El Movimiento al Socialismo (MAS) no participó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, marcando el fin de un ciclo hegemónico de 20 años. El senador Rodrigo Paz Pereira se impuso con el 54,5% de los sufragios frente al 45,5% del expresidente Jorge Quiroga, en un resultado que refleja el agotamiento del modelo estatista en la región.
La victoria de Paz Pereira representa el primer gobierno de centro-derecha en Bolivia en más de dos décadas y supone una reorientación política significativa para un país que durante gran parte del siglo XXI estuvo bajo la órbita del MAS. La fuerza política, liderada durante años por Evo Morales, había gobernado o influido decisivamente en el poder desde 2005, impulsando la nacionalización de recursos naturales y una nueva Constitución. Su ausencia en el balotaje confirma un quiebre histórico que analistas atribuyen tanto al desgaste interno como al fracaso económico del modelo.
La caída del MAS no fue repentina. Su poder comenzó a erosionarse tras la crisis electoral de 2019, cuando denuncias de fraude y una auditoría de la Organización de Estados Americanos desencadenaron protestas masivas y la salida de Morales del país. Aunque el partido regresó al gobierno en 2020 con Luis Arce, la unidad interna se resquebrajó rápidamente. Las disputas entre facciones, las acusaciones de corrupción y las tensiones entre la vieja guardia y los sectores renovadores debilitaron la estructura partidaria hasta hacerla irreconocible. En 2023, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional inhabilitó a Morales para volver a postularse, asestando un golpe definitivo a su liderazgo histórico.
El colapso electoral del modelo estatista
En la primera vuelta de 2025, el MAS sufrió su mayor retroceso electoral: no presentó candidato presidencial y obtuvo una representación parlamentaria mínima, con apenas dos curules. Este resultado refleja una pérdida profunda de apoyo popular y la incapacidad de articular un proyecto político renovado. El contexto económico agravó el desgaste: Bolivia atraviesa una fuerte escasez de divisas, problemas en el suministro de combustibles e inflación creciente. Esta crisis, sumada al deterioro institucional, amplió la brecha entre la población y un partido que durante años se presentó como alternativa al neoliberalismo.
El paralelismo con la realidad cubana resulta inevitable. La dictadura cubana ha sostenido durante más de seis décadas un modelo estatista similar al que ahora colapsa en Bolivia, con resultados aún más devastadores: hiperinflación, colapso total del abastecimiento, éxodo migratorio masivo y represión sistemática contra cualquier forma de disidencia. Mientras el régimen de La Habana se aferra al control absoluto del poder sin rendición de cuentas ni alternancia democrática, el sistema boliviano —aunque profundamente dañado por el masismo— conservó suficientes márgenes institucionales para permitir la corrección electoral que ahora aparta al MAS del poder.
Una agenda de apertura económica
Durante la campaña, Rodrigo Paz Pereira promovió la idea de un \»capitalismo para todos\» como eje central de su propuesta económica. Su programa contempla reducir impuestos y aranceles, ampliar el acceso al crédito y establecer una banda cambiaria para estabilizar la moneda. El nuevo presidente plantea una transición \»del capitalismo de Estado y de camarilla\» hacia una economía más abierta, con un rol protagónico para la inversión privada y extranjera. Paz asumirá el cargo el 8 de noviembre con una agenda centrada en la estabilización económica y la búsqueda de alianzas parlamentarias, dado que no cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
El desenlace boliviano envía una señal contundente a la región: los modelos autoritarios o semiautoritarios basados en el control estatal de la economía y la concentración de poder terminan erosionándose por su propia ineficiencia. En Cuba, donde la dictadura ha cerrado todo canal de expresión ciudadana y reprimido cualquier intento de alternancia, la lección boliviana no podrá replicarse por la vía electoral. La ausencia de libertades políticas en la isla condena al país a prolongar una crisis que ya ha superado los límites de la sostenibilidad social, mientras los pueblos vecinos que conservaron márgenes democráticos comienzan a corregir el rumbo.
