El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 1.326 protestas, denuncias y acciones cívicas durante el mes de noviembre, marcando un nuevo máximo histórico en la isla. El informe revela un incremento sostenido del descontento social, impulsado principalmente por la inacción del régimen de La Habana frente a una severa crisis epidemiológica y el abandono de las provincias orientales tras el paso de un huracán.
La categoría de Salud Pública encabezó el registro con 346 reportes, consecuencia directa de una epidemia de arbovirus que ha afectado a unos tres millones de cubanos. El gobierno cubano tardó casi cuatro meses en atender la emergencia sanitaria, lo que desató manifestaciones de indignación generalizada. A esto se suman 324 desafíos al aparato policial del Estado, motivados por la falta de electricidad, agua potable y alimentos en las regiones orientales devastadas a finales de octubre por el huracán Melissa, donde la ausencia de fluido eléctrico se extendió hasta por 20 días.
Colapso de servicios y crisis alimentaria
El deterioro de la infraestructura nacional mantuvo a los servicios públicos como la tercera mayor fuente de conflictividad, con 138 reacciones adversas. El informe detalla apagones diarios de hasta 20 horas en las provincias y un promedio de ocho en La Habana, junto a fallas críticas en el suministro de agua. Paralelamente, la crisis alimentaria sumó 128 denuncias, evidenciando un escenario marcado por la inflación, el retraso en la distribución de la canasta básica subsidiada y precios inaccesibles en los mercados alternativos y en dólares, con registros de personas desfallecidas por inanición.
Frente a la creciente exigencia ciudadana, la dictadura cubana respondió con 74 actos represivos dirigidos a todos los sectores de la sociedad. Durante este período, las autoridades continuaron con formulaciones de cargos, peticiones fiscales y sentencias contra opositores, activistas y ciudadanos que protestaron en las calles o redes sociales. El OCC destacó especialmente el caso del preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, quien cumplió 40 días en huelga de hambre exigiendo su liberación.
El panorama de inseguridad ciudadana también escaló con 104 denuncias, incluyendo el asesinato de 12 personas víctimas de la violencia social, criminal o de género. Este incremento de la conflictividad no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la profundización de la crisis estructural de la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico y la falta de libertades han empujado a miles de cubanos a desafiar el miedo y el control policial para exigir sus derechos mínimos.
El récord de movilizaciones y denuncias refleja un punto de quiebre en la tolerancia social frente a la ineficiencia gubernamental. A medida que el régimen de La Habana profundiza su dependencia del control represivo para mantener el orden, la brecha entre las necesidades básicas de la ciudadanía y la respuesta del ejecutivo cubano se amplía. La comunidad internacional enfrenta el reto de monitorear esta escalada de tensiones en un escenario donde la presión popular choca de frente con la maquinaria represiva del Estado, augurando un periodo de alta volatilidad política y social en la isla.
