La titular de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, afirmó recientemente que en Cuba no existen mendigos, sino personas «disfrazadas» de tales, generando una ola de indignación por su desconexión con la profunda crisis social que atraviesa el país. La funcionaria llegó a calificar el oficio de limpiaparabrisas en los semáforos como un «modo de vida fácil», ignorando el colapso económico y la precariedad extrema que empuja a miles de cubanos a las calles.
En medio de la aguda crisis estructural que sufre la nación, las declaraciones de la ministra evidencian un grado de insensibilidad y aislamiento de la realidad que caracteriza a la alta cúpula del poder en la isla. Feitó aseguró que quienes se dedican a limpiar parabrisas en los semáforos han escogido una alternativa sencilla para obtener ingresos, sugiriendo que esta actividad es más rentable que el empleo estatal o en las nuevas mipymes. Sus palabras minimizan una práctica que, en realidad, refleja la desesperación de un sector poblacional sin opciones laborales viables ni redes de apoyo estatal.
La narrativa de la ministra omite las condiciones reales en las que trabajan estos individuos: expuestos a la intemperie, bajo un sol abrasador, descalzos y mal vestidos, corriendo entre vehículos en movimiento y enfrentando a menudo el rechazo o la ira de los conductores. Reducir esta situación a una «elección de vida fácil» constituye un intento de lavarse las manos frente a la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar un nivel de vida digno para sus ciudadanos, un derecho que el discurso oficialista promete desde hace más de seis décadas pero que hoy es una quimera inalcanzable para la mayoría.
Además, Feitó descalificó a estas personas afirmando que utilizan el dinero recaudado «para tomar», pasando por alto el grave problema de salud pública que representa el alcoholismo en la isla. Este flagelo ha crecido exponencialmente en relación directa con el deterioro de las condiciones de vida, la incertidumbre y el estrés crónico que sufre la población. En lugar de abordar la adicción como una enfermedad que requiere atención médica y psicológica, el gobierno cubano prefiere criminalizarla y utilizarla como pretexto para negar la existencia de la indigencia.
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El discurso de la alta funcionaria contradice frontalmente la propia retórica oficial, que constantemente hace referencia a la necesidad de proteger a los sectores «vulnerables». Sin embargo, las estrategias implementadas por las autoridades de la isla para asistir a los miles de cubanos sin techo, comida, medicinas o cuidadores han sido completamente ineficaces. A pesar de las reuniones anuales de la dirección del país y la asignación de recursos teóricos para estos fines, la realidad demuestra que la asistencia social es prácticamente inexistente para quienes más la necesitan.
La ministra, quien tiene acceso directo a las estadísticas sobre la insuficiencia de los salarios y pensiones en Cuba —que no cubren ni una fracción de la canasta básica de alimentos—, insiste en criminalizar la pobreza bajo el argumento de la existencia de «impostores». Si bien es cierto que en cualquier sociedad puede haber individuos que simulen necesidades, reducir el fenómeno de la mendicidad masiva a un puñado de sinvergüenzas es una maniobra de distracción. Es una forma de evadir la responsabilidad del Estado sobre los efectos devastadores de la pandemia, el fallido «Ordenamiento» monetario y los sucesivos e inútiles paquetes económicos que han empobrecido aún más a la población.
Ante la imposibilidad de ocultar la miseria que ya invade cada esquina del país, el ejecutivo cubano ha recurrido a medidas punitivas, como amenazas de multas y cárcel, para intentar forzar a los indigentes a regresar a los márgenes de la sociedad. Esta respuesta represiva es propia de una dictadura que prioriza la imagen de control y orden por encima del bienestar humano. La criminalización de la pobreza no resuelve el problema subyacente, sino que lo agrava, empujando a los parias a una clandestinidad donde son aún más invisibles para las políticas públicas.
La magnitud de la crisis ha borrado las fronteras entre los márgenes y el centro. Hoy, toda Cuba, con la excepción de los cotos privilegiados donde reside la nomenclatura, sufre de carencias extremas. En las calles se observan niños pidiendo limosnas a desconocidos, jubilados que no logran cobrar sus magras pensiones debido al colapso del sistema bancario y los apagones, y enfermos mentales abandonados a su suerte, sin medicación ni abrigo, obligados a buscar sustento en la basura que el Estado no recoge. Estos son los rostros de la vulnerabilidad que la ministra se niega a ver.
Un colapso sistémico que el poder se niega a reconocer
El aumento de la mendicidad y la indigencia no es un fenómeno aislado, sino un síntoma directo del colapso estructural del modelo económico y político cubano. La hiperinflación, la escasez crónica de alimentos y medicinas, y la caída libre del poder adquisitivo han destruido el tejido social. El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, ha dejado tras de sí a una población envejecida y desprotegida, incapaz de sostenerse en un sistema que no ofrece oportunidades reales de desarrollo.
En este contexto, las declaraciones de Marta Elena Feitó se suman a una larga lista de pronunciamientos oficiales que demuestran un desprecio profundo por la inteligencia y el sufrimiento del pueblo. Al igual que ocurrió con la «orden de combate» emitida frente a las protestas pacíficas y la represión posterior, o las reveladoras declaraciones de la ex contralora Gladys Bejerano sobre cómo el conglomerado militar GAESA escapaba al escrutinio de la Contraloría General de la República, la negación de la mendicidad busca proteger la imagen del régimen a costa de la verdad. La dictadura cubana parece empeñada en construir una narrativa paralela que se desmorona con solo caminar unas cuadras por cualquier ciudad de la isla.
El abismo entre la Cuba oficial y la Cuba real es cada vez más insalvable. Mientras los funcionarios se desplazan en vehículos con chofer y viven en zonas blindadas contra la miseria, la ciudadanía común enfrenta el colapso del transporte público, la inseguridad alimentaria y la represión social. La indigencia es ahora una constante en provincias como La Habana, Santiago de Cuba o Matanzas, donde la presencia de personas pernoctando en portales o buscando alimento en contenedores de basura es parte del paisaje cotidiano.
Consecuencias y responsabilidad estatal
La insensibilidad mostrada por la titular de Trabajo y Seguridad Social no solo representa un fracaso en la gestión de las políticas sociales, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la dirección que tomará el régimen frente a la crisis. Al negar la existencia de la mendicidad y tildar de «fácil» la supervivencia en las calles, el gobierno cubano se exime de su responsabilidad constitucional y moral de proteger a los ciudadanos en estado de indefensión.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a este tipo de declaraciones, ya que allanan el terreno para la normalización de la violencia institucional contra los más pobres. Si el Estado niega que sus ciudadanos estén mendigando, justifica cualquier acción punitiva contra ellos. La realidad cubana, sin embargo, es terca. Las personas en situación de calle seguirán estando ahí, como testigos mudos de un sistema que los ha fallado y de una dirigencia que, encerrada en sus burbujas de privilegios, ha perdido el último vestigio de empatía con el pueblo que dice representar.
