El gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial una nueva resolución que obliga a más de 1.700 trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas dedicadas a la teneduría de libros a reportar presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento al \»terrorismo\», ampliando así el estricto control estatal sobre la incipiente economía privada de la isla.
La Resolución 86/2026, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios y firmada por el titular Vladimir Regueiro Ale, entró en vigor con su publicación oficial. La norma establece un nuevo procedimiento de atención, supervisión y control que convierte a los contadores independientes en \»sujetos obligados\» para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En la práctica, esta medida impone a los profesionales de la contabilidad el deber de investigar a sus propios clientes, identificar el \»beneficiario final\» del negocio y conservar toda la documentación sensible durante un periodo de cinco años tras finalizar la relación contractual.
El ejecutivo cubano ha encomendado a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) la tarea de advertir a estos actores económicos sobre sus nuevas responsabilidades durante el proceso de inscripción. Asimismo, se ha diseñado un sistema de supervisión escalonado que abarca desde el nivel nacional, a través del Ministerio de Finanzas, hasta las direcciones provinciales y municipales. Cualquier operativa que levante sospechas deberá ser reportada de inmediato a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, bajo la estricta prohibición de revelar a los clientes que están siendo investigados.
Ampliación de la vigilancia estatal sobre el sector no estatal
La implementación de esta normativa trasciende la mera actualización legal y se inserta en el contexto de asfixia financiera y control absoluto que la dictadura cubana ejerce sobre el sector privado. Bajo el pretexto de combatir delitos internacionales, el régimen de La Habana instrumentaliza la burocracia para monitorear de cerca las finanzas de las mipymes y trabajadores por cuenta propia, los únicos sectores que han logrado mantener cierta dinámica económica en medio del profundo colapso productivo y la hiperinflación que sufre el país.
Esta nueva capa de vigilancia no solo criminaliza la gestión administrativa de los emprendedores, sino que impone un clima de desconfianza y autocensura dentro del ya asfixiado mercado interno. Al forzar a los tenedores de libros a actuar como auditores del Estado frente a sus propios clientes, las autoridades de la isla profundizan la incertidumbre jurídica y desincentivan la inversión privada, enviando un mensaje claro a la comunidad internacional y a los empresarios locales sobre la inviabilidad de operar con garantías bajo el actual modelo autoritario.
