La negligencia estructural del gobierno cubano vuelve a cobrar vidas y exponer a familias enteras a condiciones infrahumanas. Tras el colapso de un edificio en la calle Compostela, en La Habana Vieja, las autoridades han trasladado a una familia sobreviviente a un local que funcionaba como almacén de desperdicios, evidenciando una vez más la incapacidad y desidia del Estado para garantizar el derecho a una vivienda digna.
La tragedia ocurrió en la madrugada, cuando el inmueble situado entre las calles Muralla y Sol sufrió un desplome parcial que dejó sepultados a dos de sus residentes. Sin embargo, el drama no terminó con el siniestro. Una familia compuesta por una mujer de 52 años, su hermano, su hija y cuatro nietos menores de edad logró salvar la vida milagrosamente al encontrarse en la parte delantera de la edificación en el momento exacto en que la zona interior cedió. La respuesta institucional a su supervivencia ha sido, paradójicamente, condenarlos a una nueva situación de precariedad extrema.
Según denunciaron los propios afectados, el régimen de La Habana decidió reubicar a esta familia numerosa en un local ubicado frente al edificio colapsado. El lugar no es un refugio adecuado, sino un antiguo almacén que durante años fue utilizado por un recolector de materias primas y basura. Para poder alojar a los desplazados, fue necesario el traslado urgente de toneladas de desechos y escombros, requiriendo el trabajo de múltiples camiones para vaciar el espacio en cuestión de horas.
La madre de los menores ha sido tajante al describir la situación: las condiciones del lugar asignado son críticas e incluso peores que las de la vivienda que se vino abajo. En este supuesto refugio improvisado, la familia carece de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad. Mientras tanto, otros vecinos que residían en la primera planta del inmueble siniestrado tuvieron que permanecer durante horas a la intemperie, esperando una solución digna que nunca llegó por parte de las autoridades locales.
El costo humano del derrumbe fue fatal. En el lugar perdieron la vida Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre, Sara Paula Díaz, de 64 años. La tragedia de esta familia cobra una dimensión aún más crítica al conocerse el perfil de la víctima femenina. Sara Paula fue trabajadora de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) a nivel nacional durante 55 años, una institución que en la isla funciona como un apéndice del control estatal más que como un defensor real de los derechos laborales y sociales.
A pesar de su lealtad al sistema y a la institucionalidad oficialista, Sara Paula padeció en carne propia el abandono del Estado. Durante años, la mujer acudió sistemáticamente a las autoridades de la Vivienda para denunciar las filtraciones y el estado deplorable de su hogar, pero sus solicitudes cayeron en el vacío burocrático del gobierno cubano. Su muerte bajo los escombros de una edificación cuya ruina era previsible es un testimonio contundente de la inutilidad de las instituciones del régimen para proteger a la población.
La indignación ha cundido entre los vecinos del barrio, quienes cuestionan cómo la dictadura ha permitido que ciudadanos pierdan la vida en circunstancias tan evitables. Un residente de la zona, prefiriendo el anonimato por temor a represalias, confirmó que las quejas sobre el estado de la edificación eran un clamor constante. Años de denuncias ignoradas culminaron en una tragedia anunciada, un patrón que se repite con alarmante frecuencia en el paisaje urbano de la capital cubana.
El colapso de Compostela no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de desastres estructurales que azotan a La Habana. La ciudad sufre un deterioro acelerado, producto de la falta de mantenimiento sistemático, la escasez crónica de materiales de construcción y la desidia institucional. Mientras los barrios históricos se desmoronan y las familias corren riesgo constante, el régimen prioriza sin freno la construcción de hoteles de lujo para el turismo, en un contraste brutal que expone sus verdaderas prioridades políticas y económicas.
El contexto de la crisis habitacional en Cuba
Para comprender la magnitud de la tragedia en la calle Compostela, es indispensable observar el panorama general de la crisis habitacional en la isla. El propio gobierno cubano ha reconocido, de manera tácita, la magnitud del desastre al admitir que en la capital se derrumban aproximadamente mil viviendas cada año. Esta alarmante cifra refleja el fracaso de las políticas estatales en la gestión del fondo habitacional, una responsabilidad exclusiva del régimen que monopoliza la propiedad y la administración de la inmensa mayoría de los inmuebles.
La falta de viviendas adecuadas ha obligado a numerosas familias a aceptar la reubicación en albergues colectivos administrados por el Estado. Estos centros, lejos de ser una solución temporal, se han convertido en guetos de miseria donde los recursos básicos brillan por su ausencia. Las condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, problemas eléctricos y ausencia de privacidad empujan a muchos a tomar la desesperada decisión de regresar a edificaciones declaradas en estado crítico, asumiendo el riesgo de muerte ante la imposibilidad de soportar la vida en los albergues oficiales.
La situación en La Habana Vieja y Centro Habana es especialmente crítica. Hace pocas semanas, muy cerca de la dirección de este siniestro, pero en la calle Sol, el desplome de otro inmueble dejó a varias personas atrapadas. En días recientes, también se reportó un derrumbe parcial en un edificio situado en la intersección de las calles Industria y San Rafael, en el municipio Centro Habana, un hecho que dejó tres lesionados —un adulto y dos menores— y motivó la evacuación preventiva de los vecinos. Estos eventos suceden a escasas cuadras de zonas turísticas remodeladas, evidenciando un apartheid urbanístico donde el dinero extranjero embellece fachadas para visitantes, mientras la población nativa habita en ruinas inminentes.
El caso de la familia trasladada al antiguo «almacén de basura» ilustra a la perfección la degradación de la dignidad humana bajo el sistema impuesto por la dictadura. La respuesta institucional ante una tragedia no es la asistencia solidaria y efectiva, sino la reubicación apresurada en un vertedero desalojado horas antes. Esta acción demuestra que, para el régimen de La Habana, los ciudadanos son meros entes a ser contenidos, desprovistos del derecho fundamental a una vida segura y decorosa.
La muerte de Sara Paula Díaz, una mujer que dedicó más de cinco décadas de su vida a la maquinaria estatal, resuena como una metáfora cruel del sistema cubano. La lealtad política no exime a nadie del colapso físico ni del abandono institucional. Las promesas de justicia social que alguna vez pudieron ser la bandera del proceso revolucionario se han desmoronado con la misma violencia con la que caen los edificios en la capital.
Ante este escenario, la sociedad civil exige respuestas que el gobierno cubano se muestra incapaz de ofrecer. La crisis de la vivienda no es únicamente un problema técnico o de recursos, sino una falla profunda de un modelo político que centraliza el poder pero evade la responsabilidad. Mientras la burocracia mira hacia otro lado y los escombros cubren los cuerpos de los olvidados, la realidad cubana sigue gritando que la mayor urgencia no son las fachadas de los hoteles, sino la supervivencia de su propio pueblo. El régimen ha demostrado, una vez más, que su estructura está tan agrietada como los inmuebles que administra.
