Más de 80 figuras del aparato cultural oficial cubano, entre directivos del Ministerio de Cultura (MINCULT) y presidentes de organizaciones estatales, firmaron una declaración en la que tildan de \»enemigos\» y \»odiadores\» a quienes denuncian presuntos actos de corrupción dentro de esa institución. El texto, difundido por la revista estatal La Jiribilla, evita responder a las acusaciones específicas y se centra en deslegitimar a los críticos del régimen de La Habana bajo el argumento de defender la unidad nacional.
El comunicado, encabezado por la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Marta Bonet de la Cruz, y el presidente de honor de la organización, Miguel Barnet Lanza, califica las denuncias ciudadanas que circulan en redes sociales como una \»campaña de descrédito y difamación\». Los firmantes, que también incluyen a Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, y a otros altos funcionarios y premios nacionales, afirman hablar en nombre de los intelectuales cubanos para defender la idea de que la isla posee \»instituciones sólidas y limpias\», descartando de antemano la posibilidad de cualquier irregularidad burocrática o financiera en el ministerio.
Aunque el pronunciamiento se presenta como una respuesta directa a las acusaciones, omite por completo detallar cuáles son las denuncias o aportar elementos que desmientan los hechos cuestionados. La estrategia de las autoridades de la isla se limita a tildar las críticas de \»mentira\» e \»insulto\», enmarcándolas en un supuesto ambiente de agresión contra el sistema político. Estas declaraciones surgen tras un reportaje del medio independiente La Tijera, que expuso un presunto entramado de corrupción, abandono e ilegalidades en las Asociaciones Canarias en Cuba, supuestamente encabezado por el exviceministro de Cultura, Fernando Rojas.
El silencio ante la crisis institucional
Esta movilización de figuras culturales para blindar al MINCULT ocurre en un contexto de profunda crisis estructural que atraviesa todos los sectores de la sociedad cubana, incluido el ámbito cultural. Mientras la inflación, el desabastecimiento y el colapso de los servicios públicos azotan a la ciudadanía, la dictadura cubana mantiene un estricto control sobre la expresión artística, criminalizando a los creadores independientes que se atreven a reflejar la realidad nacional. La firma de este comunicado por parte de artistas con altos reconocimientos estatales evidencia la instrumentalización del sector para salvaguardar la imagen del poder, anteponiendo la lealtad ideológica a la transparencia y la rendición de cuentas.
La negativa del gobierno cubano a investigar públicamente las denuncias de corrupción, optando en su lugar por la descalificación ideológica de los denunciantes, profundiza la desconfianza ciudadana en sus instituciones. Ante la incapacidad del Estado para ofrecer respuestas a la crisis material y ética que vive el país, la respuesta oficialista confirma el cierre del espacio cívico en la isla, donde señalar irregularidades estatales es rápidamente equiparado a un acto de traición, lo que refuerza el clima de censura y represión contra la libertad de expresión.
