El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus peores crisis estructurales tras confirmar la Unión Eléctrica (UNE) un déficit de capacidad que ronda los 1.800 megavatios (MW) en el horario pico. La interrupción del servicio, que ya supera las 18 horas diarias en gran parte del territorio nacional, paraliza la ya mermada actividad económica y agrava la precaria calidad de vida de los ciudadanos, evidenciando la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos.
Según el informe emitido por la empresa estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la disponibilidad de generación a primera hora de la mañana se situó en apenas 1.760 MW, frente a una demanda estimada de 3.050 MW. Este desequilibrio resultó en un déficit de capacidad de 1.305 MW desde el inicio del día. Para el horario del mediodía, la afectación se calculó en 1.250 MW, mientras que la perspectiva para el pico nocturno se presenta aún más desalentadora, con una disponibilidad prevista de 1.830 MW frente a una demanda máxima de 3.550 MW, lo que arroja un déficit de 1.720 MW y una afectación real proyectada de 1.790 MW.
Deterioro técnico y parálisis operativa de las termoeléctricas
El colapso del sistema energético cubano responde a una combinación letal de fallos técnicos crónicos, mantenimientos prolongados y una aguda escasez de combustible. Actualmente, permanecen fuera de servicio por averías la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica (CTE) Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Renté. A estas inmovilizaciones se suman los mantenimientos programados en la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté, dejando al parque generador en una situación de vulnerabilidad extrema.
La única incorporación prevista en el horario pico es la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz, con una potencia estimada de 70 MW. Sin embargo, este aporte resulta irrisorio y profundamente insuficiente frente a la magnitud del déficit general. El intento de las autoridades de la isla por presentar esta reincorporación como un avance evidencia la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad operativa que sufren los ciudadanos en sus hogares.
El panorama es igualmente desolador en la generación distribuida. El reporte oficial indica que hay 96 centrales fuera de servicio debido a la falta de combustible, lo que representa una capacidad afectada de 788 MW. A este renglón se añaden otros 97 MW comprometidos por la carencia de aceite en los motores de ese mismo sistema, totalizando 885 MW indisponibles. Esta cifra refleja no solo un problema de infraestructura, sino una crisis profunda de abastecimiento y planificación estratégica por parte del ejecutivo cubano.
La admisión oficial y el impacto territorial
El director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López, reconoció recientemente en un espacio oficial que el promedio de cortes eléctricos durante el mes anterior alcanzó las 18 horas diarias en los circuitos apagables. López atribuyó el 66 % de estas interrupciones a la «escasez de combustible», un dato que contradice la habitual retórica del gobierno cubano que suele priorizar la narrativa de «fallo técnico» por encima de la incapacidad logística y financiera para adquirir los recursos necesarios.
El impacto de estos cortes no se distribuye de manera equitativa. Mientras que en las provincias del interior las interrupciones alcanzan o superan las 20 horas diarias, en La Habana los cortes programados se mantienen entre cuatro y seis horas, una medida que las autoridades utilizan para preservar la apariencia de normalidad en la capital y mitigar el riesgo de estallidos sociales en el centro neurálgico del poder. Esta estrategia de «cortes protectores» a la capital no hace más que exacerbar el resentimiento y la desesperación en el resto del país.
Contexto: El colapso energético como síntoma de la crisis estructural
La crisis eléctrica no es un evento aislado, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La falta de mantenimiento preventivo durante décadas, la obsolescencia de las tecnologías soviéticas y la dependencia de un modelo económico centralizado e ineficiente han conducido al sector energético al borde del colapso total. Expertos independientes y cálculos no oficiales estiman que Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar su sistema eléctrico, una cifra inalcanzable para una economía en ruinas y sin acceso a créditos internacionales debido a la falta de fiabilidad y al histórico incumplimiento de las autoridades de la isla.
El gobierno cubano ha mantenido su discurso de atribuir parte de esta crisis a las sanciones económicas estadounidenses. Si bien el embargo limita ciertas transacciones financieras, la ineficiencia en la gestión, la falta de transparencia, el desvío de recursos y la ausencia de políticas de inversión sostenida en infraestructura crítica son responsabilidades directas del régimen. La incapacidad para diversificar las fuentes de energía y la dependencia absoluta de combustibles fósiles importados, muchas veces con precios subsidiados por aliados geopolíticos que hoy atraviesan sus propias crisis, demuestran un fracaso estructural del modelo.
Antecedentes de un sistema en agonía
El deterioro del SEN ha sido progresivo, pero se ha acelerado de manera alarmante en los últimos años. El propio gobierno ha tenido que reconocer que desde mediados del año pasado han ocurrido cuatro apagones de carácter nacional, el más reciente de ellos en marzo. Estos eventos, que dejan a la totalidad de la isla sin suministro eléctrico, evidencian la fragilidad de la red y la falta de protocolos efectivos para el manejo de contingencias. Cada desconexión total del sistema representa un duro golpe para la ya maltrecha economía nacional y para el equipamiento doméstico e industrial, que sufre daños irreversibles con los picos de voltaje tras la restauración del servicio.
Las consecuencias de este colapso se entrelazan directamente con otras crisis que azotan a la población. La falta de electricidad impide el bombeo de agua, afecta la conservación de alimentos en un contexto de hiperinflación y desabastecimiento crónico, y paraliza la actividad del emergente sector privado, que carece de generadores y combustible para sostener sus operaciones. La vida cotidiana se ha convertido en una supervivencia precaria, donde la población debe reorganizar su rutina en torno a los horarios de los apagones.
Represión ante el inminente descontento social
Los apagones prolongados han sido señalados históricamente como el principal catalizador de las expresiones de descontento social en Cuba. La dictadura cubana es consciente de que la falta de electricidad, sumada al calor sofocante y al hambre, es una mezcla altamente inflamable que puede desencadenar protestas masivas como las ocurridas en julio de 2021. Por ello, ante el actual escenario, el aparato represivo del Estado ha incrementado la vigilancia y el acoso a cualquier ciudadano que intente manifestar su indignación pública.
La respuesta de la dictadura no ha sido ofrecer soluciones tangibles, sino desplegar el aparato de seguridad para amedrentar a la población. Las amenazas de cárcel para quienes protesten, la censura en las redes sociales para impedir la viralización de las quejas, y la criminalización del descontento son las herramientas preferidas del régimen para mantener el control social en medio de la oscuridad. La violencia estatal y la represión se erigen como el único «sistema» que funciona sin interrupciones en la isla.
De cara a los próximos meses, con el aumento de las temperaturas estivales que elevará la demanda de energía para la refrigeración, el panorama se presenta crítico. Las promesas oficiales de que habrá «menos apagones» contrastan con la realidad de un sistema eléctrico en agonía. Si el régimen de La Habana no logra estabilizar el suministro —algo cada vez más improbable dada la magnitud de la crisis financiera e infraestructural—, la paciencia de una población exhausta podría llegar a su límite. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener una vigilancia estrecha sobre la isla, ya que cualquier estallido social será respondido con la habitual e implacable maquinaria represiva de la dictadura.
