La falta de políticas habitacionales efectivas por parte del régimen de La Habana ha llevado a una joven de 19 años a tomar medidas extremas para preservar la vida de su hijo. Ante el riesgo inminente de colapso de su vivienda y la absoluta indiferencia institucional, Elianet García Rodríguez ha ocupado un local estatal abandonado junto a su lactante, exponiendo la profunda crisis de derechos fundamentales que atraviesa la isla y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos más vulnerables.
En el corazón de La Habana Vieja, la precariedad estructural se ha convertido en una sentencia de muerte latente para cientos de familias. Elianet, residente en la calle Bernaza 236, convivía en un espacio reducido y altamente degradado junto a un núcleo familiar de seis personas, incluyendo a su abuelo invidente, sus padres y su hermano. La edificación, carente del más mínimo mantenimiento por parte de las autoridades competentes durante décadas, presenta un deterioro avanzado que amenaza con sepultar a sus moradores en cualquier instante. Las grietas, las filtraciones y el desprendimiento de muros son el pan de cada día en un entorno donde la negligencia oficial es la verdadera causa de la tragedia.
La decisión de ocupar un Joven Club de Computación, situado en las inmediaciones de Muralla, entre las calles Habana y Compostela, no responde a un acto de rebeldía gratuita o vandalismo, sino a una urgencia vital ineludible. El local, clausurado y utilizado como un mero almacén polvoriento desde hace meses, representa para esta joven madre una opción infinitamente menos letal que su propia casa. «Tengo miedo por la vida de mi hijo porque en cualquier momento el edificio puede colapsar», relata Elianet, evidenciando el terror cotidiano que impone el estado de abandono urbanístico que el gobierno cubano ha normalizado.
El pánico de esta adolescente madre se vio exacerbado tras el reciente y trágico desplome en la misma localidad que costó la vida a otra madre y su hijo. Este luctuoso antecedente consolidó su determinación de no esperar a convertirse en la siguiente víctima colateral de la ineficacia gubernamental. Desde hace casi un mes, subsiste en este espacio estatal, realizando ella misma las labores de limpieza y acondicionamiento, en un intento desesperado por brindar un refugio seguro a su bebé de tres meses, en medio de una ciudad que se desmorona a pedazos.
Sin embargo, la respuesta del régimen de La Habana no se ha traducido en asistencia social, evaluaciones técnicas o soluciones habitacionales de emergencia, sino en un despliegue de hostigamiento y represión. Poco después de su instalación, funcionarios del centro, representantes de Vivienda, delegados de circunscripción y una trabajadora social acudieron al lugar. En lugar de evaluar la emergencia humanitaria, las autoridades optaron por la intimidación, amenazando con retirarle la custodia del bebé, entregarlo a terceros y encarcelarla por ocupar una propiedad del Estado que yacía en el olvido.
El accionar coercitivo también incluyó la presión directa del jefe de sector policial, cuya unidad se encuentra estratégicamente ubicada justo frente al local ocupado. La presencia de la fuerza del orden no ha sido para garantizar la seguridad de los ciudadanos o mediar en el conflicto, sino para coaccionar a una madre desesperada. A pesar de las falsas promesas de una respuesta en una semana por parte de los delegados de Vivienda, han transcurrido más de veinte días sin que la burocracia estatal ofrezca una solución real, demostrando una vez más la desconexión total entre el discurso oficial y la realidad de las calles.
Las condiciones en el Joven Club, aunque habitables en contraste con su antigua vivienda, distan de ser las adecuadas para un lactante. La humedad imperante ha provocado que el bebé enferme en dos ocasiones durante este breve período, sumando dificultades respiratorias a la ya compleja situación. No obstante, Elianet defiende su permanencia en el lugar, argumentando con una lógica aplastante que el local está «mil veces mejor» que su casa, donde una pared se encuentra totalmente despegada de la estructura principal y la cocina colinda directamente con un derrumbe ya consumado.
La historia de esta joven es también un fiel reflejo de cómo la crisis sistémica de la isla trunca el desarrollo y las aspiraciones de su juventud. Antes de su maternidad, Elianet intentó forjar un futuro estudiando contabilidad y bibliotecología, metas que tuvo que abandonar forzosamente por las responsabilidades familiares y la precaria situación económica nacional. Sus empleos en el Museo Simón Bolívar y la Escuela Taller de La Habana tampoco lograron sostenerla frente al colapso del país, ilustrando cómo el sueño de superación personal es constantemente aplastado por la realidad de la supervivencia.
La vulnerabilidad alcanzó su punto álgido durante su embarazo, período en el que experimentó una desnutrición severa. De las seis comidas recomendadas para una gestante, apenas podía ingerir dos o tres, sin recibir apoyo material ni emocional por parte del padre del niño ni del Estado. Esta penuria alimentaria ilustra el fracaso del sistema para garantizar la seguridad nutricional básica de sus ciudadanos, especialmente en etapas vitales, empujando a las nuevas generaciones a un ciclo de pobreza y desesperanza del que es casi imposible escapar bajo la actual estructura totalitaria.
Contexto: Un país en ruinas y una dictadura indolente
El caso de Elianet no es un suceso aislado, sino la materialización de una crisis habitacional y de derechos humanos que azota a Cuba desde hace décadas. Según estimaciones de organismos independientes y arquitectos de la isla, el déficit de viviendas supera el millón de unidades, con un agravante crítico en zonas patrimoniales como La Habana Vieja, donde el porcentaje de inmuebles en mal estado o en peligro de derrumbe supera el cincuenta por ciento. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad estructural y voluntaria para mantener el fondo habitacional, priorizando la inversión en sectores turísticos, inmobiliarios para extranjeros o infraestructura militar en detrimento del bienestar y la seguridad ciudadana.
Esta negligencia estatal se entrelaza con una política de represión sistemática contra cualquier forma de demanda social o protesta pacífica. La ocupación de inmuebles vacíos o estatales ha aumentado en los últimos años como método de supervivencia ante la inoperancia burocrática y la falta de alternativas. La dictadura, en lugar de reconocer su fracaso en la garantía del derecho a la vivienda, criminaliza la pobreza y la desesperación, utilizando a la policía y a los servicios sociales como herramientas de amedrentamiento para forzar el desalojo de familias vulnerables. Las amenazas de separar a los niños de sus madres por el simple hecho de buscar un techo seguro constituyen una grave violación de los derechos humanos y un claro ejemplo de la violencia institucional imperante.
Cierre: La responsabilidad recae sobre el Estado
Ante la pasividad y la hostilidad institucional, Elianet ha emitido una advertencia clara y valiente: responsabiliza directamente a las autoridades y a los funcionarios de cualquier daño que ella o su hijo puedan sufrir, ya sea por un desalojo forzoso o por la exposición a las condiciones climáticas y estructurales. Su demanda es elemental y constituye un derecho humano fundamental: obtener un espacio seguro donde vivir o, en su defecto, permanecer en el local que ella misma ha acondicionado con sus escasos recursos. Mientras tanto, la joven continúa resistiendo en la incertidumbre, sostenida únicamente por el instinto de protección maternal frente a un Estado que la ha abandonado a su suerte y que ahora busca castigarla por el delito de sobrevivir.
