La detención reciente del reportero y artista Ángel Cuza Alfonso, acusado de supuesta tenencia de explosivos por el hallazgo de casquillos balísticos, evidencia una vez más la fabricación de delitos por parte de la dictadura cubana. Esta maniobra represiva, ejecutada en las cercanías del aniversario de la tragedia del Hotel Saratoga, responde a una estrategia de Estado para vincular a la disidencia pacífica con el terrorismo y silenciar a quienes osaron romper el cerco informativo oficial en su momento.
En el accionar de la policía política de la dictadura cubana, las casualidades no existen. Los arrestos de opositores y periodistas independientes suelen estar milimétricamente calculados para coincidir con fechas que resultan incómodas para el poder, ya sea por su carga simbólica de rebeldía popular o por su relación con aspiraciones democráticas. En otras ocasiones, la sincronización de estos operativos represivos busca asociar de manera subliminal a figuras incómodas con sucesos trágicos o accidentes, alimentando una narrativa de victimización y terrorismo a la que el régimen de La Habana recurre cuando se siente acorralado y temeroso.
Bajo esta premisa debe analizarse el reciente arresto de Ángel Cuza Alfonso, ocurrido apenas unos días antes de conmemorarse un nuevo aniversario de la explosión del Hotel Saratoga. El delito por el cual se le procesa, según la denuncia oficial, es «portación y tenencia ilegal de armas y explosivos». Para sostener tan grave acusación, la Seguridad del Estado ha recurrido a un elemento tan ridículo e inofensivo como unos casquillos de bala, los cuales el propio reportero ha señalado que no son de su pertenencia. Aunque en el pasado Cuza había sido apresado por portar un casquillo usado como amuleto personal, el acoso sistemático en su contra revela un patrón claro de persecución política.
La animadversión del gobierno cubano hacia Cuza no es un fenómeno reciente. Sus raíces se hunden en el papel fundamental que jugó el periodista durante la tragedia del Saratoga. En aquel momento, al encontrarse casualmente en las cercanías del lugar del desastre, fue él quien difundió las primeras imágenes y reportó la noticia en tiempo real. Esta inmediatez periodística bastó para que la dictadura ordenara su arresto días después. La indignación del régimen no nacía de la sospecha de un vínculo con el suceso —que más tarde se determinó como un accidente por negligencia—, sino de la imposibilidad de controlar el flujo informativo que escapaba de sus fronteras.
La transmisión en directo realizada por Cuza Alfonso desbarató el monopolio informativo del Estado. A diferencia de lo que lograron hacer posteriormente durante el incendio en los depósitos de combustible de Matanzas, la dictadura no pudo maquillar a tiempo la tragedia del Saratoga. La prensa oficialista, acostumbrada a esperar instrucciones de la policía política antes de publicar, fue superada por la rapidez del periodismo independiente. Esto obligó al régimen a revelar al mundo las verdaderas dimensiones de la catástrofe, exponiendo su ineficacia y falta de preparación ante emergencias que cobraron decenas de vidas.
A pesar de las contradicciones evidentes entre los primeros reportes independientes y las versiones filtradas por la prensa aliada, la narrativa oficialista terminó imponiéndose. Tan es así que, hasta el día de hoy, no ha trascendido ningún informe pericial final y transparente sobre lo ocurrido. El silencio del gobierno cubano responde a una lógica de impunidad: revelar la verdad implicaría señalar a altos funcionarios de GAESA y otras entidades estatales como responsables directos de la muerte de casi medio centenar de personas. A la cúpula militar y política le conviene el ostracismo antes que enfrentar la justicia y la obligación de resarcir financieramente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Si bien al régimen de La Habana le resulta funcional la versión de un accidente para no dañar el mito de su «estabilidad política», también aprovecha la manipulación en redes sociales y la sombra de la sospecha para criminalizar a la oposición. Permitir que en el imaginario colectivo quede un rastro que asocie la disidencia con la violencia y el terrorismo es una herramienta de control social. Esta perversión de la realidad contrasta con el hecho de que la inmensa mayoría de los grupos opositores en la Isla, como el propio Ángel Cuza, han optado de manera inquebrantable por las vías pacíficas y cívicas para manifestar su descontento y exigir cambios democráticos.
