Un centenar de microbuses de la marca china Foton arribó a Cuba para ser destinados al servicio de Metrotaxi en la capital. Aunque el régimen de La Habana presenta la medida como un paliativo para el desplome del sector, la incorporación de estos vehículos se enfrenta al mismo laberinto burocrático, la escasez crónica de combustible y la falta de piezas de repuesto que han dejado inoperativa a gran parte de la flota automotriz estatal.
La Empresa Filial de Metrotaxi, dependiente de la estatal Taxis-Cuba, será la encargada de administrar estos nuevos recursos. Según informó la entidad a través de sus redes sociales, la circulación de los vehículos no será inmediata. Antes de salir a las calles, las unidades deberán superar un proceso de legalización que incluye la obtención de matrículas, la inspección vehicular obligatoria y la rotulación correspondiente. Este trámite, que en cualquier otro contexto sería rutinario, suele convertirse en la isla en un proceso lento que retrasa aún más las soluciones para la población.
Las nuevas microbuses Foton, con capacidad para 14 pasajeros y equipadas con sistema de climatización, están diseñadas para integrarse en las 23 rutas operadas por las conocidas «gazelles» en la capital. Este sistema de transporte masivo es una de las pocas alternativas económicas para los habaneros, conectando a todos los municipios de la provincia. Sin embargo, la demanda supera con creces la capacidad de respuesta del Estado, generando aglomeraciones diarias en los puntos de espera.
El parque vehicular destinado a este servicio asciende oficialmente a 435 microbuses. No obstante, la cifra es engañosa. El propio ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció a finales del año pasado que al menos 80 de estas unidades se encuentran paralizadas a largo plazo. La inoperancia no es un fenómeno aislado, sino la norma en una flota que sufre un desgaste extremo tras superar los 600.000 kilómetros recorridos, operando bajo un régimen de sobreexplotación intensa en turnos diurnos y nocturnos.
La fragilidad del sistema se evidencia en las estadísticas diarias. Según datos aportados por las autoridades de la isla, un promedio de 40 a 45 microbuses sufren roturas eventuales cada día. Esto implica que una proporción significativa de los vehículos no logra concluir las jornadas, saliendo de circulación para intentar solucionar averías que, en muchos casos, carecen de solución por la imposibilidad de adquirir repuestos en el mercado internacional debido a la falta de liquidez del gobierno cubano.
A la crisis técnica se suma el desabastecimiento energético. En abril de este año, la Empresa Provincial de Transporte de La Habana admitió la paralización casi total del servicio de metrotaxis debido a la falta de combustible. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad reconoció que ninguna de las gazelles estaba en funcionamiento, y que las pocas que lograban salir a la calle resultaban insuficientes para cubrir las necesidades de la población. Esta situación obligó a los ciudadanos a recurrir a alternativas mucho más costosas, como los taxis privados, en medio de una inflación galopante.
Las quejas de los usuarios no se han hecho esperar. En los espacios digitales habilitados por las propias empresas estatales, los ciudadanos han denunciado recurrentemente las irregularidades del servicio, desde la falta de puntualidad hasta el mal estado de las unidades que logran circular. Para el cubano de a pie, el anuncio de la llegada de nuevos buses es recibido con escepticismo, conscientes de que la falta de neumáticos, baterías y aceite acortará la vida útil de los vehículos en cuestión de meses.
Un parche ante una crisis sistémica
La llegada de estos 100 vehículos debe enmarcarse en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El colapso del transporte público no es un problema aislado, sino un síntoma directo del fracaso del modelo económico centralizado. La incapacidad del régimen de La Habana para generar divisas suficientes, mantener una infraestructura básica y garantizar la importación de insumos ha convertido la movilidad ciudadana en un calvario diario. Mientras el Estado destina recursos a la represión y al mantenimiento de su aparato burocrático, los servicios esenciales se desploman.
El desplome del transporte tiene un impacto directo en la productividad del país. Millones de horas de trabajo se pierden cada día porque los ciudadanos no logran llegar a sus centros laborales. Esta ineficiencia se retroalimenta con la crisis económica general, marcada por una inflación que erosiona constantemente el poder adquisitivo y un salario real que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. El ejecutivo cubano ha optado por soluciones paliativas y compras a crédito, generalmente a aliados como China, sin abordar las causas raíz que impiden el mantenimiento de la infraestructura nacional.
La situación en las paradas de las «gazelles» es un reflejo del deterioro social. Largas filas que comienzan antes del amanecer, altercados por el orden de abordaje y la incertidumbre de si el vehículo llegará o no a destino son el pan de cada día. Este caos cotidiano erosiona aún más el ya frágil tejido social, generando frustración y desesperanza. La falta de transporte eficiente también profundiza la crisis sanitaria y educativa, ya que médicos, enfermeros, maestros y estudiantes enfrentan dificultades insalvables para llegar a sus instituciones.
Antecedentes de un modelo fracasado
La historia reciente del transporte en Cuba está plagada de intentos fallidos por modernizar la flota. En la última década, el gobierno cubano ha adquirido miles de ómnibus y vehículos ligeros de marcas asiáticas, como Yutong y Geely. Sin embargo, la falta de un plan de mantenimiento sostenido y la ausencia de un mercado de repuestos accesible han provocado que estas inversiones se diluyan rápidamente. Los talleres estatales se han convertido en cementerios de vehículos relativamente nuevos, pero inservibles por la falta de una simple pieza electrónica o un sistema de escape.
Es necesario recordar que, durante años, el Estado monopolizó la importación de vehículos y piezas, prohibiendo o limitando severamente la adquisición directa por parte de cooperativas y empresas no estatales. Esta política asfixiante, diseñada para mantener el control político sobre la economía, resultó en un parque automotor envejecido y peligroso. Los vehículos importados en la primera década del siglo XXI, financiados con créditos que el país aún lucha por pagar, hoy son chatarra inservible.
Además, la dependencia de combustible subsidiado o a crédito de países como Venezuela y Rusia ha demostrado ser altamente vulnerable. Cualquier fluctuación en los envíos de diésel desde Caracas o interrupciones en los acuerdos energéticos se traducen inmediatamente en el cese de las operaciones de transporte público en la isla, dejando a la población sin opciones de movilidad y a merced del transporte privado, cuyas tarifas escapan del control estatal y del poder adquisitivo del trabajador promedio.
Perspectivas futuras
La incorporación de las microbuses Foton, aunque representa un leve alivio temporal para algunas rutas habaneras, no modificará la tendencia a la baja en la calidad de vida de los cubanos. Sin una apertura económica real, respeto a la propiedad privada en gran escala y eliminación del monopolio estatal sobre las importaciones, cualquier nueva flota está condenada al mismo deterioro acelerado. La comunidad internacional y los observadores económicos coinciden en que mientras la dictadura cubana mantenga su negativa a implementar reformas estructurales y cese la represión contra el sector privado, los anuncios de modernización serán meras operaciones de relaciones públicas que no logran ocultar el colapso generalizado del país. El futuro del transporte en Cuba, como el de sus servicios públicos, seguirá secuestrado por la ineficiencia y la falta de libertades.
