La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, aseguró ante el Parlamento que en la isla no existen personas en situación de indigencia, sino individuos «disfrazados» que buscan un «modo de vida fácil». Sus declaraciones han provocado una ola de indignación entre ciudadanos, académicos y profesionales, quienes señalan un desapego absoluto con la cruda realidad económica y social que atraviesa el país.
Ante los diputados de la Asamblea Nacional, la titular del ramo empleó el eufemismo «personas con conducta deambulante» para referirse a la mendicidad. Según su narrativa, estas personas no sufren de pobreza extrema, sino que evaden el fisco y se dedican a actividades económicas ilegales. Además, Feitó llamó a «combatir» la solidaridad ciudadana, afirmando que dar dinero a quienes piden en las calles «está deformando» a la sociedad y que la solución no es «bajar la ventanilla» del automóvil para ofrecer ayuda.
Las reacciones no se hicieron esperar en el ámbito intelectual y cívico. El economista cubano Pedro Monreal calificó el discurso como «el más insolentemente reaccionario» de la actual dirección del país. Con un tono analítico, el experto señaló la contradicción de que la ministra responsable de los «salarios y pensiones de miseria» criminalice a los pobres en lugar de combatir la pobreza. «Debe ser que también hay gente disfrazada de ministra», apuntó Monreal, exigiendo soluciones reales como salarios y pensiones decentes frente a lo que calificó como desvaríos oficiales.
Por su parte, la socióloga Hilda Landrove situó las declaraciones «entre la enajenación y la desvergüenza». Landrove denunció que la retórica criminalizadora del gobierno cubano hacia los sectores más desfavorecidos es comparable a las peores prácticas neoliberales, pero con un matiz autoritario. La experta concluyó que el modelo cubano no socializa la riqueza, sino que la concentra en una élite que controla el Estado, generando una desigualdad extrema que obliga a miles a sobrevivir en las calles.
Profesionales de la salud mental también alzaron su voz. La psicóloga Zuzanne Felipe tachó el discurso de «profundamente indignante» y criticó la «falta absoluta de sensibilidad» hacia los vulnerables. Felipe contextualizó la indigencia recordando que un jubilado no puede vivir con 1.500 pesos al mes, una pensión que en el contexto actual de hiperinflación no alcanza para cubrir ni una semana de alimentación básica. Para ella, afirmar que quien hurga en la basura lo hace por «comodidad» es inaceptable y peligroso, ya que invisibiliza una crisis que no deja de agravarse.
El activista y comunicador Rubén Padrón Garriga arremetió contra el aislamiento de la burocracia. «Tal vez por tener su ventanilla subida todo el tiempo, en el carro que se paga con dinero público, es que se atreve a decir semejante barbaridad», señaló. Padrón acusó a la funcionaria de adoptar una postura de extrema derecha al sugerir que «el pobre es pobre porque quiere», y advirtió que el objetivo real del régimen de La Habana es esconder la miseria y combatir al pobre, no a su condición.
El silencio cómplice de la Asamblea Nacional también fue blanco de críticas. La microbióloga Belsy Acosta expresó su repudio al constatar que ninguna voz dentro del hemiciclo reaccionó ante la «falacia» de la ministra. Sin embargo, el malestar trascendió la sociedad civil y llegó a los márgenes del oficialismo. La periodista estatal Ana Teresa Badía sugirió que un servidor público con tal desapego al contexto debe revisar su misión, mientras que la comunicadora Rosy Amaro Pérez retó a las autoridades a caminar por La Habana Vieja o Rampa sin escoltas ni aire acondicionado para que recuperen la empatía.
Antecedentes de criminalización de la pobreza
El discurso de Feitó no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política escalada por las autoridades de la isla para limpiar la imagen de las ciudades. En abril pasado, la gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, emitió una directiva para «localizar, controlar y trasladar» a las personas con «conducta deambulante» a centros especiales. La ordenanza ignoró por completo las causas estructurales del fenómeno, como el desempleo, el colapso de la salud mental y la precariedad habitacional, optando por asociar la indigencia con el delito y el desorden público.
Ya en junio de 2024, Feitó había sentado precedente al calificar la mendicidad como un «trastorno del comportamiento humano multicausal», reduciendo un problema socioeconómico a una cuestión de «carencia de autocuidado» e «inestabilidad del lugar de permanencia». Esta medicalización de la pobreza permite al ejecutivo cubano eludir su responsabilidad en el deterioro de las condiciones de vida y justificar medidas represivas bajo el pretexto del orden público y la higiene comunitaria.
Contexto: El colapso estructural y la invisibilización de la crisis
Las declaraciones de la ministra ocurren en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado la isla en décadas. La inflación descontrolada, la devaluación del salario real y el desabastecimiento crónico han empujado a amplios sectores de la población a la indigencia. Una pensión de 1.500 pesos, mencionada por los expertos, equivale a menos de dos dólares en el mercado informal, una cifra que condena a los jubilados a la pobreza absoluta. En este escenario, hurgar en la basura o pedir limosna no es una elección de «vida fácil», como sostiene la funcionaria, sino una estrategia de supervivencia ineludible.
Durante décadas, la dictadura cubana ha construido su legitimidad internacional basándose en el supuesto de un Estado de bienestar que garantiza la igualdad social. Sin embargo, el colapso de los servicios públicos, la escasez de medicamentos y la crisis habitacional han desmantelado esta fachada. La concentración extrema de la riqueza en una élite militar y política que controla las empresas estatales y el sector turístico de enclave contrasta dramáticamente con la miseria de las mayorías. Negar la existencia de mendigos es, en esencia, defender el mito fundacional del régimen a costa de invisibilizar el sufrimiento ciudadano.
Además, este negacionismo oficial se produce en un contexto de éxodo migratorio histórico. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años huyendo de la misma precariedad que ahora se intenta maquillar desde el Parlamento. Los que se quedan y no tienen redes de apoyo familiar en el extranjero son los más vulnerables a caer en la indigencia. La respuesta del gobierno cubano no ha sido implementar políticas de redistribución o fortalecer el sistema de asistencia social, sino aumentar el control policial y estigmatizar a los afectados.
Implicaciones y panorama futuro
La criminalización de la pobreza por parte del régimen de La Habana augura un oscuro panorama para los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Al legitimar la persecución de los mendigos y desincentivar la solidaridad ciudadana, las autoridades están sentando las bases para una limpieza social que prioriza la estética de las calles por encima de los derechos humanos y la dignidad de las personas. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos sociales deberán prestar atención a estas políticas de exclusión, que evidencian la desconexión total entre el poder y la realidad de una nación que se hunde en la pobreza mientras sus líderes niegan su existencia desde la comodidad de sus cargos y privilegios.
