodia un vasto patrimonio hotelero valorado en miles de millones de dólares, mayoritariamente bajo el control de las empresas militares. Recapitalizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es financieramente viable a través de la garantía de estos inmuebles, pero la dictadura prefiere el abandono y el sufrimiento de su pueblo antes que arriesgar sus fortalezas de lujo.
La realidad cotidiana en la isla ha alcanzado niveles de precariedad inéditos, con cortes de electricidad que superan las veintiséis horas en amplias zonas del territorio nacional. Esta situación no es un mero accidente coyuntural, sino el resultado de décadas de desinversión, mala gestión y falta de planificación por parte del gobierno cubano. Ante este escenario desolador, diversos analistas y académicos han intentado trazar rutas viables para la recuperación de la infraestructura energética del país. Sin embargo, las propuestas chocan sistemáticamente con la intransigencia ideológica y el control absoluto de los recursos por parte del régimen.
Recientemente, un análisis elaborado por los académicos Jorge Piñón y Ricardo Torres puso sobre la mesa la cruda matemática del colapso eléctrico cubano. Según su evaluación, ejecutar una recapitalización integral del Sistema Eléctrico Nacional, el cual cuenta con una capacidad instalada teórica de 6.600 megavatios (MW), requeriría un plazo de entre cinco y diez años y una inversión que oscilaría entre los ocho mil y diez mil millones de dólares. La conclusión de estos expertos es lapidaria: ni el Estado cubano ni los ciudadanos en su rol de consumidores poseen la liquidez necesaria para afrontar este coste, dejando flotando una pregunta incómoda pero esencial: ¿Quién paga la factura de la luz en Cuba?
La interrogante cobra una dimensión dramática al considerar la fama internacional que ostenta la llamada «empresa estatal socialista» como un sujeto de crédito de altísimo riesgo y notorio mal pagador. La falta de confianza de los prestamistas internacionales es un muro infranqueable para la gestión de La Habana. No obstante, si se aplicara la lógica económica más básica al problema, la respuesta sobre la fuente de financiamiento podría estar al alcance de la mano, escondida a la vista de todos bajo el manto de la propaganda oficial.
En cualquier economía funcional, si un propietario requiere capital para un proyecto vital y carece de efectivo, acude al sistema financiero para hipotecar sus activos. La hipoteca es un mecanismo de garantía real que otorga confianza al prestamista, permitiendo la ejecución del bien inmueble en caso de incumplimiento, sin que el propietario pierda la posesión hasta ese momento crítico. Si trasladamos este razonamiento al costo de recapitalizar el SEN en Cuba, las cifras demuestran que sí existe el colateral necesario, siempre y cuando se cumpla la máxima retórica de la Constitución cubana: que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que la propiedad sobre los medios fundamentales de producción pertenece a «todo el pueblo».
Bajo esta premisa constitucional, la vasta red hotelera de la isla debería ser, en teoría, patrimonio de todos los cubanos. Sin embargo, la realidad dista mucho de este postulado. El Estado cubano, a través de sus conglomerados turísticos, posee alrededor de 81.000 habitaciones hoteleras. De este total, aproximadamente el 44,5% corresponde a hoteles de cinco estrellas y el 29,6% a establecimientos de cuatro estrellas. Estas instalaciones, administradas en gran medida por empresas mixtas y corporaciones extranjeras, representan el sector más capitalizado de la economía nacional.
El detalle más revelador de esta estructura hotelera es su naturaleza militar. Según datos consolidados, el 48% de las habitaciones hoteleras pertenece al Grupo Gaviota, un brazo del monopolio GAESA, el vasto emporio económico controlado directamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esto significa que el supposed «patrimonio del pueblo» es, en la práctica, un feudo de la cúpula militar que sostiene a la dictadura, operando con total opacidad y sin rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Si se realiza un ejercicio de valoración económica de estos activos, la magnitud de la riqueza concentrada resulta escandalosa. Tomando como referencia estudios especializados de la industria hotelera internacional, el costo de construcción de una habitación en el Caribe oscila entre los 165.000 dólares para la gama media y supera los 400.000 dólares para la gama alta. Si calculamos que el 44,5% de las habitaciones cubanas son de cinco estrellas, estamos hablando de aproximadamente 44.955 habitaciones de lujo. Multiplicando esta cifra por un costo estimado de 400.000 dólares por habitación, el valor de este segmento asciende a la asombrosa suma de 18.000 millones de dólares.
