La Asamblea Nacional controlada por el chavismo y la legislatura electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, anunciaron una agenda conjunta que vincula la reconstrucción del país tras los sismos de junio con el fortalecimiento institucional y las garantías electorales, en un proceso que comienza el 1 de agosto y que cuenta con respaldo de Estados Unidos pero genera fracturas dentro de la oposición.
El Parlamento venezolano, presidido por el dirigente chavista Jorge Rodríguez, presentó la iniciativa como parte de una convocatoria a la unidad nacional para afrontar las consecuencias del doble sismo del 24 de junio que devastó el norte del país. En un comunicado firmado por Rodríguez en Caracas, la institución anunció que el próximo mes se pondrá en marcha «una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020», sin detallar participantes, mecanismos ni reformas específicas.
La Asamblea Nacional de 2015, por su parte, publicó un comunicado sustancialmente más explícito sobre el contenido político del proceso. El documento define la iniciativa como una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, estableciendo como prioridad «el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política». El texto afirma que la agenda busca abrir «una nueva etapa» que conduzca a una Venezuela con progreso y libertades.
Ambos comunicados coinciden en la fecha de inicio de los trabajos y en la necesidad de atender la reconstrucción post-sísmica, pero presentan diferencias significativas en su alcance político. Mientras el documento firmado por Rodríguez se limita a mencionar de forma general el fortalecimiento democrático, el difundido por la Asamblea de 2015 incorpora expresamente el sistema electoral y las garantías de participación. Ninguno de los textos establece un calendario electoral, enumera reformas concretas ni explica cómo serán verificados los eventuales acuerdos.
Figuera asume compromiso bilateral
Dinorah Figuera aseguró posteriormente que asume «el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral». La dirigente señaló que la agenda deberá contener objetivos e hitos concretos para abordar los asuntos fundamentales de la recuperación democrática y cerró su mensaje con la frase: «Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza». La Asamblea de 2015 agradeció además al Gobierno de Estados Unidos su respaldo tanto a la respuesta humanitaria como a los esfuerzos dirigidos a la recuperación del país, afirmando que la actuación estadounidense ha reafirmado que Venezuela «no está sola».
El anuncio representa la formalización de un proceso iniciado el 18 de junio, cuando Rodríguez y Figuera se reunieron en el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Después de aquel encuentro, la Asamblea chavista informó que las partes habían acordado crear una mesa técnica y política paritaria con una agenda dotada de hitos y cronogramas concretos para fortalecer la democracia y consolidar la paz. El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó entonces la reunión y presentó el diálogo como una ruta hacia una transición democrática, señalando entre sus prioridades la reconstrucción de las instituciones, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral y el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política.
Fracturas en la oposición venezolana
El alcance representativo de las conversaciones ha generado controversias dentro de la oposición venezolana. Figuera reconoció en junio que mantiene diferencias con María Corina Machado, mientras que su regreso a Caracas y el inicio de los contactos con el chavismo sorprendieron a miembros de la Plataforma Unitaria y al entorno de Machado, después de que esa coalición hubiese escogido a la dirigente para encabezar una negociación destinada a convocar elecciones. La Administración estadounidense describió a la Asamblea Nacional de 2015 como la última entidad venezolana elegida democráticamente y reconocida internacionalmente, e identificó a Rodríguez como representante del Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Los nuevos comunicados fueron difundidos casi tres semanas después de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio. Un balance oficial divulgado elevó a 4.561 el número de fallecidos, contabilizó 20.231 personas alojadas en campamentos provisionales y señaló que más de 17.900 venezolanos permanecían sin vivienda. La magnitud de la catástrofe ha obligado al régimen de Nicolás Maduro a aceptar cooperación internacional y abrir espacios de diálogo que hasta hace semanas rechazaba sistemáticamente.
El espejo cubano: implicaciones para La Habana
Los acontecimientos en Venezuela tienen una resonancia directa para Cuba, cuyo régimen mantiene con Caracas una relación de dependencia estratégica que se remonta a 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder. El gobierno cubano ha sostenido durante más de dos décadas un intercambio asimétrico: Venezuela envía petróleo a precios preferenciales y La Habana responde con miles de profesionales de la salud, maestros y asesores militares y de inteligencia. Cualquier modificación del panorama político venezolano, especialmente una transición que restaure garantías electorales, representa un riesgo existencial para el régimen de La Habana, que ha visto en el chavismo su principal aliado geopolítico y fuente de recursos energéticos.
