El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se pronunció este domingo ante la ola de indignación generada por las nuevas tarifas impuestas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), anunciando que se valoran «opciones para los sectores más vulnerables». La medida, calificada por la población como un «robo a mano armada», restringe drásticamente el acceso a internet en moneda nacional y obliga a los usuarios a depender de divisas, desatando un rechazo transversal que obligó al ejecutivo cubano a intentar calmar las aguas.
A través de un hilo publicado en la red social X, Díaz-Canel reconoció haber estado «al tanto de las opiniones, críticas e insatisfacciones» que ha suscitado el nuevo esquema tarifario. No obstante, justificó la decisión del monopolio estatal bajo el argumento de «la urgencia de mantener y desarrollar un servicio imprescindible, hoy en situación compleja», retomando el habitual discurso oficial que atribuye las deficiencias internas al embargo estadounidense.
«El Gobierno Revolucionario trabaja por dar bienestar al pueblo, en medio del más criminal cerco. Ninguna medida que limita beneficios nos agrada y es nuestro deber explicar exhaustivamente cada paso que se da para esquivar las estocadas», escribió el dirigente, sin ofrecer soluciones inmediatas. Anunció que las supuestas alternativas para los sectores más desprotegidos, especialmente el estudiantil, serán detalladas en una próxima emisión del podcast «Desde la Presidencia», un espacio de propaganda oficial.
Reacción estudiantil y repudio ciudadano al nuevo esquema
La publicación del mandatario ocurre apenas horas después de que la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana emitiera un comunicado público expresando su desacuerdo con el llamado «tarifazo». La organización estudiantil denunció que la medida fue aplicada de manera repentina y sin consultar a los usuarios, afectando directamente el desempeño académico, la docencia y las labores de investigación que dependen del acceso a la red. Este pronunciamiento es notable, ya que proviene de una organización tradicionalmente alineada con el poder, lo que demuestra que el impacto de la medida trasciende la disidencia política y afecta el funcionamiento básico de las instituciones del propio Estado.
(Captura de pantalla: X)
El nuevo esquema, vigente desde el 30 de mayo, limita a una sola recarga mensual en pesos cubanos (CUP) de hasta 360 pesos. Esta restricción impide a los usuarios acumular o diversificar sus compras en moneda nacional más allá de esa cantidad, lo que bloquea severamente el acceso a planes básicos de datos, llamadas y mensajes de texto. Paralelamente, la compañía estatal promociona agresivamente ofertas en dólares estadounidenses, las cuales solo pueden adquirirse desde el exterior o a través de la billetera digital Monedero MiTransfer, que también requiere ser alimentada con divisas.
La medida ha sido interpretada por amplios sectores de la sociedad civil como una profundización del apartheid digital y económico en la isla. La activista Saily González Velázquez, exiliada en Estados Unidos, denunció lo que consideró un esquema de extorsión institucional por parte del régimen de La Habana. «El Gobierno cubano está muy mal acostumbrado a tratarnos como el padre millonario de la hija rehén. Nos extorsionan y nos hacen pagar rescates a modo de combos para que los nuestros coman», señaló González, quien instó a la comunidad migratoria a decretar un «parón total de recargas» como mecanismo de presión.
Por su parte, el escritor y académico Pedro de Jesús López Acosta criticó duramente la decisión desde sus redes sociales, señalando que ofrecer 6 GB al mes como tope es una «cantidad irrisoria» que limita descaradamente los derechos digitales de los ciudadanos. «Pienso ahora mismo, de modo particular, en los investigadores, editores, profesores, escritores… Esta decisión de ETECSA nos deja totalmente desamparados, a merced de la pedigüeñería internacional», apuntó el intelectual, cuestionando además el discurso oficial sobre la construcción de una «sociedad de la información y el conocimiento» que ahora parece estar condicionada al envío de dólares desde el extranjero.
Contexto: El apartheid digital en medio del colapso económico
El descontento no se ha limitado a figuras opositoras o académicos, sino que ha permeado incluso en los espacios de discusión controlados por el Estado. En las publicaciones de comunicadores afines al gobierno, como el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, decenas de ciudadanos han dejado comentarios expresando su frustración. Frases como «El plan extra supera el salario mínimo», «El que no tenga familia en el extranjero, ¿qué hace?» y «Cada día la vida del cubano es más imposible» evidencian la desconexión total entre las políticas impuestas por las autoridades de la isla y la realidad económica de la mayoría.
El «tarifazo» de ETECSA no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba, caracterizada por una inflación galopante, la devaluación acelerada del peso cubano frente al dólar en el mercado informal y un proceso de dolarización forzada de la economía. Con salarios estatales que promedian unos 4.000 pesos cubanos al mes —insuficientes para cubrir una fracción de la canasta básica de alimentos—, exigir que la población pague sus servicios de telecomunicaciones en divisas equivale a negarles el acceso a un servicio que hoy es vital para la supervivencia, la gestión de remesas y la comunicación con familiares emigrantes.
Históricamente, la dictadura cubana ha mantenido un control férreo sobre el acceso a internet, comenzando por la conexión limitada en cibercafés estatales, pasando por la creación de salas de navegación del monopolio, hasta la expansión de los datos móviles en 2018. Sin embargo, cada avance en la conectividad ha estado mediado por un estricto control tarifario. El Decreto 35 de 2021, por ejemplo, ya había sentado las bases para un mayor control sobre las telecomunicaciones y las redes sociales bajo el pretexto de la defensa nacional frente a las protestas sociales, consolidando el internet como un instrumento de vigilancia y negocio estatal.
En este contexto, la restricción impuesta por ETECSA funciona como una herramienta doble: por un lado, un mecanismo de extracción de divisas para un Estado en bancarrota que ha perdido gran parte de sus ingresos tradicionales, como el turismo y las exportaciones de servicios médicos; por otro, una forma de censura estructural. Al limitar los datos móviles en moneda nacional, se restringe de facto el acceso a la información independiente, a las plataformas de denuncia y a la organización ciudadana, golpeando directamente a quienes no tienen redes de apoyo en el extranjero.
El intento de Díaz-Canel por apaciguar los ánimos prometiendo evaluar opciones para los «sectores vulnerables» refleja el temor del gobierno cubano a un estallido social. La respuesta unánime de rechazo, que incluso ha unido a estudiantes universitarios, intelectuales y ciudadanos comunes en plataformas estatales, demuestra que la paciencia de la población ha llegado a un límite crítico. La incapacidad del régimen para ofrecer soluciones reales, limitándose a anuncios en espacios de propaganda, augura un escenario de mayor tensión social y profundización de la brecha de desigualdad en la isla.
