La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández anunció la intensificación de sus acciones de protesta pacífica contra el régimen de La Habana tras ser arrestada en dos ocasiones este sábado en Matanzas, cuando intentaba llevar a cabo su manifestación cívica mensual. La académica denunció que las autoridades buscan prolongar indefinidamente su proceso judicial para desgastarla y forzar su salida del país.
López Hernández detalló que la jornada estuvo marcada por dos detenciones consecutivas. El primer arresto ocurrió mientras se dirigía al parque de la Libertad, su habitual punto de concentración. Tras ser trasladada a una unidad policial, los funcionarios intentaron obligarla a firmar un acta de advertencia por supuestamente incumplir una medida cautelar impuesta en la denominada causa 40, documento que la académica se negó a suscribir. Al recuperar la libertad, decidió regresar al lugar de la protesta, pero fue interceptada nuevamente antes de llegar a su destino.
La intelectual calificó el segundo procedimiento como un \»secuestro\», debido a que careció de fundamento legal y no derivó en ninguna actuación procesal notificada. En respuesta a estos hechos, la opositora anunció a través de sus redes sociales que escalará sus medidas no violentas. La académica advirtió que sus protestas ya no se limitarán al parque de la Libertad, sino que se trasladarán a sedes de instituciones estatales como el Tribunal Municipal, la Fiscalía, el Gobierno y la sede de Operaciones de la Seguridad del Estado para exigir la celebración de su juicio.
Una estrategia de desgaste sistemático
La situación de López Hernández ilustra una táctica recurrente de la dictadura cubana frente a sus críticos: la paralización de procesos judiciales y el uso de medidas cautelares para mantener a los activistas en un limbo legal. La historiadora sostiene que el poder busca desgastar a los disidentes y empujarlos al exilio en lugar de encarcelarlos, evitando así el costo político que representaría tenerlos presos. En este contexto, mencionó el caso de la activista Jenny Pantoja, reafirmando su decisión de permanecer en la isla y resistir en el interior del país.
El escalamiento de las acciones de la académica representa un nuevo desafío civil frente a la maquinaria represiva del Estado. Al trasladar sus protestas a las puertas de los organismos represores y judiciales, López Hernández expone la naturaleza arbitraria del sistema penal cubano y su uso como herramienta de control político. La evolución de este conflicto pondrá a prueba la respuesta del gobierno cubano frente a la disidencia pacífica, así como la atención que la comunidad internacional preste a la creciente criminalización del activismo en la isla.
