Un adulto mayor sufrió un accidente al caer en un hueco de alcantarillado sin rejilla de protección en el barrio de Santos Suárez, municipio Diez de Octubre, en La Habana. El suceso, que pudo ser fatal, es consecuencia directa de la inoperancia burocrática y el colapso material que sufre la isla. A pesar de que los vecinos habían alertado sobre el peligro desde meses atrás, las autoridades de la isla hicieron caso omiso, evidenciando una vez más la desidia institucional frente a la seguridad ciudadana.
El incidente ocurrió en la esquina de las calles Zapote y Durege, una zona altamente vulnerable a las inundaciones. Según relató un residente de la zona bajo condición de anonimato, la denuncia sobre el tragante destapado fue presentada formalmente ante las estructuras del Poder Popular en el mes de abril. Sin embargo, la maquinaria burocrática del régimen de La Habana no actuó hasta que el peligro se materializó en una tragedia inminente a finales de mayo, cuando un anciano del barrio, identificado por los vecinos como Chucho, cayó al interior del profundo hueco por el cual fluye un río que desemboca en la bahía capitalina.
Afortunadamente, la respuesta rápida de la comunidad evitó una desgracia mayor. Los vecinos lograron rescatar al hombre utilizando una soga y una escalera. Aunque el anciano resultó con golpes y magulladuras severas, su integridad física quedó a salvo. La indignación de los familiares y los residentes no se hizo esperar, exigiendo de manera inmediata el cierre del hueco para prevenir que otras personas, especialmente niños, sufrieran un accidente similar en una vía pública que se convierte en un torrente ante las lluvias.
Tras la protesta vecinal, funcionarios del gobierno municipal acudieron al lugar. Su respuesta fue una manifestación más del deterioro estructural del país: argumentaron que no existían materiales disponibles para fabricar la rejilla de protección metálica que requiere el tragante. Ante la presión social, el hueco fue parcialmente sellado con varias tapas de cemento fundido. Sin embargo, esta medida improvisada y precaria agrava el problema de drenaje en una zona proclive a los anegamientos, obstaculizando el flujo del agua en épocas de tormenta.

El tragante fue parcialmente sellado tras el accidente (Foto: CubaNet)
“Como mismo se cayó esta persona mayor también se podía haber caído un niño, pero eso que hicieron no es una solución. La alcantarilla se hizo por las inundaciones tan grandes que había en esa esquina; ahora será peor”, advirtió el vecino entrevistado. Su testimonio refleja la frustración de una ciudadanía obligada a convivir con infraestructuras letales y soluciones de parche que no resuelven el problema de fondo, sino que lo desplazan hacia una futura crisis sanitaria o ambiental.
La sombra de la tragedia de Jonathan Oliva
El accidente de Santos Suárez trae a la memoria el doloroso caso de Jonathan Oliva, un niño de apenas 13 años que perdió la vida a inicios de este año tras ser succionado por un tragante del alcantarillado en una calle inundada del mismo municipio Diez de Octubre. El menor, residente en la calle Fábrica, entre Herrera y Santa Felicia, en el barrio de Luyanó, desapareció tras ser tragado por el sistema de drenaje en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, cerca del Hospital Miguel Enríquez.
La tragedia de Jonathan tuvo una enorme repercusión tras la viralización de un video en redes sociales donde se observaba al adolescente caminando por una zona inundada, con el agua por encima de la cintura, segundos antes de ser succionado por la fuerza del agua hacia el subsuelo. Durante días, equipos del Cuerpo de Bomberos de Cuba, Rescate y Salvamento, la Policía y Recursos Hidráulicos desplegaron una infructuosa operación de búsqueda que concluyó con el hallazgo de su cadáver, en medio de la conmoción nacional.

Vecinos rescatan a un ANCIANO que cayó en una alcantarilla
Colapso de los servicios públicos e inoperancia burocrática
Estos sucesos no son hechos aislados, sino síntomas del colapso sistémico que padece Cuba bajo el modelo económico y político vigente. La red de alcantarillado de La Habana, construida en su mayoría hace más de medio siglo, sufre un abandono crónico por parte del ejecutivo cubano. La falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto y la carencia de metales para fabricar rejillas o tapas de registro son consecuencia directa de la incapacidad del Estado centralizado para gestionar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad pública.
La inoperancia de las autoridades locales también expone la naturaleza del Poder Popular, un aparato que, bajo la dictadura cubana, funciona como una correa de transmisión del poder central más que como un representante de los intereses de la comunidad. Cuando los vecinos de Santos Suárez denunciaron el peligro en abril, no recibieron respuesta porque el sistema no contempla mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni sanciones para los funcionarios negligentes. La ciudadanía está desprovista de herramientas legales y políticas para exigir que se garanticen sus derechos más básicos, como transitar por calles seguras.
A esto se suma la profunda crisis económica que atraviesa la isla, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de divisas para importar los insumos necesarios para el mantenimiento urbano. Mientras el régimen destina recursos a sectores turísticos o a la represión política, el deterioro de los barrios populares se acelera. El cemento, el hierro y el asfalto escasean, dejando a la población expuesta a riesgos mortales en su propio entorno cotidiano.
Vulnerabilidad ciudadana y consecuencias a futuro
El contexto demográfico agrava aún más esta crisis de seguridad pública. El masivo éxodo migratorio ha dejado a una población altamente envejecida y vulnerable, con muchos ancianos viviendo solos y enfrentando las adversidades de un entorno urbano hostil. Personas como Chucho, que arriesgan su vida al caminar por aceras rotas y calles mal iluminadas o destapadas, representan a una generación abandonada por un Estado que ha incumplido su promesa histórica de proveer bienestar y protección social.
Las soluciones improvisadas, como tapar los drenajes con losas de cemento, garantizarán que en la próxima temporada de lluvias las inundaciones en Santos Suárez sean aún más catastróficas. El agua estancada no solo destruirá viviendas y enseres, sino que aumentará el riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue o el cólera, en un sistema de salud pública que también se encuentra al borde del colapso.
La responsabilidad de estas tragedias recae de manera directa e ineludible sobre el régimen de La Habana. La falta de libertades impide que la sociedad civil organice respuestas efectivas y exija reparaciones, mientras que la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos mantienen a la isla en un estado de postración. Mientras no exista un cambio estructural que devuelva la soberanía al pueblo y exija responsabilidad a sus gobernantes, los huecos en las calles de Cuba seguirán siendo trampas mortales que reflejan el profundo declive de una nación secuestrada por el poder.



