Una mujer embarazada y con tres hijos menores ocupa desde hace meses una antigua cafetería en la intersección de Galeano y Concordia, en Centro Habana, tras cuatro años de promesas incumplidas por parte de las autoridades de vivienda. El régimen de La Habana amenaza con desalojarla sin ofrecer alternativa habitacional alguna, en un caso que refleja el colapso profundo de las políticas sociales del Estado cubano.
Donde antes funcionaba la cafetería «El Gallo», en el populoso municipio de Centro Habana, hoy se refugia Lauren de la Caridad Estrada, una madre cubana de 32 años que enfrenta su cuarto embarazo mientras cuida a sus tres hijos de 4, 6 y 9 años. La mujer ocupó el local ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y después de años de gestiones infructuosas ante las instituciones responsables. Su historia, lejos de ser una excepción, se inscribe en una crisis habitacional profunda y crónica que afecta a miles de familias en toda la isla.
«Estoy metida en un lugar porque no tengo donde vivir», relató Lauren en declaraciones a la prensa independiente, que pudo constatar las condiciones extremas en las que sobrevive la familia. «El gobierno cubano, Vivienda, Policía, toda esa gente me quieren sacar del local para la calle sin tener ni siquiera un lugar donde vivir, donde tener a mis hijos», denunció con visible angustia. La amenaza de desalojo policial pesa constantemente sobre ella y sus menores, en una dinámica que se repite con frecuencia en los barrios más deprimidos de la capital.
El antiguo comercio ha sido improvisado como vivienda con los escasos recursos a su alcance. Lauren ha levantado divisiones con bloques para construir un baño rudimentario y separar espacios para dormir. Para cocinar, utiliza una resistencia de olla arrocera adaptada para calentar un caldero, ingenio que refleja la cotidianidad de millones de cubanos que deben resolver lo imposible con casi nada. «Yo misma los elaboro con una cocina que inventé… y con eso más o menos cocino», explicó mientras mostraba cómo prepara los cocados que luego vende en la calle para mantener a sus hijos y cubrir los gastos de su embarazo.
“Si salgo de aquí, me desalojan”: cubana embarazada con tres hijos
Promesas vacías y burocracia insondable
Según denunció la propia afectada, las autoridades le han sugerido reiteradamente que se instale en la casa de su madre, a la espera de una solución habitacional que nunca llega. «La casa de mi mamá no es mi casa. Ya van cuatro años de esta historia y no me han resuelto nada», afirmó con frustración. Esta respuesta por parte del gobierno cubano evidencia una práctica habitual: trasladar la responsabilidad del déficit habitacional a las redes familiares, descargando al Estado de su obligación de garantizar el derecho a la vivienda.
El Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y los gobiernos municipales en Cuba operan bajo un esquema burocrático que dilata indefinidamente las solicitudes, especialmente cuando provienen de ciudadanos sin influencia política o sin recursos para acelerar trámites. En el caso de Lauren, la separación del padre de sus hijos y la ausencia de redes de apoyo han agravado su situación, dejándola en una posición de total desamparo institucional. La mujer asegura que solo recibe un plan de alimentación del sistema de salud, consistente en un almuerzo diario de lunes a sábado en el hospital materno, sin proteína alguna. «Dan arroz y chícharos, nada más. El domingo no dan el plan cantina. El gobierno a mí no me da nada», relató.
El miedo constante al desalojo
Con un nuevo bebé en camino, Lauren vive con el temor permanente a ser desalojada por la policía. «No quiero salir del local porque si lo dejo solo, me quedo sin nada. Esto es el futuro de mis hijos, de los que vienen en camino», explicó. Su dilema encarna una paradoja cruel: si abandona el local para buscar alternativas, pierde el único techo que ha podido conseguir; si permanece, se expone a la intervención de las fuerzas del orden, que en Cuba actúan con rapidez cuando se trata de proteger propiedades estatales, pero no cuando se trata de proteger a las personas.
Cocina improvisada
La dictadura cubana ha utilizado históricamente el desalojo como instrumento de control social, especialmente contra quienes ocupan inmuebles abandonados o en ruinas. En numerosos casos documentados en los últimos años, las autoridades han procedido a desalojar familias enteras sin ofrecer soluciones alternativas, dejándolas literalmente en la calle. La policía y los tribunales actúan con celeridad cuando se trata de restituir el control de un inmueble al Estado, pero la maquinaria burocrática se congela cuando un ciudadano solicita una vivienda o una reparación.
Una crisis habitacional de décadas
El caso de Lauren no es aislado. Cuba enfrenta un déficit habitacional que supera las 800.000 viviendas, según cifras oficiales del propio gobierno cubano, aunque especialistas independientes estiman que la cifra real podría ser considerablemente superior. El colapso del sector de la construcción, la escasez crónica de materiales, la falta de mantenimiento de la infraestructura existente y la inexistencia de un mercado inmobiliario funcional han convertido el acceso a una vivienda digna en una quimera para la mayoría de la población.
