La Seguridad del Estado ha vuelto a ejercer su práctica habitual de fabricación de delitos para silenciar voces incómodas. El comunicador independiente Ángel Cuza Alfonso enfrenta una acusación absurda de tenencia de explosivos, en un claro ajuste de cuentas por su labor informativa y un intento de vincular a la disidencia pacífica con el terrorismo.
En el entramado policial de la dictadura cubana, las casualidades no existen. Los operativos de la policía política suelen estar finamente calibrados para coincidir con efemérides sensibles o aniversarios de eventos que el régimen de La Habana prefiere mantener en el olvido o distorsionar. El reciente arresto del reportero independiente y artista Ángel Cuza Alfonso se inscribe en esta lógica perversa de persecución selectiva y escarmiento sistemático.
Cuza Alfonso ha sido procesado bajo la grave acusación de «portación y tenencia ilegal de armas y explosivos». Sin embargo, el supuesto sustento probatorio para tan severo cargo se reduce a unos cuantos casquillos de bala, artefactos inofensivos que el propio comunicador ha negado poseer. Esta desproporción entre el delito imputado y la supuesta evidencia revela el carácter burdo de un montaje policial destinado a justificar su reclusión y manchar su reputación.
La dictadura recurre a la criminalización de la oposición como herramienta principal para neutralizar el activismo y el periodismo independiente. Al etiquetar a Cuza con cargos asociados al terrorismo o la violencia, el gobierno cubano busca sembrar en el imaginario colectivo una asociación directa entre la disidencia y el caos, una narrativa que le resulta útil para presentarse ante la comunidad internacional como la única garantía de estabilidad en la Isla.
Esta estrategia de manipulación mediática es complementaria al silenciamiento físico de los reporteros. El acoso contra Ángel Cuza no es un fenómeno aislado, sino la continuación de una política de Estado orientada a impedir que la realidad cubana trascienda sin los filtros de la censura oficial. El régimen no tolera la labor de quienes documentan su ineficacia y su brutalidad, y por ello construye expedientes fraudulentos para apartarlos de la esfera pública bajo el peso de falsos delitos comunes.
El pecado original: informar desde el epicentro del desastre
La animadversión de la Seguridad del Estado hacia Cuza Alfonso tiene raíces profundas y bien documentadas. El comunicador adquirió una notoriedad incómoda para el poder al ser el primero en transmitir en directo las primeras imágenes y reportar la noticia de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Su inmediatez frustró el monopolio informativo del régimen sobre una tragedia de enormes proporciones humanas y materiales.
La cobertura de Cuza impidió que la maquinaria propagandística del gobierno cubano maquillara los hechos a su antojo, tal como lograron hacer posteriormente con la tragedia de los depósitos de combustible en Matanzas. La transmisión en tiempo real expuso al mundo la magnitud del desastre y la falta de capacidad de las instituciones estatales para gestionar la emergencia, desmoronando la fachada de seguridad y eficiencia que el castrismo vende al exterior, especialmente en el estratégico sector turístico.
A pesar de que la versión oficial terminó imponiendo la narrativa de un mero accidente, el régimen nunca perdonó la afrenta de la transparencia. Hasta la fecha, no ha trascendido ningún informe pericial definitivo sobre el caso Saratoga, un silencio que oculta la responsabilidad penal y civil de altos funcionarios de la empresa militar GAESA y otras entidades estatales en la muerte de casi medio centenar de personas. La impunidad de los verdaderos responsables contrasta de forma escandalosa con el ensañamiento contra quien osó informar.
El régimen de La Habana se beneficia de la ambigüedad. Aunque le convino la tesis del accidente para proteger el mito de su supuesta estabilidad política, también ha permitido de forma subliminal que circule la sospecha para dañar a la disidencia. La detención de Cuza cerca del aniversario de la tragedia busca reforzar esa falsa ecuación «oposición-violencia», un imaginario totalmente desvinculado de la realidad, donde la inmensa mayoría de los grupos opositores cubanos, como el propio Cuza, han elegido de forma inquebrantable las vías cívicas y pacíficas.
