La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba han suscrito un convenio para el cruce de datos financieros mediante el uso de inteligencia artificial. Aunque el gobierno cubano lo presenta como una medida para evitar el fraude, la ausencia de mecanismos de transparencia y la subordinación de estos organismos al poder ejecutivo levantan serias sospechas sobre el verdadero alcance de esta herramienta de fiscalización masiva.
En un movimiento que refleja la creciente obsesión del Estado por controlar hasta el último centavo que circula en la isla, la jefa de la ONAT, Mary Blanca Ortega Barredo, y la contralora general, Mirian Marban González, han formalizado un acuerdo de interconexión de sistemas. A través de la plataforma informática INFOGESTI, ambas instituciones compartirán información financiera con el objetivo declarado de identificar posibles evasiones tributarias y fraudes. Sin embargo, en un país donde la libertad económica está severamente limitada, este tipo de iniciativas suelen enmascarar un reforzamiento de la maquinaria represiva y de control social.
La comunicación oficial, difundida por los medios estatales, sostiene que este intercambio de datos permitirá realizar auditorías «más efectivas» y concentrar los esfuerzos en áreas de mayor riesgo. El régimen de La Habana afirma que la medida promoverá la transparencia en el manejo de los recursos públicos y mejorará la rendición de cuentas. Resulta paradójico que una estructura de poder caracterizada por la opacidad absoluta en la gestión de sus empresas militares y conglomerados estatales, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), hable de transparencia cuando se trata de fiscalizar al ciudadano común y al incipiente sector privado.
El aspecto más preocupante de este convenio es la incorporación explícita de herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de análisis de datos para detectar irregularidades. La automatización de la fiscalización en manos de una dictadura elimina cualquier margen de discrecionalidad humana que, en ocasiones, podía servir como un respiro para el contribuyente acosado. La implementación de estas tecnologías no garantiza justicia tributaria, sino una persecución más rápida, fría y sistemática de aquellos que intentan sobrevivir en una economía estrangulada por las propias políticas del gobierno cubano.
Aunque la Contraloría ha señalado que se respetará el principio de confidencialidad y la legislación sobre protección de datos personales, la nota oficial omite detalles cruciales. No se precisó cuáles serán los límites concretos del acceso a la información, qué categorías de datos podrán cruzarse ni qué controles externos existirán sobre el uso de estos algoritmos. Más grave aún, no se estableció qué vías tendrán los contribuyentes para conocer, impugnar o corregir decisiones derivadas de análisis automatizados. En un sistema donde el acceso a la justicia es limitado y los tribunales responden a los intereses del Estado, el ciudadano queda completamente a merced de la máquina.
El alcance del convenio trasciende las simples auditorías programadas. La Contraloría podrá realizar consultas sobre informaciones de «trascendencia tributaria» para planificar auditorías anuales y llevar a cabo consultas eventuales sobre contribuyentes de interés dentro de acciones de control en curso. Esta redacción abierta otorga a las autoridades una licencia casi ilimitada para investigar a cualquier individuo o empresa privada que considere «de interés», un eufemismo que históricamente ha incluido a figuras críticas, emprendedores independientes y disidentes políticos.
Este endurecimiento del control tributario coincide con el vencimiento del plazo para declarar y pagar el impuesto sobre ingresos personales. En los últimos meses, la ONAT ha intensificado su presión sobre los contribuyentes, recordando las fechas límite para el pago de tributos sobre utilidades y dividendos. Esta ofensiva recaudadora se da en un contexto de crisis económica profunda, hiperinflación y empobrecimiento generalizado, donde el régimen busca desesperadamente captar ingresos sin ofrecer a cambio servicios públicos decentes ni bienestar social.
El marco legal que ampara estas acciones es el mismo que sustenta el sistema de control superior del Estado. La Constitución cubana otorga a la Contraloría General la misión de velar por la administración de los fondos públicos, pero también establece que esta institución se subordina directamente al Presidente de la República. Esta falta de independencia funcional real significa que la Contraloría no es un ente imparcial que vigila al gobierno, sino un brazo del propio régimen encargado de vigilar a la sociedad y a las empresas que no pertenecen a la élite militar.
La legislación vigente y las normativas que regulan el sistema tributario configuran un escenario donde la Administración Tributaria actúa como un instrumento de presión política y económica. El nuevo convenio con la ONAT no hace más que potenciar esta capacidad de coacción. Para las pequeñas y medianas empresas privadas, que ya operan en un entorno hostil con constantes cambios normativos, restricciones de importación y acoso burocrático, la implementación de sistemas de inteligencia artificial representa una amenaza adicional a su ya precaria supervivencia.
Contexto sobre el sistema tributario y el control estatal en Cuba
El sistema tributario en la isla fue diseñado en una época de economía centralmente planificada y ha sido adaptado a trompicones para intentar encajar en un escenario donde el sector privado ha cobrado una relevancia forzada por la crisis. La ONAT, junto al Ministerio de Finanzas y Precios, se encarga de la gestión, recaudación y fiscalización de estos tributos. Sin embargo, la carga impositiva es desproporcionada respecto a los ingresos reales de la población y las capacidades productivas del país, funcionando más como un mecanismo de confiscación que de recaudación para el desarrollo.
La Contraloría General de la República, por su parte, opera bajo una estructura vertical que abarca desde el nivel nacional hasta las provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Aunque su mandato constitucional habla de transparencia, la realidad es que sus auditorías rara vez tocan las esferas más altas del poder o las finanzas de las empresas gestionadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El control se ejerce de arriba hacia abajo, centrando su atención en el sector estatal civil y en el sector privado emergente, considerado por la ideología oficial como un terreno de riesgo para la hegemonía del modelo socialista.
En este panorama, el anuncio del uso de inteligencia artificial para el cruce de datos financieros no puede analizarse como una simple modernización tecnológica. Se inscribe en una estrategia más amplia de vigilancia y disciplinamiento social. El régimen de La Habana ha demostrado repetidamente su capacidad para utilizar cualquier herramienta a su alcance —desde la represión policial directa hasta la asfixia económica— para mantener su poder. La fiscalización algorítmica es solo la última capa de un sistema diseñado para impedir el enriquecimiento autónomo de la ciudadanía y garantizar que el Estado mantenga el monopolio absoluto de los recursos.
Reflexión final
La implementación de tecnologías de inteligencia artificial por parte de la ONAT y la Contraloría es un paso más hacia la consolidación de un Estado fiscalizador absoluto. Mientras el gobierno cubano exige rendición de cuentas a los ciudadanos y emprendedores bajo la amenaza de algoritmos punitivos, las élites del régimen continúan operando en la más absoluta impunidad. La verdadera evasión y el fraude más escandaloso no se encuentran en las declaraciones de impuestos de los trabajadores o de las pequeñas tiendas privadas, sino en el manejo obsceno de los recursos nacionales por parte de la cúpula militar y política.
La promesa de transparencia que acompaña a este nuevo convenio es un vacío discurso retórico. En ausencia de libertades civiles, libertad de prensa y una verdadera separación de poderes, la inteligencia artificial no servirá para erradicar la corrupción, sino para perfeccionar el control de la dictadura sobre la economía de supervivencia de los cubanos. La modernización del aparato represivo, disfrazada de eficiencia administrativa, confirma que las prioridades del régimen siguen siendo la contención social y la extracción de riqueza, antes que el desarrollo y la prosperidad de la nación.
