El gobierno cubano reconoció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un colapso sin precedentes en su política de construcción de viviendas, con un déficit que ascendía a 805.583 hogares al cierre de marzo de 2025. El Ministerio de la Construcción (MICONS) admitió que solo se ha ejecutado el 22% del plan estatal previsto para el año, evidenciando la incapacidad estructural del Estado para garantizar un derecho básico para cientos de miles de familias en la isla.
De las más de 10.700 viviendas planificadas para el presente año, las autoridades de la isla apenas han logrado terminar 2.382. La ineficiencia se extiende a los programas de mejora social: de las 13.536 erradicaciones de pisos de tierra previstas, solo se han ejecutado 266, lo que representa un marginal 2%. Asimismo, el plan para eliminar las 8.736 cuarterías existentes en el país registra un fracaso absoluto, con apenas dos de estos precarios asentamientos intervenidos en lo que va de año.
El panorama expuesto por el ejecutivo cubano durante los debates parlamentarios revela una crisis técnica profunda. Del fondo habitacional nacional, compuesto por 4.092.827 viviendas, el 35% se encuentra en estado regular o malo, un indicador que ha empeorado con un aumento de 6.520 inmuebles deteriorados respecto al año anterior. A esta degradación estructural se suman 94.421 afectaciones acumuladas por ciclones y sismos que permanecen sin solución, dejando a decenas de miles de cubanos en condiciones de habitabilidad precarias.
El informe presentado por el MICONS detalla que los niveles de producción de materiales de la construcción no solo no han incrementado, sino que son inferiores a los del mismo período de 2024. La planificación misma ha sido reducida respecto a años anteriores, una admisión tácita de la incapacidad del régimen de La Habana para sostener su infraestructura productiva. El programa de producción local, impulsado como una supuesta estrategia para mitigar la dependencia de insumos importados, ha rendido resultados insatisfactorios, con niveles de fabricación muy bajos y escasa diversidad en todas las provincias.
Entre los principales obstáculos que ahogan la construcción en la isla figuran la escasez crónica de combustibles, la obsolescencia tecnológica y la paralización de más del 30% de los centros productivos en provincias clave como Holguín y Sancti Spíritus. La falta de equipamiento básico, como extrusoras, moldes adecuados y transformadores eléctricos, ha llevado a que en muchas regiones la calidad de las producciones sea deficiente. Durante el debate, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafranca, reconoció que la situación ha empeorado tras el paso de fenómenos meteorológicos, lo que ha obligado a un mayor uso de cubiertas ligeras y, en consecuencia, ha incrementado la vulnerabilidad de las viviendas.
Las admisiones de fracaso llegaron incluso desde el círculo cercano al poder. Alfredo Rodríguez, miembro del grupo de trabajo asociado a la figura del Comandante Ramiro Valdés, confesó que se ha perdido «el oficio» en la construcción de hornos, una habilidad técnica fundamental para la producción local de materiales. Por su parte, legisladores como Angélica María Chorens, por Lajas, y Yania Cedeño Oliva, por Mariel, propusieron reevaluar la política de vivienda y priorizar el control en los territorios, abogando por el uso de infraestructuras existentes y la identificación de las empresas estatales ineficientes, aunque estas propuestas chocan con la centralización burocrática del sistema.
A nivel local, las iniciativas para aprovechar materias primas endógenas como barro, canto, madera y plástico reciclado han tenido un impacto marginal. La producción de elementos de arcilla y carpintería local sigue siendo insuficiente, y solo en Granma se han construido hornos eficientes según los estándares requeridos. El asesor parlamentario Juan Luis Quintana informó que existen 104 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) registradas dedicadas a la producción a partir de piedra, arena y arcilla. Sin embargo, estas formas de gestión no estatal, que podrían dinamizar el sector, enfrentan severas limitaciones por la falta de materias primas y equipamiento, y no reciben el apoyo necesario por parte del aparato estatal.
El colapso habitacional como reflejo de la crisis estructural
El fracaso en la política de vivienda no es un fenómeno aislado, sino la manifestación directa de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. El modelo económico centralizado y planificado por el gobierno cubano ha demostrado ser incapaz de mantener la infraestructura básica del país. La escasez de combustibles que frena la producción de materiales es la misma que mantiene a la isla sumida en apagones de hasta 20 horas diarias, mientras que la inflación galopante y la devaluación de la moneda nacional hacen inaccesible para la población la compra de insumos en el mercado informal o en tiendas en moneda libremente convertible.
La incapacidad de erradicar los pisos de tierra y las cuarterías expone la realidad de una pobreza creciente que las autoridades intentan maquillar con discursos sobre «autonomía municipal» y «uso racional de recursos». Sin embargo, como admitió el propio MICONS, el incremento de las producciones locales es «muy discreto y no responde a las necesidades del país». Esta situación obliga a cientos de miles de familias a vivir bajo el riesgo constante de derrumbes, en condiciones de hacinamiento que vulneran su dignidad y seguridad física.
Antecedentes de un déficit histórico
El problema habitacional en Cuba es un lastre que se ha agudizado en las últimas décadas, pero que tiene raíces en la ineficacia del sistema impuesto por la dictadura cubana. Durante años, el Estado monopolizó la construcción de viviendas, descuidando el mantenimiento del fondo existente y priorizando inversiones en sectores turísticos o estratégicos en detrimento del bienestar social. La caída de los acuerdos energéticos y financieros con aliados internacionales, sumados a la ineficiencia productiva interna, provocaron que los planes constructivos se redujeran drásticamente desde la primera década del siglo XXI.
A esto se suma el impacto de fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y severos, ante los cuales la infraestructura cubana se ha mostrado completamente indefensa. Huracanes recientes han dejado a poblaciones enteras sin techo, y la respuesta estatal ha sido marcadamente lenta e insuficiente. La acumulación de 94.421 afectaciones sin resolver es un recordatorio de que, para el régimen de La Habana, la reconstrucción de hogares no figura entre sus prioridades reales, a pesar de la retórica oficial.
Implicaciones y consecuencias a futuro
El estancamiento del programa de construcción de viviendas se convierte en un catalizador del éxodo migratorio que desangra a la isla. Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de perspectivas de mejora, miles de cubanos en edad productiva optan por abandonar el país, privando a la nación de la fuerza laboral necesaria para cualquier intento de recuperación. Las promesas del gobierno cubano de revertir la crisis se diluyen en informes parlamentarios que solo confirman la decrepitud del modelo.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando cómo el deterioro del derecho a la vivienda se suma a las violaciones sistemáticas de las libertades fundamentales. Mientras la dictadura cubana mantenga su control absoluto sobre los recursos y reprima cualquier iniciativa ciudadana que escape de su órbita de poder, el déficit de más de 800.000 viviendas seguirá creciendo. La crisis habitacional es, en definitiva, otra prueba irrefutable del fracaso del modelo impuesto y de la urgente necesidad de un cambio estructural que devuelva a los cubanos el derecho a construir su propio futuro y sus propios hogares.