Centro Habana, uno de los municipios más densamente poblados de la capital, es también uno de los más afectados por el deterioro del fondo habitacional. Sus edificios coloniales y republicanos, muchos de ellos con más de un siglo de antigüedad, sufren problemas estructurales severos que las autoridades no han logrado abordar. Los derrumbes parciales y totales son frecuentes, y las familias que pierden sus hogares por estas causas rara vez reciben una reubicación adecuada. Muchas terminan ocupando locales comerciales abandonados, solares vacíos o estructuras en riesgo de colapso, como ha ocurrido con Lauren.
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Contexto: el fracaso del modelo estatal
La precariedad habitacional de Lauren se entrelaza con la crisis económica general que atraviesa la isla. La inflación descontrolada, que según estimaciones independientes supera el 40% anual, ha erosionado drásticamente el poder adquisitivo de los cubanos. El salario medio estatal, equivalente a unos 15 dólares mensuales al tipo de cambio informal, es completamente insuficiente para acceder a productos básicos, menos aún para construir o reparar una vivienda. La canasta básica familiar ha alcanzado precios inalcanzables para la mayoría, y la alimentación de una familia numerosa como la de Lauren requiere estrategias de supervivencia diarias.
El éxodo migratorio masivo de los últimos años, que ha provocado la salida de más de un millón de cubanos desde 2022, ha dejado a muchas familias divididas y sin apoyo. En el caso de las madres solteras como Lauren, la ausencia de parejas o familiares que hayan emigrado y puedan enviar remesas agrava aún más su vulnerabilidad. Las remesas, que según cálculos de organismos internacionales superan los 5.000 millones de dólares anuales, se han convertido en el principal sostén de millones de hogares, pero su distribución es profundamente desigual y excluye a quienes no tienen vínculos en el exterior.
El sistema de atención social en Cuba, otrora presentado como uno de los logres fundamentales del modelo, ha colapsado visiblemente. Los programas de asistencia social cubren a una fracción mínima de quienes los necesitan, y los criterios de selección son opacos y discrecionales. Las madres con hijos menores, las embarazadas y las personas en situación de vulnerabilidad extrema deberían ser prioridad absoluta, pero en la práctica quedan abandonadas a su suerte. La incapacidad del régimen de La Habana para garantizar los derechos más básicos contrasta con su discurso oficial, que insiste en presentar al país como una potencia en materia social.
La indiferencia como política
Mientras las autoridades amenazan con el desalojo, se desentienden de su responsabilidad de ofrecer alternativas dignas. Como Lauren, son muchas las madres que, sin respaldo familiar ni institucional, se ven forzadas a ocupar inmuebles abandonados para asegurar un techo a sus hijos, en un país donde la precariedad y la indiferencia estatal se convierten en norma. La ocupación de viviendas y locales vacíos ha crecido de manera notable en los últimos años, especialmente en La Habana, donde el contraste entre los inmuebles en ruinas y la falta de opciones para las familias más pobres es más evidente.
El gobierno cubano ha respondido a este fenómeno con una mezcla de represión selectiva y propaganda. En algunos casos, las autoridades han tolerado las ocupaciones para evitar conflictos sociales abiertos; en otros, han procedido a desalojos violentos con apoyo policial. La arbitrariedad define la respuesta institucional, y los criterios parecen responder más a la visibilidad pública del caso o a la presión mediática que a un protocolo claro de atención social. En el caso de Lauren, la amenaza de desalojo persiste mientras su embarazo avanza y sus hijos crecen en un espacio que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
Consecuencias y perspectivas
El futuro inmediato de Lauren y sus hijos es incierto. Si el desalojo se ejecuta, la familia quedará literalmente en la calle, con una madre embarazada y tres menores a su cargo, en un país donde ni siquiera los albergues temporales funcionan de manera adecuada. Si se le permite permanecer, lo hará en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos como agua potable estable, electricidad segura o saneamiento adecuado. Cualquiera de los dos escenarios representa un fracaso rotundo de las políticas sociales del Estado cubano y una violación de derechos fundamentales que el propio gobierno se comprometió a garantizar en instrumentos internacionales.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han documentado de manera reiterada las deficiencias del sistema cubano en materia de vivienda, salud y protección social. Sin embargo, la respuesta del ejecutivo cubano ha consistido en negar la gravedad de la crisis y en atribuir las dificultades al embargo de Estados Unidos, argumento que cada vez convence menos a una población que experimenta en carne propia la ineficiencia, la corrupción y la falta de voluntad política del régimen. Mientras tanto, historias como la de Lauren se multiplican silenciosamente en cada barrio de la isla, recordando que detrás de las cifras y los discursos hay personas concretas que luchan cada día por sobrevivir en un sistema que las ha abandonado.
