El periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, permanece bajo prisión preventiva en los calabozos de la Seguridad del Estado en Camagüey, tras ser imputado por un supuesto delito de desobediencia. Las autoridades de la isla han recurrido a una figura penal menor para mantener al comunicador encarcelado, en un nuevo episodio de acoso a la prensa independiente que coincide con un despliegue policial para silenciar a la sociedad civil.
Cinco días después de su detención, el instructor penal identificado como Juan Pablo confirmó a la abogada defensora que la medida cautelar fue aprobada y que el expediente se remitió a la Fiscalía Provincial. Constantín Ferreiro está recluido en Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios del aparato represivo en el reparto Garrido de Camagüey. La defensa intentó verificar los cargos en la Fiscalía, pero la ausencia de funcionarios disponibles impidió el acceso al expediente, dejando al abogado sin herramientas legales para apelar la medida o cuestionar la acusación.
El uso del Código Penal como herramienta de presión
El delito imputado se ampara en el artículo 189, apartado 1, del Código Penal cubano, que sanciona la desobediencia a las decisiones de las autoridades con privación de libertad de seis meses a un año, o multa. La propia norma admite la resolución del caso únicamente con sanción económica. Sin embargo, la dictadura cubana ha aplicado contra el periodista la medida cautelar más severa existente, ignorando las restricciones del artículo 356 de la Ley 143/2021 del Proceso Penal, que califica la prisión provisional de «excepcional» y la limita a casos de extrema gravedad o riesgo de fuga.
El fundamento de la acusación radica, según la versión de los instructores, en que Constantín no llegó «a tiempo» a una citación fijada para el 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, en Vista Hermosa. No obstante, la propia Ley del Proceso Penal, en su artículo 72, apartado 1, inciso f, establece que la incomparecencia de un testigo o perito sin causa justificada se castiga con multa de hasta 100 cuotas. La imputación de desobediencia, por tanto, carece de sustento legal sólido y revela el carácter arbitrario del proceso.
Recurso de hábeas corpus frente al silencio judicial
Ante el encierro injustificado, la defensa presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. El escrito, firmado por el licenciado en Derecho Luis Orlando Bermúdez Basulto, invoca el artículo 96 de la Constitución de la República, que garantiza este derecho ante privaciones de libertad ilegales. El documento argumenta de manera explícita que la detención responde a «razones meramente políticas», debido a la labor del comunicador al frente de la revista independiente La Hora de Cuba.
La ley establece plazos cortos para resolver el hábeas corpus. El tribunal tiene la obligación de dar curso a la solicitud y, en caso de acceder, ordenar a la autoridad represiva que presente al detenido ante los jueces en un plazo de 72 horas. Sin embargo, la trayectoria del sistema judicial cubano, subordinado al Consejo de Estado, plantea serias dudas sobre la independencia de los tribunales para fallar a favor del periodista frente a las decisiones de la Seguridad del Estado.
Detención y despliegue policial contra la sociedad civil
La detención de Constantín se gestó mediante una citación verbal comunicada por un agente identificado como Felipe el 15 de septiembre. Al día siguiente, el periodista se presentó en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en la Carretera Central de Camagüey. Tras su última comunicación con el exterior a las 8:48 a.m., fue trasladado a los calabozos de Villa María Luisa, cortando todo contacto con sus familiares y colegas.
El arresto ha generado un firme rechazo internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió la medida, calificándola como un «nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba». Pierre Manigault, presidente de la organización, aseguró que una acusación de desobediencia no puede convertirse en instrumento para intimidar y silenciar a los periodistas, exigiendo la liberación inmediata de Constantín. Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, denunció que las citaciones y arrestos forman parte de un patrón sistemático de presión.
Represión selectiva y antecedentes de hostigamiento
La detención del director de La Hora de Cuba no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un despliegue policial orquestado por el régimen de La Habana en varias provincias. El objetivo era impedir que periodistas independientes y activistas asistieran a las «Noches americanas», un encuentro convocado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana los días 17 y 18 de septiembre. Figuras de la sociedad civil como Dagoberto Valdés Hernández, Yoani Sánchez, Camila Acosta, Boris González Arenas y Laura María Labrada Pollán fueron bloqueadas en sus viviendas por la policía política.
Henry Constantín es una figura recurrente en la diana de la represión estatal. En abril, su medio y él fueron galardonados con el premio Civil Rights Defender of the Year 2026, otorgado por una organización sueca. El comunicador ha sido encarcelado en múltiples ocasiones por su trabajo; tan solo en enero de 2026 fue detenido y liberado en dos ocasiones. Desde 2019, las autoridades le mantienen prohibida la salida del país, lo que le impidió recoger el galardón en la ceremonia celebrada el 18 de mayo en Estocolmo.
Contexto: La represión como válvula de escape ante la crisis sistémica
El acoso a la prensa independiente y la criminalización de la disidencia ocurren en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana se encuentra en colapso, con una inflación galopante, un desabastecimiento crítico de productos básicos y un deterioro total del sistema eléctrico y sanitario. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones a la precariedad material, la respuesta institucional ha sido el endurecimiento del control social y el silenciamiento de cualquier voz que documente la realidad nacional.
El éxodo migratorio sin precedentes que ha dejado a cientos de miles de cubanos abandonando el país en los últimos años es un termómetro del descontento social. Para el ejecutivo cubano, el periodismo independiente representa una amenaza directa, ya que rompe el monopolio informativo y evidencia las fallas del modelo. La utilización de figuras penales ambiguas, como la desobediencia, para justificar encarcelamientos preventivos demuestra la voluntad de las autoridades de la isla de mantener un estado de excepción de facto, donde la disuasión y el miedo son las principales herramientas de gobernabilidad.
Implicaciones a futuro
El caso de Henry Constantín refleja la estrategia de la dictadura cubana de utilizar el aparato judicial para dar una apariencia de legalidad a lo que no es más que persecución política. La respuesta de la comunidad internacional será clave para presionar por el respeto a los derechos humanos en la isla. Mientras el régimen de La Habana mantenga su política de hostigamiento a la prensa, la documentación de la crisis cubana continuará dependiendo del coraje de comunicadores que arriesgan su libertad para ejercer una profesión que debería estar amparada por la ley, no castigada por ella.