Ángel Cuza no es solo un reportero valiente y de innegable actitud profesional, sino también un artista. Estos atributos resultan demasiado nobles y peligrosos para una Seguridad del Estado que se empeña en destruir su imagen. La acusación inicial de «terrorismo», posteriormente suavizada a «tenencia de armas y explosivos», demuestra el afán de las autoridades por utilizar etiquetas de fuerte impacto mediático. Saben que estos términos generan rechazo social, aun cuando las pruebas presentadas sean de una absurdidad manifiesta y evidencien la fabricación de un montaje policial burdo.
La decisión de ejecutar este arresto en fechas cercanas al aniversario del Saratoga no obedece únicamente a la intención de reforzar la asociación «oposición-violencia». Es, ante todo, un acto de venganza y una señal clara de lo irritados que aún están los represores con un ciudadano que, con un simple reporte periodístico, los obligó a mostrarse ante el mundo como lo que son: un aparato estatal mediocre e irresponsable, incapaz de garantizar la seguridad incluso en los enclaves turísticos que promocionan como refugios de lujo y protección.
Para el castrismo, una información veraz que evada los filtros de la Seguridad del Estado constituye una amenaza mayor que cualquier artefacto explosivo. Sin embargo, el régimen no puede admitir públicamente que encarcela a periodistas por el simple hecho de ejercer su profesión. Por ello, deben aferrarse a cualquier subterfugio legal para justificar el acoso. La cacería contra Cuza ha sido constante, llevándolo incluso a cumplir más de un año de prisión en el pasado por el «delito» de filmar una cola de compra. Esta fabricación sistemática de delitos es el modus operandi predilecto de la dictadura cuando carece de argumentos legítimos para el castigo.
El contexto de profunda crisis económica y social que atraviesa la Isla ha exacerbado la paranoia de las autoridades. Ante la incapacidad de ofrecer soluciones a la población, el régimen de La Habana ha redoblado su aparato represivo. La censura se ha vuelto más sofisticada, combinando cortes de internet, amenazas a familiares y el uso de la justicia penal como instrumento de escarmiento. En este escenario, figuras como Cuza, que documentan la realidad sin filtros, son vistas como amenazas directas a la supervivencia del discurso oficial. La represión contra ellos busca no solo silenciarlos, sino infundir terror entre quienes se atreven a levantar la voz.
Contexto sobre la represión y el control informativo en Cuba
La situación de los derechos civiles y políticos en Cuba se caracteriza por un endurecimiento sostenido de las políticas represivas. La dictadura ha perfeccionado mecanismos de control social que van desde la vigilancia digital y el acoso domiciliario hasta la judicialización de la disidencia. En este panorama, el periodismo independiente se ha convertido en uno de los blancos principales del régimen, dado que rompe el monopolio de la verdad impuesto por los medios oficiales. Reporteros como Ángel Cuza arriesgan su libertad diariamente para documentar la crisis multidimensional que atraviesa la nación, enfrentando cargos fabricados que buscan desarticular su labor y enviar un mensaje disuasivo al resto de la sociedad civil.
La impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad del Estado se ve facilitada por un sistema judicial carente de independencia, donde las garantías procesales son sistemáticamente violadas. Organizaciones internacionales de derechos humanos y de prensa han documentado en los últimos años un aumento exponencial en el número de presos de conciencia. El uso de figuras penales como «desacato», «propaganda enemiga» o «tenencia de armas» son tácticas recurrentes para criminalizar el activismo pacífico y ocultar la verdadera naturaleza política de las detenciones, garantizando la impunidad de los verdaderos responsables de tragedias nacionales.
Cierre
El caso de Ángel Cuza Alfonso sintetiza la naturaleza vengativa, rencorosa y manipuladora del régimen cubano. Su persecución no es una anomalía, sino la regla en un sistema que castiga la dignidad y premia la sumisión. Mientras la dictadura continúe fabricando delitos para silenciar voces críticas, la exigencia de libertad de prensa y la liberación incondicional de todos los presos políticos debe permanecer como una demanda ineludible de la comunidad internacional y de la sociedad civil. La represión no logrará acallar la verdad, y cada montaje policial solo evidencia con mayor crudeza el miedo del poder ante la fuerza imparable de la información libre.
