Trabajadores del sector del transporte y la entrega en Santa Clara han denunciado un alarmante incremento de los asaltos violentos, engaños y agresiones por parte de grupos de encapuchados que buscan despojarlos de sus vehículos. La situación, que ya ha llevado a más de uno a declarar que «se salvó de milagro», expone la profunda crisis de seguridad ciudadana que atraviesa la isla y la incapacidad de las autoridades para garantizar la integridad física y patrimonial de los cubanos.
El fenómeno de la inseguridad ciudadana ha dejado de ser una anomalía aislada para convertirse en una realidad cotidiana en las principales ciudades de Cuba. En el caso de Santa Clara, los repartidores —que en su mayoría trabajan de manera independiente o mediante aplicaciones de mensajería informal— se han convertido en objetivos prioritarios para el hampa. Los testimonios coinciden en describir un modus operandi que va desde la simulación de pedidos falsos hasta los ataques coordinados por varias personas en puntos estratégicos y poco iluminados de la geografía urbana.
Uno de los afectados, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, relató cómo fue víctima de un intento de robo que casi le cuesta la vida. «Me salvé de milagro», afirmó el repartidor, explicando que al llegar a una dirección suministrada por un supuesto cliente en las afueras de la ciudad, fue recibido por un grupo de individuos encapuchados que intentaron reducirlo para arrebatarle su motocicleta, herramienta fundamental para su sustento diario. Solo la rapidez de su reacción y un fallo en la maniobra de los asaltantes le permitieron escapar del lugar.
El colapso económico como caldo de cultivo para la violencia
Este tipo de incidentes no puede desvincularse del contexto de profunda crisis estructural que sufre el país. El régimen de La Habana ha demostrado una y otra vez su incapacidad para gestionar la economía nacional, sumiendo a la población en una pobreza extrema, hiperinflación y un desabastecimiento crónico de bienes básicos. En este escenario de desesperación social, el incremento de la delincuencia es una consecuencia directa de las políticas fallidas que han empobrecido a la nación durante décadas.
Para muchos repartidores, el vehículo que utilizan no es solo un medio de transporte, sino un capital de trabajo adquirido muchas veces con ahorros de toda la vida o mediante remesas de familiares en el exilio. Perder una motocicleta o un triciclo frente a la arremetida delictiva significa la ruina económica inmediata para estas familias. Sin embargo, el gobierno cubano no ofrece ningún tipo de crédito, seguro estatal o mecanismo de protección para estos trabajadores del sector informal, que hoy sostienen gran parte de la frágil economía de supervivencia de la isla.
La respuesta institucional ante esta crisis de seguridad ha sido prácticamente nula. Las autoridades de la isla han reducido la presencia polencial en las calles, en parte debido a la falta de recursos para el combustible y el mantenimiento de las patrullas, y en parte porque el aparato represivo del Estado está mayormente enfocado en la vigilancia, el hostigamiento y el amedrentamiento de activistas políticos y periodistas independientes. Mientras la dictadura cubana destina sus fuerzas de seguridad a perseguir la disidencia, los ciudadanos comunes quedan a merced de la delincuencia común.
Un gremio desprotegido bajo el yugo burocrático
Los conductores y repartidores han comenzado a organizar redes de alerta temprana a través de mensajería instantánea, advirtiéndose mutuamente sobre las zonas peligrosas y los números de teléfono sospechosos. Esta autoorganización surge como una respuesta de supervivencia ante el vacío de poder y la inoperancia burocrática. El gobierno cubano, en lugar de facilitar un marco legal que proteja a estos trabajadores, impone pesadas cargas tributarias y regulaciones absurdas que asfixian el cuentapropismo, mientras ignora los riesgos físicos a los que están expuestos.
Los relatos de engaños son cada vez más sofisticados. Los delincuentes utilizan la confianza inherente que requiere el servicio de entrega a domicilio para tender trampas. Hacen pedidos a nombres falsos, a direcciones que corresponden a solares abandonados o casas deshabitadas, y una vez que el repartidor llega al lugar, es rodeado por grupos de entre tres y cinco personas, muchas veces armadas con palos, cuchillos o armas blancas improvisadas. La agresión física no solo busca someter a la víctima, sino infundir el terror suficiente para que no ofrezca resistencia.
El clima de terror psicológico que se respira en las calles de Santa Clara es replicable en La Habana, Santiago de Cuba o Holguín. Los repartidores se ven obligados a imponerse «toques de queda» personales, rechazando pedidos después del anochecer o negándose a transitar por barrios periféricos. Esta autorestricción afecta directamente a la población, que depende de estos servicios para obtener alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad en un mercado negro en plena expansión, ante el colapso total del comercio estatal.
La narrativa oficial del régimen de La Habana insiste en proyectar una imagen de Cuba como un destino seguro y pacífico, principalmente para salvaguardar el turismo, una de las pocas fuentes de ingresos de divisas que le quedan al Estado. Sin embargo, la realidad de los barrios cuenta otra historia. La impunidad con la que operan las pandillas y los asaltantes evidencia un agotamiento del tejido social, producto de la descomposición institucional que genera todo sistema totalitario cuando entra en su fase de decadencia terminal.
Consecuencias y perspectivas futuras
De no mediar un cambio estructural profundo, la espiral de violencia y criminalidad continuará en ascenso. La inseguridad ciudadana se suma a los apagones, la escasez de agua, el colapso del sistema de salud y la represión política, conformando un cuadro de país fallido. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a esta dimensión de la crisis cubana, entendiendo que el abandono al que el poder somete a su población es, en sí mismo, una violación sistemática de los derechos fundamentales.
Finalmente, los hechos ocurridos en Santa Clara son un sintoma más de la tragedia cubana. Los repartidores que cada día arriesgan su vida para llevar un plato de comida a sus hogares lo hacen no solo enfrentando la delincuencia, sino también la indiferencia de una dictadura que los explota, los limita y los abandona a su suerte. La salvación de estos ciudadanos no vendrá de un milagro, sino del inevitable cambio democrático que devuelva el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la paz social a Cuba.
