El artista independiente Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, permanece tras las rejas víctima de una causa fabricada por el regimen de La Habana. A pesar de que los verdaderos responsables del incendio en el Parque Lenin confesaron los hechos, la dictadura mantiene al activista en una prisión para enfermos de VIH, aplicando tácticas de tortura psicológica y aislamiento contra él y su familia.
La arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza marcaron el inicio del calvario de Nando OBDC. Según relata su madre, Eva Rivera, un grupo de fuerzas especiales irrumpió en su vivienda del municipio capitalino de La Lisa sin mediar citación previa ni orden judicial. Los agentes, pertrechados con chalecos antibalas y armas largas, trataron al creador como si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad. En un operativo digno de una cacería humana, revolvieron minuciosamente el inmueble, decomisaron pertenencias personales y se llevaron una bandera, la cual fue devuelta tiempo después al no encontrar ningún elemento incriminatorio que justificara tal despliegue represivo.
El caso policial que justificó su detención se vinculó inicialmente a un incendio registrado en las inmediaciones del Parque Lenin. En un primer momento, la policía política del gobierno cubano intentó imputarle el delito de intento de sabotaje, argumentando falsamente la existencia de huellas dactilares en el lugar de los hechos. Sin embargo, la narrativa oficial se desmoronó cuando los verdaderos autores del siniestro confesaron su responsabilidad, admitiendo además que ni siquiera conocían a Almenares Rivera.
Frente a la evidencia de la inocencia del artista, la maquinaria judicial de la isla recurrió a su método habitual: la invención de cargos. Al verse acorralada por la verdad, la dictadura modificó la imputación para encuadrarla en el delito de «propaganda contra bienes constitucionales», una figura jurídica ampliamente utilizada para silenciar la disidencia. De esta forma, sin pruebas contundentes y con los culpables ya identificados, el joven permanece privado de libertad, evidenciando que su único «delito» ha sido ejercer su activismo artístico al margen del control estatal.
La inconsistencia del proceso legal quedó aún más al descubierto cuando la Gaceta Oficial publicó una requisitoria detallando los sucesos relacionados con el incendio. Sorprendentemente, el nombre de Fernando Almenares Rivera no figura en el documento entre los acusados. No obstante, esta omisión oficial no ha servido para revertir su situación carcelaria, exponiendo la desconexión absoluta entre las publicaciones formales del Estado y la realidad represiva que se ejecuta en las sombras de los centros penitenciarios.
Actualmente, el artista se encuentra recluido en el penal conocido como Panamá, ubicado en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Este recinto está destinado específicamente a la reclusión de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una condición que Nando OBDC no padece. Las autoridades carcelarias intentaron someterlo a un tratamiento médico innecesario, lo cual fue rechazado de plano tanto por el preso como por su madre, quienes denunciaron esta acción como una forma de negligencia médica y castigo adicional.
Las condiciones de su encierro configuran un claro patrón de tortura psicológica. La madre del artista denuncia que su hijo enfrenta un aislamiento severo, con restricciones arbitrarias para realizar llamadas telefónicas y mantener contacto con el exterior. Esta privación de comunicación ha generado un profundo estado de depresión en el joven, quien sufre la angustia de la separación familiar y la incertidumbre de un proceso judicial amañado y sin garantías procesales.
El impacto de este encarcelamiento injusto trasciende los muros de la prisión y destruye el núcleo familiar. Eva Rivera describe con dolor cómo su hijo añora el hogar, preocupado especialmente por su abuela, quien enfrenta problemas de salud graves y ha perdido en gran medida la capacidad de reconocer a sus seres queridos. La interrupción abrupta de la vida familiar, tras meses de privación de libertad, representa una herida emocional difícil de reparar para todos los involucrados.
A pesar de los esfuerzos de la defensa legal y la presentación de múltiples solicitudes para cambiar la medida cautelar, el sistema judicial ha denegado sistemáticamente cualquier alternativa. La madre ha recorrido diversas instituciones del gobierno cubano, incluyendo la oficina de Atención a la Ciudadanía en la Plaza de la Revolución y los cuarteles de 100 y Aldabó, sin obtener respuestas concretas. Esta peregrinación burocrática refleja la política de invisibilización y abandono a la que son sometidos los presos políticos y sus familiares en la isla.
Con la voz quebrada por la impotencia y el dolor, Eva resume la crudeza de la situación: «Fernando es mi único hijo. Es mi vida. Y lo están destruyendo. Me lo están golpeando donde más me duele». Esta declaración encapsula la tragedia humana detrás de la represión estatal, donde el regimen de La Habana no solo castiga al individuo disidente, sino que utiliza el sufrimiento de sus seres queridos como instrumento de escarmiento y control social.
Contexto: La criminalización del arte independiente en Cuba
El caso de Nando OBDC no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la larga tradición represiva del regimen cubano contra la libertad de expresión y la creación artística independiente. Desde la implementación del Decreto 349 y los acontecimientos del 27 de noviembre, el gobierno cubano ha endurecido sus mecanismos de censura, tipificando como delitos las manifestaciones culturales que no se ajustan a la ortodoxia oficial.
La dictadura ha perfeccionado el uso del sistema penal como herramienta de control político. Es una práctica común fabricar causas penales comunes —como desórdenes, atentado, o sabotaje— para encausar a activistas, periodistas y artistas, evitando así la figura del preso político en los registros oficiales, aunque la naturaleza de la persecución sea claramente ideológica. Esta estrategia busca deslegitimar la labor de los disidentes ante la opinión pública, presentándolos como delincuentes comunes.
Además, el traslado de reclusos políticos a prisiones de máxima severidad o a centros con condiciones sanitarias inadecuadas —como es el caso del penal para pacientes con VIH— forma parte de las tácticas de castigo extrajudicial. El objetivo es doble: quebrar la voluntad del preso mediante el sufrimiento físico y psicológico, y enviar un mensaje intimidatorio a la sociedad civil sobre las consecuencias de oponerse al poder establecido.
Un grito de auxilio ante la indiferencia institucional
La denuncia de Eva Rivera trasciende el ámbito personal y se convierte en un testimonio contundente de la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Mientras las instancias internacionales y las organizaciones defensoras de los derechos civiles documentan estos abusos, el silencio cómplice de ciertos sectores permite que la maquinaria represiva continúe operando con total impunidad.
La lucha de esta madre por la libertad de su hijo refleja la resistencia de miles de cubanos que se enfrentan diariamente a un aparato estatal totalitario. La liberación de Nando OBDC y el cese de los montajes judiciales no son solo demandas de justicia individual, sino condiciones imprescindibles para el restablecimiento del estado de derecho en la isla, donde la creación artística y el pensamiento libre dejen de ser delitos castigados con cárcel y tortura.
