El artista independiente Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, permanece tras las rejas víctima de un proceso judicial amañado por el régimen de La Habana. Pese a que los verdaderos responsables del delito que se le imputó inicialmente confesaron y no guardan relación con el activista, la maquinaria represiva ha fabricado nuevas cargas para mantenerlo en una prisión diseñada para pacientes con VIH, en un claro acto de tortura psicológica y represalia política contra su arte y su disidencia.
La detención de Almenares Rivera se produjo en su vivienda del municipio habanero La Lisa, en un operativo que su madre, Eva Rivera, describe como un asalto propio de la cacería de un criminal de alta peligrosidad. La acción se ejecutó sin citación previa y sin la exhibición de una orden judicial que justificara el arresto, lo que constituye una violación flagrante de las garantías procesales más elementales. El régimen, carente de argumentos legales, recurrió una vez más a la intimidación y la fuerza bruta para silenciar una voz incómoda dentro del panorama cultural independiente.
Días después del arresto, las fuerzas de la seguridad del Estado regresaron a la residencia del artista para ejecutar un segundo allanamiento. Irrumpieron vestidos con chalecos tácticos y portando armas largas, acompañados de vehículos de criminalística. Registraron minuciosamente la vivienda, tomaron fotografías y decomisaron pertenencias, aunque finalmente solo se llevaron una bandera, la cual fue devuelta posteriormente al no encontrar elementos incriminatorios. Este despliegue teatral evidencia la obsesión del aparato represivo por encontrar un subterficio legal para criminalizar la expresión artística.
El caso inicial contra Nando OBDC se vinculó de manera fraudulenta con un incendio registrado en las inmediaciones del Parque Lenin. En un primer momento, la policía política lo acusó de intento de sabotaje, alegando falsamente la existencia de huellas dactilares en el lugar de los hechos. Sin embargo, la narrativa colapsó cuando aparecieron los verdaderos responsables del siniestro, quienes confesaron su autoría y afirmaron no conocer en absoluto al artista independiente.
Ante la evidente inocencia de Almenares Rivera respecto al incendio, la dictadura optó por la reinvención del delito, una práctica habitual en el sistema judicial cubano cuando el objetivo primordial es mantener a un disidente tras las rejas. Le fue impuesta una nueva causa bajo el epígrafe de «propaganda contra bienes constitucionales», un cargo ambiguo y amplio utilizado recurrentemente para aniquilar la crítica social. Así, desprovisto de pruebas tangibles, el artista continúa privado de libertad.
La arbitrariedad del proceso quedó aún más al descubierto cuando la Gaceta de Cuba publicó una Requisitoria oficial sobre los sucesos del Parque Lenin. En el documento gubernamental, el nombre de Fernando Almenares Rivera no figura entre los acusados. Pese a esta omisión oficial que exime al artista de cualquier responsabilidad penal en el caso, el régimen de La Habana se niega a excarcelarlo, demostrando que su prisión responde a motivaciones estrictamente políticas y no a la aplicación de la justicia.
Actualmente, Nando OBDC se encuentra recluido en la prisel conocida como «Panamá», ubicada en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque. Este penal está destinado exclusivamente a reclusos que padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una condición que el artista no posee. La asignación a este centro constituye una medida de castigo adicional, buscando aislarlo en un entorno ajeno a su realidad médica y someterlo a condiciones de habitabilidad que agravan su ya precaria situación carcelaria.
Las autoridades penitenciarias intentaron obligar al artista a someterse a un tratamiento médico propio para pacientes con VIH, una exigencia que tanto él como su madre rechazaron de plano. Como represalia por su negativa a someterse a este abuso médico, la dirección del penal ha restringido severamente sus comunicaciones telefónicas, limitando el contacto con sus seres queridos. Este aislamiento forzado ha provocado un severo cuadro depresivo en el joven artista, quien sufre profundamente la separación de su entorno familiar.
Eva Rivera, madre del preso político, ha recorrido diversas instituciones oficiales en busca de una respuesta que ponga fin a este encierro injusto. Ha acudido a la oficina de Atención a la Ciudadanía en la Plaza de la Revolución, así como a las instalaciones de 100 y Aldabó, conocidas por ser el centro operativo de la policía política. En todos estos espacios, la respuesta ha sido el silencio cómplice y la indiferencia burocrática, confirmando que el sistema no reconoce derechos para aquellos que disienten del orden impuesto.
Las gestiones de la defensa legal también han chocado contra el muro de la intransigencia gubernamental. Las solicitudes para aplicar una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva han sido sistemáticamente denegadas por los tribunales, que actúan como meros instrumentos de la dictadura. La falta de independencia judicial en Cuba queda patente en casos como este, donde la presunción de inocencia es ignorada y la prisión se utiliza como herramienta de escarmiento anticipado.
Contexto: La maquinaria represiva y el uso de la salud como arma
El caso de Nando OBDC no es un suceso aislado, sino que se inscribe en la política sistemática de criminalización del arte independiente que ha intensificado el gobierno cubano en los últimos años. Desde la promulgación del Decreto 349 y los acontecimientos del 27 de noviembre, el régimen ha consolidado una estrategia para aniquilar cualquier manifestación cultural que escape al control del Estado. Los artistas que se atreven a reflejar la realidad nacional o a exigir libertades son etiquetados como enemigos y sometidos a hostigamiento, detención y encarcelamiento bajo figuras penales fabricadas.
La reclusión de un preso político en una cárcel destinada a pacientes con VIH revela un nivel de crueldad institucional que trasciende la simple privación de libertad. La dictadura cubana tiene un historial documentado de utilizar el sistema de salud y las condiciones penitenciarias como armas de control y tortura. Colocar a un individuo sano en un entorno de estas características no solo vulnera su integridad psicológica, sino que representa un riesgo para su salud física, exponiéndolo a infecciones oportunistas y negándole el derecho a una reclusión acorde a su estado de salud.
Además, el secuestro de la verdad judicial es una constante en la isla. La publicación de documentos oficiales que omiten el nombre del acusado, mientras este permanece en la cárcel bajo cargos derivados del mismo caso, demuestra el grado de improvisación y despotismo con que opera el aparato represivo. Los tribunales cubanos no juzgan hechos, sino lealtades políticas, y la fiscalía actúa como un brazo persecutorio que adapta las acusaciones a las necesidades de la Seguridad del Estado en cada momento.
El drama humano detrás de estas cifras y resoluciones judiciales recae sobre familias como la de Eva Rivera, quien ve cómo su único hijo es destruido lentamente por un sistema que castiga el pensamiento libre. La separación forzada, la angustia de no poder comunicarse y la impotencia ante la inacción de las instituciones generan un sufrimiento colateral que el régimen utiliza para infundir terror en la sociedad civil. Golpear a los familiares es una táctica disuasiva para evitar que otros se sumen a la disidencia.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan documentando estos abusos, pero la impunidad del régimen de La Habana persiste. Mientras la cúpula gobernante mantenga el monopolio de la violencia y el control absoluto sobre la vida de los ciudadanos, casos como el de Nando OBDC seguirán multiplicándose. Exigir su liberación inmediata e incondicional no es solo un acto de justicia hacia un artista, sino una demanda imperativa para frenar la maquinaria de aniquilación de la libertad que opera impunemente en Cuba.
