La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica un déficit de generación cercano a los 2.000 megavatios (MW) para el horario pico, lo que dejará sin servicio al 61% del territorio nacional. La profunda crisis del sistema energético, gestionado por el régimen de La Habana, ha llevado a los habitantes del barrio El Marañón de Yariguá, en Las Tunas, a salir a las calles en protesta tras soportar apenas 25 minutos de electricidad en los últimos seis días.
Según el informe oficial emitido por la empresa estatal, la capacidad máxima disponible para el horario de mayor consumo apenas alcanzará los 1.358 MW, frente a una demanda estimada de 3.300 MW. Esta brecha de 2.012 MW se agrava por el mantenimiento y las averías en seis unidades termoeléctricas, sumadas a la inoperatividad de decenas de motores de generación distribuida debido a la escasez crónica de combustibles y lubricantes. El gobierno cubano ha intentado normalizar esta situación ante la opinión pública, pero los ciudadanos en redes sociales han evidenciado el colapso total de la infraestructura nacional, señalando que la falta de financiamiento responde a la mala gestión de los recursos del Estado.
La desesperación ciudadana ha alcanzado un punto crítico, especialmente en las provincias orientales, históricamente castigadas por la ineficiencia del sistema. En el barrio El Marañón, los residentes salieron de manera espontánea a la Carretera Central para exigir el restablecimiento del servicio. Durante la noche, los manifestantes tocaron calderos y corearon consignas como \»¡El pueblo se respeta!\», en respuesta directa a la nula capacidad de las autoridades de la isla para ofrecer soluciones a una emergencia que se prolonga desde hace más de cinco años y se vio agravada tras el paso de recientes fenómenos meteorológicos en la región.
El colapso eléctrico como síntoma de la crisis estructural
El déficit masivo no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de la falta de inversiones, el envejecimiento de las plantas generadoras y la incapacidad del ejecutivo cubano para asegurar el financiamiento necesario para la operación del Sistema Electroenergético Nacional. La falta de liquidez para adquirir combustibles en el mercado internacional ha dejado a la isla en una vulnerabilidad extrema, afectando no solo el suministro eléctrico, sino también el bombeo de agua, la conservación de alimentos y la ya precaria actividad económica, lo que a su vez fomenta el continuo éxodo migratorio.
La asimilación de un apagón que cubre más de la mitad del país augura un escenario de creciente inestabilidad social. Ante la indolencia de la dictadura cubana frente al sufrimiento de la población, es previsible que las protestas civiles se multipliquen en otras regiones. La persistencia de esta crisis energética demuestra el fracaso absoluto del modelo impuesto en la isla, donde el reclamo de un servicio básico se convierte en un acto de resistencia frente a un poder que ha demostrado su incapacidad para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