La fabricación de delitos como política de Estado
El expediente de persecución contra Ángel Cuza es extenso y evidencia la naturaleza vengativa de la dictadura. En el pasado, el periodista ya había cumplido más de un año de prisión por el «delito» de filmar una cola de compra, una muestra palpable del absurdo normativo y la arbitrariedad con la que operan las autoridades cubanas para castigar la incomodidad política y la incomodidad mediática.
Para el régimen, una información veraz y oportuna, que no pase por la criba de la Seguridad del Estado, constituye una amenaza mayor que cualquier artefacto explosivo. La dictadura es consciente de que no puede reconocer ante el mundo que encarcela a profesionales por ejercer el periodismo, por lo que necesita recurrir a pretextos penales para maquillar la represión política con ropaje jurídico, utilizando términos graves como «terrorismo» por su efecto nocivo en la percepción pública, a sabiendas de la ridiculez de las pruebas presentadas.
La detención actual es un mensaje doble y una advertencia para el gremio. Por un lado, refresca la memoria sobre el castigo a quienes se atreven a saltarse la censura. Por otro, es un acto de revancha contra un ciudadano que, armado únicamente con un teléfono y su compromiso con la verdad, obligó al régimen a exhibir su mediocridad y su incapacidad para garantizar la seguridad de su propia población y de los visitantes extranjeros en sus instalaciones de lujo.
Contexto: El asedio al periodismo independiente en Cuba
El caso de Ángel Cuza Alfonso es un reflejo exacto de la situación crítica que atraviesa la libertad de prensa en Cuba. La Isla figura sistemáticamente en los últimos puestos de los índices internacionales de libertad de expresión. La Constitución cubana, reformada en años recientes, reconoce en teoría la libertad de prensa, pero en la práctica, la legislación penal y la represión policial anulan cualquier atisbo de pluralismo informativo, criminalizando la labor de quienes no responden a los dictados del Partido Comunista.
Los periodistas independientes operan en una constante línea de fuego. Sujetos a allanamientos, confiscación de equipos de trabajo, arrestos arbitrarios y procesos judiciales amañados, los comunicadores cubanos ejercen su profesión bajo el riesgo permanente de ser encarcelados. La dictadura ha perfeccionado un mecanismo de asfixia financiera, legal y digital para impedir la sostenibilidad de los medios alternativos que intentan cubrir la realidad nacional al margen del aparato estatal.
La criminalización de la labor informativa se ha agravado en el contexto de crisis sistémica que sufre el país. Ante el deterioro de las condiciones de vida, el éxodo masivo, las frecuentes protestas sociales y la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer respuestas estructurales, la represión se ha intensificado. La Seguridad del Estado prioriza el silenciamiento de las voces que documentan el fracaso del modelo, recurriendo a tácticas de terrorismo de Estado para infundir miedo, aislar a los reporteros y desalentar la labor de denuncia ciudadana.
Un cierre de cuentas con la verdad
La fabricación de cargos contra Ángel Cuza Alfonso es la prueba irrefutable de la debilidad estructural de un régimen que teme a la verdad más que a las armas. Mientras se niega a rendir cuentas por las víctimas del Hotel Saratoga y protege a los verdaderos responsables de la tragedia, el Estado cubano secuestra la justicia para castigar a un periodista que cumplió con su deber ético e informativo, demostrando una vez más su naturaleza profundamente autoritaria.
La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión deben poner la mirada en este caso y exigir el cese de la impunidad. Exigir la liberación de Ángel Cuza y de todos los presos de conciencia en Cuba no es solo un acto de solidaridad humana, sino una demanda imperativa para frenar los abusos de una dictadura que, en su afán por perpetuarse en el poder, no duda en destruir vidas, manipular la justicia y vaciar las calles de voces críticas mediante el chantaje y la represión policial.