Esta cifra es contundente y demuestra la falacia de la narrativa oficial sobre la falta de recursos. Con apenas la mitad del valor de los hoteles de lujo que hoy languidecen vacíos o semiocupados debido a la crisis turística, el régimen de La Habana podría garantizar la totalidad de la recapitalización del Sistema Eléctrico Nacional. Un paso decisivo, financiera y técnicamente posible, que sacaría al país de la oscuridad perpetua y devolvería a la población un servicio básico inherente a la dignidad humana.
Sin embargo, la respuesta a la pregunta de los académicos no radica en la inexistencia de capital, sino en la voluntad política. La pregunta real que define el presente y el futuro de Cuba no es si hay dinero en la isla, sino si el poder está dispuesto a hipotecar sus lujos y privilegios para iluminar a su pueblo. La historia reciente sugiere que la dictadura no tomará ese camino. El régimen prefiere mantener a la población en la penumbra, asfixiada por el calor y la falta de servicios, antes que comprometer el patrimonio que asegura la supervivencia económica de la élite militar.
El contexto de un colapso anunciado
Para comprender la magnitud de la paradoja cubana, es necesario observar el histórico deterioro de la infraestructura energética nacional. El Sistema Eléctrico Nacional ha sido víctima de un abandono sistemático durante décadas. Las termoeléctricas que sostienen la generación del país operan muy por debajo de su capacidad, utilizando tecnologías obsoletas y sufriendo averías constantes que el gobierno cubano es incapaz de reparar debido a la falta de piezas de repuesto y de capital fresco. La dependencia de generadoras de emergencia, conocidas popularmente como «patanas», ha resultado ser una solución costosa, ineficiente y profundamente contaminante, que apenas maquilla un colapso estructural ya irreversible sin una inyección masiva de capital.
Paralelamente, el desarrollo del turismo en Cuba fue concebido como la tabla de salvación de la economía tras la caída de la Unión Soviética. No obstante, este sector se diseñó como un enclave separado del resto de la economía nacional. Los hoteles de lujo, muchos de ellos construidos con financiamiento extranjero pero cedidos a la gestión militar de GAESA, operan bajo una lógica de apartheid. Estos complejos turísticos garantizan agua corriente, electricidad ininterrumpida y comodidades de primer mundo a los visitantes extranjeros, mientras que las comunidades aledañas sufren cortes diarios y desabastecimiento. Esta dualidad evidencia que el problema en Cuba no es la escasez absoluta de recursos, sino la distribución perversa de los mismos bajo un sistema autoritario.
El precio de la intransigencia
La negativa del régimen de La Habana a utilizar sus activos hoteleros como garantía para salvar el sistema eléctrico es el reflejo más claro de sus prioridades. Para la dictadura, el control monolítico del poder y la preservación de los privilegios de la cúpula castrense están por encima del bienestar y de los derechos fundamentales de la población. Hipotecar los hoteles implicaría abrir la contabilidad de GAESA al escrutinio internacional, revelar los verdaderos márgenes de ganancia, y someter al aparato militar a las reglas del mercado financiero global, algo inaceptable para una élite acostumbrada a la impunidad y al manejo discrecional de la riqueza.
En conclusión, Cuba no se encuentra en la oscuridad por una maldición geográfica o por un bloqueo que el régimen utiliza como excusa universal, sino por la decisión consciente de sus gobernantes de mantener secuestrado el patrimonio nacional. Mientras existan hoteles de lujo vacíos custodiados por generales, y mientras la población siga alumbrándose con velas, la verdadera pregunta sobre quién paga la crisis ya habrá sido respondida: la pagan, con su calidad de vida y su futuro, los cubanos de a pie.
