Las recientes operaciones del Ministerio del Interior contra supuestos «financistas» y empresas privadas en Cuba despojan al gobierno cubano de su discurso anti-corrupción para revelar una urgencia mucho más profunda: la desesperada apropiación de las remesas y los dólares que escapan a su monopolio militar. Lo que se presenta como un golpe a la ilegalidad es, en realidad, una ofensiva estructural contra cualquier atisbo de autonomía financiera en la isla.
El régimen de La Habana ha tardado poco en mostrar sus verdaderas intenciones tras la reciente persecución a operadores financieros informales. La cacería, presentada bajo el eufemismo de la lucha contra el «tráfico de divisas», tiene un único y palpable objetivo: capturar los dólares que no caen en las redes oficiales de captación. No se trata de un volumen superior al que el Estado extrae mediante la dolarización parcial, los impuestos asfixiantes, la intermediación en las importaciones, los corralitos financieros o las ayudas externas, pero son recursos que, aunque no les pertenecen, la cúpula dirigente considera de su propiedad por el simple hecho de existir dentro de las fronteras nacionales.
Bajo la acusación de ilícitos financieros, el gobierno cubano ha puesto sus miras en los llamados «financistas» y en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que recurrían a ellos para evadir el verdadero bloqueo: el interno. Este cerco administrativo y económico es el único obstáculo real para el crecimiento del sector privado en la isla, un muro levantado por el propio régimen para impedir que la iniciativa privada escape a su control. De paso, la ofensiva golpea directamente a las remesas, un flujo económico que representa un nudo en la garganta para la dirigencia comunista.
El rechazo a las remesas no responde únicamente a la insaciable ambición de la dictadura por acaparar toda la divisa disponible, sino también a su procedencia. Estos fondos llegan fundamentalmente desde la comunidad exiliada, históricamente demonizada por el poder. Pero más allá del origen, el peligro radica en la relativa independencia económica que proporcionan. Para un sistema que utiliza la pobreza inducida y generalizada como método primario de sometimiento social, que un ciudadano reciba dólares directamente, sin pasar por los filtros estatales, es una «intrusión» inaceptable.
Los dólares que llegan a las manos del remesado sin pasar por los mecanismos de desvalorización y apropiación de GAESA —el conglomerado empresarial militar que controla la economía cubana— son un desafío al statu quo. Al no ser transformados en MLC o en pesos cubanos a tasas usurarias, el Estado pierde la capacidad de rastrear en tiempo real a qué manos llegan ni el uso final que se les dará. Para una dictadura que teme profundamente cualquier gesto de independencia y desobediencia civil, el dinero incontrolable es una amenaza a la seguridad del régimen.
La situación de las MIPYMES es igualmente reveladora de la lógica del poder en Cuba. Estas entidades son creadas con el consentimiento del gobierno, un permiso que jamás puede faltar, pero su existencia está condicionada a no prosperar demasiado. El régimen les permite operar para aliviar la presión social, pero les prohíbe crecer y articularse con otras empresas para crear grupos de fuerza económica. Una empresa privada que supera su estimado tiempo de vida útil y no firma un pacto de «lealtad» tácito, pasa automáticamente a ser considerada una amenaza potencialmente enemiga.
Cuando estas empresas no quiebran por los innumerables obstáculos impuestos desde arriba —impuestos confiscatorios, auditorías selectivas, multas arbitrarias y hasta estrictas cuotas de consumo eléctrico—, el aparato estatal se encarga de fabricarles un caso penal. La reciente redada contra un «financista» y las MIPYMES vinculadas en Camagüey es la prueba más concluyente de esta ofensiva. Es una fase más de una estrategia integral para recuperar el control absoluto sobre remesas, remesadores y el sector privado emergente.
La hipocresía de esta cruzada es manifiesta. Mientras el Ministerio del Interior exhibe y sanciona al «financista» informal, ignora que en la misma ciudad de origen operan, desde hace décadas, empresas con esquemas similares e incluso más turbios. Muchas de estas compañías de envíos y recargas telefónicas están evidentemente articuladas con entidades del castrismo como Palco S.A. y ETECSA, funcionando como offshores y testaferros. El mensaje es claro: el «delito» no radica en la acción de traficar divisas, sino en con quién se hace y en la ausencia de un pacto de sumisión con la dictadura.
Todas las MIPYMES, para existir y sobrevivir, están obligadas a «traficar» y conseguir dólares en el mercado informal. No existe otra forma de operar frente a la ausencia de un mercado cambiario oficial y realista, y ante los estrangulamientos de los corralitos financieros. Las empresas de remesas en el extranjero también necesitan de estos mecanismos «ilegales» para mantener sus operaciones. Sin embargo, para aquellas que pactan con el régimen existe un tratamiento especial y una impunidad garantizada, mientras que las independentes sufren severos ajustes de cuentas.
Esta ofensiva no es un hecho aislado. Se inscribe en una cadena de eventos que incluye el oscuro caso del exministro Alejandro Gil, sobre quien pesan acusaciones diseñadas más como distracción que como ajuste de cuentas reales. También abarca la persecución a los medios independientes que monitorean el mercado informal de divisas, y el endurecimiento del corralito financiero contra los empresarios privados. Todo perfila un único y desesperado objetivo: la captura de dólares y el control total de las remesas.
El contexto económico y el monopolio de la miseria
Para comprender la magnitud de esta ofensiva, es necesario observar el panorama económico cubano. La isla atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente, exacerbada por el fracaso de la llamada «Tarea Ordenamiento» y la incapacidad del régimen para generar riqueza por vías productivas. En este vacío, la economía se sostiene artificialmente sobre el flujo de remesas y la dolarización parcial, un sistema que el gobierno utiliza para extraer divisas sin ofrecer contrapartidas reales en el mercado nacional. La creación de las MIPYMES fue una concesión tardía para tapar la profunda crisis de abastecimiento, pero el régimen nunca diseñó un marco legal coherente para su funcionamiento financiero, empujándolas de facto a la informalidad.
El conglomerado GAESA, brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mantiene un monopolio sobre el comercio mayorista, las importaciones y el sector turístico. Esta estructura militarizada no tolera la competencia. Cuando el sector privado comienza a desplazar a las empresas estatales en la captación de divisas y en el abastecimiento a la población, el régimen activa su maquinaria represiva. La pobreza no es una consecuencia accidental de la mala gestión, sino una herramienta de control político. Las fuerzas represivas mismas son sometidas a un sistema de «privilegios» otorgados por lealtad —desde viviendas hasta electrodomésticos básicos— en lugar de salarios dignos, garantizando así su obediencia al aparato coercitivo.
Cierre
Las verdaderas intenciones del régimen han quedado al descubierto en esta cacería financiera, ejecutada con una torpeza que evidencia la desesperación de la cúpula. El gobierno cubano está dispuesto a ahogar las escasas vías de supervivencia económica de la población con tal de mantener su hegemonía sobre el flujo de divisas. Al criminalizar la necesidad y perseguir la independencia económica, la dictadura profundiza el colapso nacional, demostrando una vez más que, para el castrismo, el control político absoluto siempre estará por encima del bienestar y la supervivencia de los cubanos.
