La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que una embarcación tipo patana arribó a la Bahía de La Habana desde República Dominicana exclusivamente para recibir mantenimiento en los astilleros estatales Asticar, descartando su incorporación al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). El anuncio ocurre en medio de una de las peores crisis energéticas de la isla, con un déficit de generación que supera los 2.380 megavatios (MW) durante el horario pico, dejando a la población sin servicio eléctrico durante gran parte del día y evidenciando la profunda incapacidad del régimen para garantizar servicios básicos.
A través de un escueto comunicado en su perfil de Facebook, la empresa estatal intentó desmentir las expectativas ciudadanas de un alivio inmediato a los constantes apagones. La publicación precisó que la embarcación, cuyo nombre, bandera y propietario no fueron revelados, tiene como único propósito someterse a reparaciones en el puerto de Asticar. Tampoco se especificó el tiempo que la nave permanecerá en territorio cubano, el tipo de reparaciones que requiere, ni si regresará a territorio dominicano una vez concluidos los trabajos de mantenimiento.
La aclaración institucional se produjo en una jornada de máxima tensión para el sector energético. El parte oficial evidenció que el servicio estuvo afectado durante las 24 horas previas debido a la incapacidad del régimen de La Habana para mantener la infraestructura generadora. Durante la jornada del reporte, la UNE pronosticó una afectación de 2.380 MW en el horario pico, frente a una demanda estimada en 3.200 MW y una disponibilidad real de apenas 850 MW, lo que representa un déficit superior al 70% de la energía requerida por el país.
El colapso del sistema se agrava por la abrumadora cantidad de unidades fuera de servicio. El reporte detalla averías severas en la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, en Mariel; la Unidad 1 de la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas; la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, en Felton; y la Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo, en Renté. A esto se suman mantenimientos programados o forzosos en la Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, las unidades 5 y 6 de Renté y la Unidad 5 de Nuevitas. Esta lista de inoperatividad refleja el envejecimiento de un parque termoeléctrico que supera las tres décadas de explotación intensiva sin una modernización adecuada.
A las roturas crónicas de las termoeléctricas se añade la escasez estructural de combustible, un problema que el gobierno cubano ha sido incapaz de resolver debido a la falta de divisas y a la dependencia de aliados cuyos envíos fluctúan constantemente. Al menos 106 centrales de generación distribuida se encuentran inoperativas por falta de abastecimiento. La situación es tan crítica que las propias patanas que habitualmente aportan al sistema —Patana de Regla y Patana de Melones—, junto a las centrales Fuel de Mariel y Moa, estaban totalmente indisponibles el día del arribo de la embarcación dominicana, dejando un balance neto negativo en la generación flotante.
Astilleros del Caribe (Asticar), la empresa estatal designada para la reparación de la embarcación, es una entidad especializada en servicios de soldadura, pailería, mecánica, electricidad y mantenimiento general para clientes nacionales y extranjeros. La dependencia de instalaciones locales para reparar embarcaciones que deberían estar aliviando la crisis refleja la desinversión estructural y la falta de previsión del ejecutivo cubano en materia energética. Mientras los astilleros se dedican a reparar barcos de terceros, la flota nacional de apoyo al SEN se deteriora por falta de recursos y piezas de repuesto.
Antecedentes de una crisis profunda
La dependencia de las centrales flotantes se ha vuelto estratégica para el régimen ante el deterioro irrecuperable de las termoeléctricas tradicionales. En abril, el Ministerio de Energía y Minas admitió que Cuba solo operaba con dos patanas, la Belgin Sultán y la Erol Bay, sumando una capacidad conjunta de apenas 124 MW. En esa ocasión, las autoridades negaron la entrada de una tercera embarcación y prometieron la reactivación de las existentes tras la llegada de combustible ruso, una promesa que no logró estabilizar el sistema a mediano plazo y que quedó en evidencia con los constantes apagones posteriores.
El papel de las patanas cobró un protagonismo inusitado en agosto de 2022, cuando cinco embarcaciones de la compañía turca Karpowership operaban en aguas cubanas aportando unos 250 MW al sistema. En noviembre de ese mismo año, la flota creció a siete unidades, con un objetivo conjunto de alcanzar los 400 MW. Estas plantas, que funcionan con petróleo o gas y se arrendaban al país receptor, representaron un parche temporal a una crisis que ya se vislumbraba sistémica. Sin embargo, la dependencia de tecnología arrendada evidenciaba la incapacidad de las autoridades de la isla para construir infraestructura propia sostenible.
Sin embargo, la permanencia de estos activos ha estado condicionada por la insolvencia crónica del Estado. En mayo de 2025, el diario oficial Granma reflejó las advertencias del viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, sobre el riesgo inminente de retirar patanas equivalentes a 400 MW. La imposibilidad de cumplir con los compromisos monetarios demuestra cómo la falta de liquidez y la mala gestión de la dictadura cubana comprometen incluso los arrendamientos de infraestructura básica para el sostenimiento del país.
Impacto sistémico y represión social
El arribo de una embarcación para reparación y no para generación es un símbolo del estancamiento del modelo económico cubano. La crisis energética no es un evento coyuntural, sino el resultado de décadas de centralización, falta de mantenimiento, corrupción institucionalizada y una política exterior que ha aislado al país de los flujos financieros internacionales. Mientras las termoeléctricas envejecen sin planes serios de modernización, la población sufre apagones que superan las 12 horas diarias en diversas provincias, profundizando la miseria material de los hogares cubanos.
Este colapso de los servicios públicos tiene un impacto directo y devastador en la calidad de vida de los cubanos, y es uno de los motores principales del éxodo migratorio sin precedentes que vive la isla. La falta de electricidad paraliza el ya deprimido sector privado, arruina alimentos en hogares sin refrigeración y agrava la crisis sanitaria al impedir el funcionamiento de bombas de agua, equipos médicos y la conservación de medicamentos. Ante este panorama, la dictadura cubana ha optado por aumentar la represión social y la censura para impedir que la ciudadanía proteste masivamente, criminalizando el descontento popular que estalló en las calles el 11 de julio de 2021. El miedo a la represión policial es la única garantía de \»paz\» que ofrece el régimen.
La gestión del régimen de La Habana frente a la crisis energética demuestra una vez más la desconexión entre las prioridades del poder y las necesidades de los ciudadanos. Con un déficit que ronda el 75% de la demanda en horas pico y una infraestructura que se desmorona, la promesa de un futuro energético estable parece cada vez más lejana. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la ineficiencia administrativa y la falta de libertades políticas se traducen en un sufrimiento humano continuado, mientras el gobierno busca parches temporales sin abordar las causas estructurales de la ruina nacional. La verdadera solución a la crisis energética cubana pasará inevitablemente por un cambio de modelo que devuelva la soberanía y el bienestar a su pueblo.
