La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba han suscrito un convenio que integra herramientas de inteligencia artificial para el cruce de datos financieros. Bajo el pretexto de combatir la evasión fiscal, el gobierno cubano consolida un aparato de vigilancia automatizada que opera sin salvaguardas ni mecanismos de transparencia, levantando serias alarmas sobre el uso de la tecnología como instrumento de represión económica por parte de la dictadura.
El régimen de La Habana ha dado un paso más en la modernización de su aparato coercitivo mediante la firma de un acuerdo entre la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC). El convenio, suscrito por las máximas representantes de ambas instituciones, Mary Blanca Ortega Barredo y Mirian Marban González, establece el acceso compartido a sistemas informáticos y bases de datos financieros con el supuesto objetivo de identificar posibles fraudes y evasiones tributarias. Sin embargo, la naturaleza cerrada del sistema político cubano sugiere que esta iniciativa responde más a una estrategia de control social y asfixia económica que a una genuina política de transparencia.
Según los reportes de la prensa oficialista, el cruce de información se llevará a cabo a través del sistema informático INFOGESTI. El gobierno cubano ha justificado esta medida argumentando que facilitará la realización de auditorías «más efectivas», permitirá concentrar esfuerzos en áreas de mayor riesgo y evitará duplicidades entre las instituciones involucradas. No obstante, en un país donde la rendición de cuentas es un concepto vacío de contenido real y donde los fondos públicos son administrados con absoluta opacidad por la cúpula militar, el discurso oficial sobre la promoción de la transparencia resulta profundamente cínico.
El aspecto más preocupante de este convenio es la incorporación explícita de herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de análisis de datos para detectar irregularidades. La utilización de tecnologías automatizadas en procesos de fiscalización tributaria por parte de una dictadura representa una amenaza directa para los ciudadanos. La inteligencia artificial, en manos de un régimen que no tolera la disidencia y que controla todos los resortes del poder, se convierte en un arma de persecución selectiva, capaz de estrangular económicamente a cualquier emprendedor o sector privado que se salga de los estrechos márgenes permitidos por el Estado.
La Contraloría General ha asegurado que durante la aplicación del acuerdo se respetará el principio de confidencialidad y la legislación sobre protección de datos personales. Empero, las promesas de privacidad emitidas por el gobierno cubano carecen de toda credibilidad. La nota oficial omite deliberadamente precisar cuáles serán los límites concretos del acceso a la información, qué categorías de datos podrán cruzarse, qué controles externos existirán sobre el uso de estos algoritmos y, lo que es más grave, qué vías tendrán los contribuyentes para conocer, impugnar o corregir decisiones derivadas de estos análisis automatizados.
Este endurecimiento del control fiscal coincide con el reciente vencimiento del plazo para declarar y pagar el impuesto sobre ingresos personales, así como los tributos sobre utilidades y dividendos. En un contexto de crisis económica profunda, inflación galopante y escasez generalizada, el régimen opta por apretar la tuerca fiscal sobre una población que apenas logra sobrevivir. La presión recaudatoria se ejerce sobre todo contra el sector no estatal, que ha emergido no por voluntad del régimen, sino por el fracaso absoluto del modelo económico socialista y la incapacidad del Estado para proveer bienes y servicios básicos.
El marco legal que ampara estas acciones es tan retórico como la propia Constitución cubana. Aunque la Carta Magna vigente otorga a la Contraloría General la misión de velar por la administración de los fondos públicos y establece su «independencia funcional», la realidad es que esta institución se subordina directamente al Presidente de la República. En un sistema totalitario, ninguna entidad estatal goza de independencia genuina; todas responden a los intereses del partido único y de la élite militar que gobierna la isla. La legislación tributaria y de control superior son simplemente instrumentos jurídicos diseñados para blindar el monopolio del poder.