La dictadura cubana ha observado con preocupación los movimientos de diálogo en Venezuela. La Habana comprende que una eventual democratización del país sudamericano no solo implicaría la pérdida del flujo de petróleo subsidiado —ya drásticamente reducido en los últimos años—, sino también el aislamiento de uno de sus pocos socios ideológicos en la región. El colapso del chavismo como sistema autoritario sentaría un precedente peligroso para la supervivencia del modelo cubano, que comparte con Venezuela características como la falta de separación de poderes, el control absoluto de los medios de comunicación y la criminalización de la disidencia.
Paralelismos entre dos crisis estructurales
La crisis humanitaria venezolana descrita por los comunicados —con decenas de miles de damnificados, infraestructura destruida y respuesta estatal insuficiente— guarda trágicos paralelismos con la situación que Cuba ha enfrentado recurrentemente ante desastres naturales. El régimen de La Habana ha demostrado una y otra vez su incapacidad estructural para gestionar emergencias, como se evidenció tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río en 2022, cuando miles de cubanos permanecieron sin vivienda durante meses e incluso años, mientras las autoridades priorizaban la construcción de hoteles turísticos sobre la reconstrucción de viviendas.
Al igual que en Venezuela, donde el balance oficial de 4.561 muertos por los sismos ha sido cuestionado por la falta de transparencia del régimen, en Cuba las cifras de víctimas por desastres naturales y accidentes han sido sistemáticamente manipuladas o minimizadas por las autoridades. El caso más reciente fue la explosión del Hotel Saratoga en La Habana en 2022 y el incendio de la base de supertanques de Matanzas, donde la dictadura cubana limitó el acceso a información, restringió la cobertura independiente y reprimió a ciudadanos que intentaron documentar la magnitud real de las tragedias.
La dependencia energética de Cuba respecto a Venezuela añade otra capa de complejidad. El envío de crudo venezolano a la isla ha disminuido progresivamente, pasando de los aproximadamente 100.000 barriles diarios en los años de mayor bonanza chavista a volúmenes intermitentes que rara vez superan los 30.000 barriles. Esta reducción ha contribuido directamente a los apagones prolongados que sufre la población cubana, a la paralización de industrias y al colapso del transporte público, elementos centrales de la crisis estructural que ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia de la isla.
El factor migratorio y la respuesta internacional
Tanto Venezuela como Cuba comparten el drama del éxodo masivo como consecuencia de la incapacidad de sus respectivos regímenes para garantizar condiciones mínimas de vida. Mientras el balance oficial venezolano contabiliza más de 17.900 personas sin vivienda tras los sismos, en Cuba la crisis habitacional es crónica: se estima un déficit superior a un millón de viviendas, agravado por el deterioro del fondo constructivo, la falta de materiales y la ineficiencia del modelo estatal centralizado. La respuesta de la ciudadanía ante ambas crisis ha sido similar: emigrar. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país en la última década, mientras que desde Cuba han salido cientos de miles de personas solo en los últimos años, dirigiéndose principalmente hacia Estados Unidos, América Latina y Europa.
El respaldo de Washington al diálogo entre chavismo y oposición venezolana refleja una estrategia que podría tener implicaciones para la política estadounidense hacia Cuba. Si el modelo de negociación con hitos verificables y cronogramas concretos produce resultados en Venezuela, podría generar presión sobre la dictadura cubana para aceptar espacios similares de diálogo con una oposición que, a diferencia de la venezolana, opera en condiciones de represión mucho más severas, sin acceso a medios de comunicación y bajo amenaza constante de prisión arbitraria. Sin embargo, el régimen de La Habana ha rechazado históricamente cualquier exigencia de reformas democráticas, manteniendo que su sistema es «irreversible» y criminalizando cualquier intento de articulación opositora bajo figuras jurídicas como la Ley 88 o el Decreto 370.
Consecuencias a futuro
El inicio de los trabajos el 1 de agosto marcará un punto de inflexión en el panorama político venezolano, pero su éxito dependerá de factores que ambos comunicados eluden: la voluntad real del chavismo de aceptar condiciones electorales competitivas, la capacidad de la oposición para mantener la unidad y la determinación de la comunidad internacional para exigir resultados verificables. Para Cuba, cualquier evolución del proceso venezolano será observada con máxima atención por el régimen de La Habana, que podría endurecer aún más su postura represiva ante el temor de un efecto dominó, o por el contrario, verse forzado a flexionar si la pérdida de apoyo venezolano acelera el deterioro económico interno. Lo que ocurra en Caracas a partir de agosto no solo definirá el futuro de Venezuela, sino que tendrá consecuencias directas sobre la viabilidad del último bastión autoritario del Caribe.
