La falta de respuesta policial y judicial ante conductas antisociales en la localidad de Puerto Padre refleja el deterioro profundo del orden público y la protección ciudadana en Cuba. Lo que en su momento se concibió como un sistema de defensa social preventiva ha sido desmantelado por décadas de politización de las instituciones, dejando a la población a merced de la inseguridad, la arbitrariedad y el abandono estatal.
En horas de la madrugada, los residentes de un barrio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, volvieron a ser víctimas de la inseguridad ciudadana que impera en la isla. El escándalo incesante, provocado por individuos bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas, con música amplificada a un volumen insoportable, interrumpió el descanso de los vecinos. El responsable de estos hechos no es un delincuente ocasional, sino un alborotador crónico que opera con total impunidad, amparado por la inacción de las autoridades policiales y la complicidad de la Fiscalía local.
Esta situación no es un hecho aislado, sino la continuación de un patrón de inseguridad que ya había sido denunciado previamente en la prensa independiente. En reportes anteriores se evidenció cómo la Fiscalía en Puerto Padre aplica la ley de manera selectiva, ejerciendo un control riguroso sobre algunos sectores mientras hace la «vista gorda» ante las ilegalidades y conductas antisociales de individuos que parecen gozar de una extraña protección o que simplemente operan en el vacío de poder que ha dejado el Estado. La queja formal de los ciudadanos para restablecer la legalidad quebrantada choca contra un muro de burocracia e indolencia, configurando un claro ejemplo de prevaricación institucional.
El régimen de La Habana, a través de Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista, ha promovido recurrentemente campañas propagandísticas bajo el lema de lucha «contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales». Sin embargo, los resultados en el terreno son invisibles. La ciudadanía no percibe una disminución de la criminalidad ni de la corrupción, sino un agravamiento de las conductas antisociales que, lejos de ser simples «indisciplinas», constituyen preludios de delitos mayores. El potencial delictivo de individuos que actúan sin control policial ni jurídico se manifiesta en el acoso nocturno a vecinos trabajadores y, de manera más cruel, hacia personas de la tercera edad que padecen enfermedades crónicas, agravadas por la falta de medicamentos y la imposibilidad de descansar.
El desmantelamiento de la defensa social y la pérdida del orden
Para comprender la magnitud de este colapso, es necesario remitirse a los antecedentes legales que alguna vez rigieron el ordenamiento público en la nación. El Código de Defensa Social (CDS), promulgado mediante el Decreto-Ley No. 802 del 4 de abril de 1936, no fue concebido merely como un catálogo de castigos penales, sino como un instrumento para el bienestar humano. Este código permitía observar, investigar y controlar a individuos potencialmente delictivos que quebrantaban habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos violentos o provocadores que perturbaban el orden de la comunidad. Hoy, la defensa social en Cuba se encuentra en un terreno de nadie: inerme, abandonada y totalmente indefensa frente a la impunidad.
La situación en Puerto Padre ha sido comparada por sus propios residentes con el «potrero de Don Pío», una expresión folclórica que describe un lugar donde no existe la ley ni el orden, y donde impera el caos absoluto. Esta metáfora ilustra la profunda transformación que ha sufrido la otrora culta y cívica localidad. El deterioro no se limita a la acumulación de basura física, sino que abarca una crisis inmoral marcada por la pérdida de la ética, la decencia individual y el civismo colectivo. Este declive no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso de sedimentación de taras sociales que se ha extendido por más de medio siglo.
Raíces de la degradación cívica en la isla
El origen de esta degradación social se remonta a las políticas implementadas por el gobierno cubano desde los primeros años de la revolución. El papel de la familia fue sistemáticamente disminuido, reducido en muchas ocasiones a un mero ente reproductor, mientras que las escuelas y los maestros fueron transformados en comisariados políticos encargados de la indoctrinación ideológica. Paralelamente, el municipio, que debía funcionar como un órgano de gobierno colegiado, fue despojado de su autonomía para convertirse en un simple correveidile del Estado centralizado bajo el manto del Partido Comunista.
Esta ingeniería social trajo consecuencias devastadoras para el tejido comunitario. En un contexto de profunda crisis económica, muchas mujeres fueron empujadas hacia la prostitución, eufemísticamente denominada «jineterismo», mientras que un sector de los hombres asumió el rol de proxenetas. De estas dinámicas familiares fracturadas surgió una progenie marcada no solo por la carencia material, sino por una instrucción estatal carente de educación formal y moral. Son estos sujetos, desprovistos de decoro y de respeto por los derechos ajenos, los que hoy imponen su ley en las calles y perturban la paz de los barrios.
Contexto de la crisis estructural cubana
El panorama de inseguridad en Puerto Padre es un microcosmos de la crisis estructural que asfixia a toda la isla. La falta de seguridad pública y jurídica se entrelaza con el colapso económico, la hiperinflación y el desabastecimiento crónico. En un país donde el Estado no garantiza el acceso a medicamentos básicos, donde los apagones prolongados alteran los ciclos de vida y donde el salario real no permite cubrir las necesidades alimentarias, el tejido social se deshilacha a un ritmo acelerado. El éxodo migratorio masivo ha dejado a muchas comunidades envejecidas y sin el respaldo de las generaciones jóvenes, haciendo aún más vulnerables a los ancianos que deben soportar el acoso de individuos antisociales sin ninguna red de protección.
En este escenario de crisis multifactorial, la dictadura cubana prioriza la represión política y el control ideológico por encima de la seguridad ciudadana. Mientras los recursos del Estado se destinan a perseguuir a activistas, censurar a periodistas y reprimir cualquier manifestación de disidencia, la prevención del delito común brilla por su ausencia. La inseguridad jurídica es la norma: la protección de los derechos fundamentales en un ambiente con alta proclividad a la corrupción policial y judicial es una quimera. Los ciudadanos saben que acudir a la Fiscalía para exigir el cumplimiento de la ley es un trámite inútil cuando los propios fiscales, policías y jueces provienen de, y se desenvuelven en, ese mismo entorno de degradación ética.
Consecuencias e implicaciones a futuro
La impunidad con la que operan los alborotadores en Puerto Padre evidencia una fractura irreversible en el contrato social. Cuando las autoridades de la isla renuncian a su deber de garantizar el orden y la justicia para todos por igual, el mensaje que se transmite a la ciudadanía es que la ley es un instrumento de conveniencia del poder y no un escudo para los débiles. Esta dinámica fomenta la toma de la justicia por mano propia y profundiza el estado de anomia en el que está sumido el país.
La continuidad de estas políticas de abandono institucional y control selectivo augura un futuro aún más sombrío para la ciudadanía cubana. La falta de seguridad jurídica y pública no solo afecta la calidad de vida y la salud mental de los residentes, sino que desincentiva cualquier intento de inversión o reconstrucción comunitaria. Ante la indolencia del ejecutivo cubano y la inoperancia de sus campañas propagandísticas, la población queda atrapada en el «potrero de Don Pío», exigiendo una respuesta de la comunidad internacional que no solo condene la represión política, sino que también visibilice el colapso total del Estado de derecho que sufre a diario el pueblo de Cuba.