El nuevo convenio refuerza la capacidad de la Contraloría para acceder a información tributaria y financiera dentro de acciones de auditoría y control estatal, abarcando no solo auditorías programadas, sino también consultas eventuales sobre contribuyentes de «interés» dentro de acciones de control en curso. Esta ambigüedad terminológica abre la puerta a la arbitrariedad. Un contribuyente de «interés» puede ser cualquier ciudadano que haya expresado críticas al régimen, cualquier micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) que haya superado en eficiencia a las empresas estatales, o cualquier figura que represente una amenaza simbólica para la narrativa oficial.
Contexto: El ahogo económico como herramienta de dominación
Para comprender la magnitud de esta medida, es indispensable observar el contexto en el que se desarrolla. Cuba atraviesa la peor crisis económica de las últimas tres décadas, producto de la ineficiencia estructural del modelo centralizado, el endurecimiento del embargo estadounidense y la caída de los ingresos por turismo y remesas. Ante la imposibilidad de generar riqueza, el régimen de La Habana ha centrado sus esfuerzos en la extracción de recursos de la población mediante la emisión monetaria inorgánica y la presión fiscal implacable.
La expansión del sector privado en la isla fue una concesión forzada por la necesidad, no un acto de liberalización ideológica. El gobierno cubano ha mirado siempre con recelo y desconfianza a los cuentapropistas y a las nuevas Mipymes, considerándolos focos potenciales de autonomía económica y, por ende, de peligro político. La implementación de sistemas de inteligencia artificial para el control tributario se inscribe en esta lógica de contención: permitir que el sector privado crezca lo suficiente para sostener la economía, pero manteniéndolo bajo una vigilancia asfixiante para evitar que acumule poder o independencia.
Históricamente, la dictadura ha utilizado el aparato estatal para la represión política y la intimidación. La inteligencia artificial y el big data representan la evolución tecnológica de estos métodos autoritarios. Mientras en democracias consolidadas el uso de algoritmos en la administración pública genera intensos debates éticos y legislativos, en Cuba su implementación se hace de forma unilateral, sin debate parlamentario, sin sociedad civil que la fiscalice y sin un poder judicial independiente que pueda proteger al ciudadano de los abusos del Estado.
La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos en Cuba es escandalosa. Las empresas estatales, gestionadas por la cúpula militar a través de conglomerados empresariales, operan en una caja negra insondable para el ciudadano común. Resulta paradójico y profundamente injusto que el régimen despliegue tecnología de punta para escudriñar hasta el último centavo de los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia, mientras las fortunas y los flujos financieros de la élite castrense permanecen totalmente exentos de cualquier escrutinio público real.
El futuro de las libertades económicas bajo el prisma algorítmico
La firma de este acuerdo entre la ONAT y la Contraloría General marca un antes y un después en la relación entre el Estado cubano y el contribuyente. La automatización del control fiscal elimina los márgenes de discrecionalidad humana que, en ocasiones, permitían ciertas negociaciones o tolerancias en la base. Ahora, el algoritmo no entiende de contextos socioeconómicos, de las dificultades para adquirir insumos en el mercado negro ni de las distorsiones del sistema bancario nacionalizado. El algoritmo simplemente detecta patrones de evasión y activa la maquinaria punitiva del Estado.
Para los ciudadanos de a pie, esto se traduce en un incremento del miedo y la incertidumbre. La posibilidad de que el gobierno cubano cruce datos bancarios, declaraciones de impuestos y movimientos comerciales a través de inteligencia artificial genera un efecto disuasorio sobre cualquier intento de prosperidad. La dictadura consolida así su mensaje subliminal: el éxito individual no está permitido más allá de los límites que el propio régimen establezca, y cualquier desviación será detectada y castigada con la frialdad de la tecnología.
En definitiva, la integración de la inteligencia artificial en los procesos de fiscalización tributaria es una clara muestra de las prioridades del régimen de La Habana. En lugar de utilizar la tecnología para modernizar la economía, mejorar los servicios públicos o facilitar los trámites a los ciudadanos, el gobierno cubano la emplea para perfeccionar su maquinaria de control y extracción. Es un recordatorio demoledor de que, en la Cuba actual, el Estado no es un garante del bienestar, sino el principal obstáculo para el desarrollo y la libertad de su pueblo.
