El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, compareció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para reconocer un dato que rompe con décadas de propaganda oficial: la tasa de mortalidad infantil se elevó a 8,2 por cada mil nacidos vivos durante el primer semestre del año. La cifra, que supera los 7,4 registrados en igual periodo del año anterior, evidencia el acelerado deterioro del sistema sanitario de la isla, golpeado por la escasez extrema de medicamentos y el colapso de la infraestructura hospitalaria.
Durante su intervención ante la Comisión de Salud y Deporte, el titular sanitario admitió que «ha sido imposible lograr los resultados esperados en los asuntos más sensibles que afectan a nuestro pueblo». Esta declaración, inusual por su franqueza en los espacios oficiales, confirma lo que la ciudadanía sufre a diario en hospitales y policlínicos. El régimen de La Habana ha perdido el control sobre indicadores que históricamente utilizaba como carta de presentación ante la comunidad internacional para legitimar su modelo político.
Uno de los factores determinantes en este retroceso es la imposibilidad de garantizar tratamientos básicos. Portal Miranda detalló que actualmente solo está disponible un 30 % del cuadro básico de fármacos en las unidades de salud, una proporción que apenas alcanza el 32 % en las farmacias comunitarias. El desabastecimiento de antibióticos, anestésicos y medicinas para enfermedades crónicas ha convertido el acto de curar en un desafío casi imposible para los profesionales de la salud, quienes deben lidiar además con instalaciones sin iluminación adecuada, equipos de diagnóstico rotos y una carencia absoluta de material de higiene.
Las estadísticas demográficas presentadas ante los diputados pintan un panorama desolador para el futuro del país. Entre el 1 de enero y el 12 de julio se registraron 28.400 nacimientos vivos, lo que representa 6.738 menos que en el mismo periodo del año anterior. Aunque las muertes infantiles totales fueron 234 (26 menos que en 2024), la drástica caída en la cantidad de nacimientos hace que la tasa de mortalidad se dispare matemáticamente. Solo seis provincias —Sancti Spíritus, Cienfuegos, Pinar del Río, Matanzas, Artemisa y Las Tunas— logran mantener sus indicadores por debajo del umbral de 7 por cada mil nacidos vivos.
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El drama de la mortalidad materna y la crisis en el oriente del país
Si la mortalidad infantil es alarmante, la materna representa una tragedia silenciada que golpea a las familias cubanas. La tasa se elevó a 56,3 por cada 100.000 nacidos vivos, un salto dramático respecto a los 37,4 registrados en el mismo lapso del año anterior. Las provincias orientales, históricamente marginadas en la distribución de recursos y con infraestructuras más precarias, sufren los peores indicadores de la nación.
Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba encabezan la lista de territorios donde el riesgo de morir durante el embarazo o el parto se ha multiplicado, evidenciando las profundas desigualdades territoriales que el gobierno cubano se empeña en negar en su retórica oficialista. La falta de transporte de ambulancias, la inexistencia de unidades de cuidados intensivos neonatales operativas en zonas rurales y la desnutrición de las gestantes agravan un cuadro que las autoridades de la isla atribuyen sistemáticamente al «bloqueo», eludiendo su propia responsabilidad en la mala gestión de los recursos disponibles.
El llamado Programa Materno Infantil (PAMI) fue durante décadas el principal bastión del relato triunfalista de la dictadura cubana. La exportación de médicos y los indicadores de salud materno-infantil sirvieron como herramienta de soft power y propaganda internacional. Sin embargo, la realidad actual demuestra que ese modelo, sostenido en gran medida por subsidios externos en otras épocas, ha colapsado bajo el peso de la ineficiencia económica y la falta de inversión estatal. Las cifras maquilladas ya no pueden ocultar el deterioro estructural de los servicios públicos.
En un intento por suavizar la catástrofe, el ministro destacó algunos supuestos avances, como la reducción del embarazo adolescente a un 18,6 % (un 1 % menos que el año anterior) y la implementación de consultas infantojuveniles en pediatría. Asimismo, hizo una vaga referencia a proyectos de «innovación científica» que, según sus palabras, «no esperan por todos los recursos». Estos balances positivos resultan insuficientes y casi irrisorios frente a la magnitud de la crisis, donde las madres deben traer desde sábanas hasta agua potable a los hospitales para poder dar a luz con un mínimo de dignidad.
Contexto: El colapso sistémico y el éxodo médico
El desastre sanitario no ocurre en el vacío; es una consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa la isla. La inflación galopante, la caída del poder adquisitivo y la imposibilidad del Estado para abastecer el mercado interno han empobrecido a la población a niveles sin precedentes. A esto se suma el masivo éxodo migratorio, que no solo ha diezmado a la fuerza laboral joven en edad reproductiva, sino que ha provocado una fuga de cerebros sin precedentes en el sector de la salud. Miles de médicos, enfermeros y especialistas han abandonado el país huyendo de los salarios de miseria y las condiciones de trabajo infrahumanas, dejando al sistema sanitario sin el capital humano necesario para sostenerlo.
Durante años, el ejecutivo cubano justificó los bajos salarios y la precariedad del sector salud en nombre de la «solidaridad» y el deber revolucionario. Hoy, esa narrativa ha perdido toda legitimidad ante una población que ve cómo las clínicas para turistas y la élite militar cuentan con recursos, mientras los hospitales populares se derrumban. El Estado ha sido incapaz de articular una política de importación de medicamentos que supla la parálisis de la industria farmacéutica nacional, afectada por la falta de materias primas y el obsoleto equipamiento de sus fábricas. La falta de divisas, agravada por el fracaso del sistema empresarial estatal y la caída del turismo, impide adquirir los insumos básicos para mantener la infraestructura médica en pie.
Implicaciones y un futuro incierto
El reconocimiento oficial de estas cifras marca un punto de inflexión en la historia reciente de la isla. La pérdida de la batalla contra la mortalidad infantil y materna no es solo un fracaso sanitario, sino el síntoma más visible del agotamiento del modelo político y económico impuesto por la dictadura. Las consecuencias a futuro son devastadoras para la nación: una sociedad envejecida que no se reproduce, con una nueva generación nacida en condiciones de vulnerabilidad extrema y un sistema de salud que ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio inalcanzable para la mayoría.
Ante este escenario, la respuesta de la comunidad internacional y de los organismos de salud debería pasar por exigir transparencia real en la recolección de datos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria sin intermediación estatal. Mientras tanto, la población cubana continúa pagando el costo más alto de un sistema autoritario que ha fracasado en su deber más básico y fundamental: proteger la vida de sus ciudadanos más vulnerables. La crisis de la salud pública en Cuba es, en definitiva, la crónica de un abandono anunciado por décadas de mala gestión y falta de libertades.
