La inseguridad alimentaria en la isla ha alcanzado niveles críticos durante el último año, empujando a amplios sectores de la población a reducir su ingesta diaria de alimentos como única estrategia de supervivencia. Según un exhaustivo informe de la organización Food Monitor Program (FMP), el 25% de los cubanos ha tenido que acostarse con hambre al no poder consumir la cena, un indicador que refleja el fracaso absoluto del modelo económico y la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar el derecho básico a la alimentación.
El documento, titulado «En Cuba hay hambre (2024)», realiza una radiografía detallada sobre el acceso, disponibilidad, estabilidad y consumo de alimentos en el país. Los resultados de la encuesta de seguridad alimentaria revelan una realidad que las autoridades de la isla intentan minimizar en sus discursos oficiales: el 29% de la población se alimenta únicamente dos veces al día, mientras que un alarmante 4% logra ingerir solo una comida diaria. Esta extrema precariedad se concentra de manera severa en territorios como Artemisa y la Isla de la Juventud, seguidos por Mayabeque y Guantánamo, donde el abandono estatal es aún más evidente.
La privación del sueño y la nutrición ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma. El informe de FMP expone que, ante la interrogante sobre si la comida fue insuficiente y debieron irse a la cama con hambre, una cuarta parte de los encuestados respondió de manera afirmativa. Saltarse la cena ya no es una decisión voluntaria o un hábito dietético, sino una imposición derivada de la escasez generalizada y los precios inalcanzables en los mercados estatales y liberados.
El desgaste cotidiano y el colapso nutricional
La búsqueda de víveres se ha transformado en una labor a tiempo completo para la ciudadanía. El estudio detalla que los cubanos invierten entre 5 y 15 horas semanales en el mero intento de conseguir alimentos básicos, recorriendo múltiples mercados, aguantando largas colas y enfrentando la incertidumbre constante. Esta inversión de tiempo y energía física se da en un contexto donde el consumo de nutrientes esenciales es cada vez más precario, especialmente en lo referente a leguminosas, proteína animal y lácteos, elementos fundamentales que han desaparecido de la mesa del 60% de los hogares cubanos.
Como consecuencia directa de esta carestía, el 72% de las familias encuestadas ha tenido que resignarse a adoptar dietas alternativas que rayan en la malnutrición, basadas en altos contenidos de carbohidratos de baja calidad y carentes de las vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo humano. El impacto de esta dieta deficiente se traduce en un deterioro visible de la salud física y mental de la población, afectando el rendimiento académico de los estudiantes y la productividad laboral, en un círculo vicioso que profundiza la crisis nacional.
Una economía insostenible y servicios públicos en ruinas
El aspecto económico agrava dramáticamente la crisis alimentaria. El 42% de los hogares cubanos se ve obligado a destinar la totalidad de sus ingresos a la compra de comida, lo que deja un margen nulo para la educación, la salud, el vestido o el esparcimiento. Aún más alarmante es el dato que revela que un 25% de las familias debe gastar hasta cinco veces el valor del salario mínimo estatal, fijado en 2.150 CUP, para poder alimentarse. Esto demuestra la total desconexión entre los salarios pagados por el gobierno cubano y el costo real de la canasta básica, sumiendo a la población en una pobreza extrema.
A la imposibilidad de comprar alimentos se suma la dificultad para prepararlos. La inseguridad alimentaria está profundamente vinculada al colapso de la infraestructura estatal. El 71% de los hogares reportó sufrir apagones durante las horas pico de cocción, lo que impide preparar los alimentos incluso cuando se logran conseguir. A esto se añade que el 50% de la población denunció serias dificultades para el acopio y depósito de agua potable, un servicio esencial que las autoridades de la isla han dejado de garantizar de manera sistemática, obligando a los ciudadanos a depender de cisternas privadas o fuentes alternativas.
Responsabilidad estatal y rechazo a la narrativa oficial
Ante la pregunta sobre los responsables de la escasez y el desabastecimiento, la población ha sido clara en señalar la raíz del problema. Un 64% de los entrevistados responsabilizó directamente al Estado cubano por su deficiente administración y su modelo económico fallido. Otro 26% apuntó a la corrupción institucionalizada que impera en las altas esferas militares y civiles que controlan las empresas de importación y distribución. Solo un 8% adjudicó la culpa al embargo estadounidense, lo que supone un duro revés a la principal narrativa oficial que la dictadura cubana ha utilizado durante décadas para justificar sus propios fracasos en la gestión pública.
El descrédito del sistema de distribución estatal es absoluto. El 89% de los hogares considera que la oferta estatal de alimentos es insuficiente en variedad, mientras que el 97% manifestó su total insatisfacción con los productos entregados a través de la libreta de racionamiento en cuanto a cantidad, calidad y frecuencia. Este mecanismo, que en su momento fue presentado por el régimen como un logro de la equidad social, hoy funciona como una cobertura simbólica que no logra cubrir ni una semana de las necesidades mensuales de una familia.
Contexto y antecedentes de una crisis estructural
La actual crisis alimentaria no es un fenómeno repentino, sino la culminación de décadas de políticas económicas erróneas y de la centralización absoluta de la producción agrícola. Desde la caída del campo socialista en los años noventa, el ejecutivo cubano ha sido incapaz de revertir la dependencia de las importaciones de alimentos, a pesar de contar con tierras fértiles y recursos climáticos favorables. El monopolio estatal sobre la tierra, la restricción histórica a la libre comercialización por parte de los campesinos, y la falta de insumos básicos como fertilizantes y maquinaria, han asfixiado al sector agropecuario nacional.
El llamado «Ordenamiento Monetario» implementado en 2021, que prometía estabilizar la economía, en realidad disparó una hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La falta de respuesta efectiva por parte del gobierno cubano y la negativa a implementar reformas estructurales que liberalicen la economía y permitan la inversión privada en sectores estratégicos, han mantenido a la isla en un estado de postración económica. La dictadura cubana prefiere mantener el control político absoluto antes que ceder espacios de autonomía económica que podrían aliviar el hambre de su población.
El informe de FMP ratifica que esta crisis no solo se ha profundizado, sino que su influencia está presente de forma amplificada en las actividades cotidianas, afectando variables críticas como las relaciones sociales y familiares, la salud mental y física, y el tejido comunitario. El hambre está destruyendo lentamente el capital social de la nación.
Implicaciones a futuro
Las consecuencias de esta crisis alimentaria prolongada se proyectan de manera devastadora hacia el futuro inmediato. El hambre y la falta de perspectivas económicas se han consolidado como el principal motor del éxodo migratorio masivo que ha vaciado a Cuba de su fuerza laboral y juvenil en los últimos años. Mientras la población sobreviva en la incertidumbre de si podrá cenar o no, la estabilidad social se vuelve insostenible. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención a estos indicadores, ya que la negación del derecho a la alimentación no es solo una tragedia humanitaria, sino una vulneración sistemática de los derechos fundamentales que exige condena y un accionar urgente frente a un régimen que ha demostrado total desdén por el bienestar de sus ciudadanos.
