Los procesos penales, las medidas cautelares, las restricciones migratorias y los castigos intramuros se consolidaron como el principal instrumento de represión en Cuba durante agosto, desplazando al hostigamiento psicológico que había predominado en meses anteriores. Según el informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el ciudadano común regresó al primer puesto del perfil de víctimas, evidenciando una criminalización sistemática de la protesta social y la denuncia pública frente al colapso estructural de la isla.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), adscrito al ICLEP, documentó un total de 123 violaciones durante el mes de agosto, de las cuales 106 corresponden a la libertad de expresión y 17 a la libertad de prensa. Aunque esta cifra representa una caída del 56,1 % respecto al récord histórico registrado en julio con 280 casos, los analistas advierten que no se trata de una distensión, sino de una modulación táctica por parte del régimen de La Habana. El aparato represivo habría reducido su exposición visible sin abandonar su actividad, manteniendo un piso de violaciones que está un 64 % por encima de las 75 documentadas en el mismo mes del año anterior.
El indicador clasificado como uso abusivo del poder estatal sumó 48 hechos, representando el 39 % del total mensual y un incremento del 152,6 % respecto a agosto de 2025. Esta estadística marca un cambio de paradigma en las tácticas de la dictadura cubana, que ahora prefiere utilizar el aparato judicial y penal para ahogar la disidencia, imponiendo cargos por delitos como el desacato y condicionando la libertad a la salida del país, una práctica de exilio forzado que se ha vuelto habitual.
Criminalización del periodismo y chantaje familiar
El informe detalla el caso del periodista Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero, quien permaneció detenido durante cinco horas en la estación policial de Marianao, conocida como «La Sexta». Durante su encierro, un oficial identificado como «capitán Miguel» le mostró un expediente por una presunta violación del Decreto-Ley 370, le entregó una segunda acta de advertencia y le comunicó que una tercera derivaría en cargos por desacato. La arbitrariedad alcanzó su punto más crítico cuando el oficial condicionó el no procesamiento a que Llerandi abandonara el país en un plazo de dos meses, bajo amenaza explícita de prisión e invocando el embarazo de su esposa y la hija por nacer como herramienta de presión. Ante la gravedad de los hechos, el ICLEP solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección para el periodista y su núcleo familiar.
Una lógica similar de represalia contra la denuncia ciudadana se observó en el caso de Sady R. Companioni, madre de una niña de seis años. Fue detenida en su domicilio del barrio habanero de Lawton por cuatro agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), uno de ellos de la unidad de Búsqueda y Captura, sin citación previa ni orden judicial. Su único delito había sido denunciar en redes sociales la falta de agua en su cuadra y la inacción de la delegada del Poder Popular. Trasladada a la unidad de Aguilera y posteriormente al VIVAC, las autoridades de la isla negaron a sus padres el acceso para entregarle alimentos y medicamentos de urgencia. Se le formuló una acusación por desacato, un delito que contempla sanciones de uno a cinco años de prisión, demostrando cómo el gobierno cubano utiliza el código penal para silenciar las quejas sobre el desabastecimiento de servicios básicos.
Tortura y amenazas de muerte en el sistema penitenciario
Las prisiones en Cuba continúan siendo escenarios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En la cárcel de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey, los presos políticos Ediolvy Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez, recluidos en celdas de castigo, sufrieron amenazas de muerte directas por parte del capitán Yasmany Fuentes Leyva, segundo jefe de la unidad, y de Daniel Brisney Calas, segundo jefe de Orden Interior. Los funcionarios penitenciarios les advirtieron que podían aparecer «ahorcados» en sus celdas en cualquier momento, una táctica de terror psicológico que la dictadura emplea para quebrar la voluntad de los reclusos de conciencia.
Otro caso alarmante es el de Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. En el Campamento La Lima, en Guanabacoa, Serrano Hernández fue esposado y golpeado tras negarse a realizar trabajos impuestos. Presentando inflamación en varias partes del cuerpo y un ojo morado, fue enviado primero a una celda de castigo y posteriormente trasladado a la prisión de máxima seguridad 1580. Estos hechos confirman que el castigo físico y la tortura siguen siendo políticas de Estado dentro del sistema carcelario cubano.
Externalización de la represión y perfil de las víctimas
Uno de los datos más inéditos y preocupantes del informe es la irrupción de los gobiernos municipales como perpetradores directos de la represión. Sobre una base de 86 hechos con responsabilidad institucional asignada, el Poder Popular aparece imputado en nueve casos (10,5 %), con directivos del municipio Diez de Octubre, en La Habana, y del gobierno municipal de Holguín señalados de manera específica. Además, civiles actuando a nombre del Estado sumaron otros nueve hechos. Esta modalidad permite al régimen externalizar el hostigamiento hacia estructuras aparentemente civiles, dificultando la trazabilidad institucional de los abusos.
A pesar de esta externalización, el Ministerio del Interior sigue concentrando el grueso de la actividad represiva. La Seguridad del Estado encabeza el registro con 36 hechos (41,9 %), seguida por la PNR con 29 (33,7 %) y el sistema penitenciario con 20 (23,3 %). El sistema judicial, compuesto por fiscalías y tribunales, figura en cinco casos. El ciudadano común regresó al primer puesto del perfil de víctimas con 45 casos (37,2 % de una base de 121 agresiones individualizadas), seguido por el preso político (28), el periodista (17) y el expreso político, que experimentó un salto de dos casos en julio a 11 en agosto. La participación en protestas fue el motivo detonante más frecuente, con 42 agresiones, de las cuales 29 provinieron de un único operativo policial contra 16 personas que pretendían recorrer el Paseo del Prado habanero; 13 fueron detenidas y multadas antes de su liberación.
Contexto: El apagón como herramienta de censura y la crisis estructural
La represión documentada no ocurre en un vacío, sino que es la respuesta autoritaria del ejecutivo cubano a una crisis sistémica sin precedentes. La isla atraviesa una profunda depresión económica caracterizada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total de los servicios públicos, incluyendo el suministro de agua y la generación eléctrica. Ante la desesperación ciudadana, que se manifiesta en cacerolazos y protestas espontáneas, el régimen de La Habana ha optado por el endurecimiento punitivo, criminalizando la pobreza y la queja social en lugar de ofrecer soluciones estructurales.
En este contexto de crisis energética, el indicador de restricción en el espacio digital cerró el mes con un solo caso, el mínimo del año. Sin embargo, el ICLEP advierte que esta cifra no refleja una menor vigilancia sobre el ecosistema informativo, sino la imposibilidad técnica de distinguir un corte de conectividad ordenado por la censura del colapso eléctrico generalizado. Como concluye el informe, «el apagón, en la Cuba de hoy, se ha convertido en un manto que oculta la censura al mismo tiempo que la ejecuta». La falta de electricidad se transforma así en un aliado involuntario de la dictadura para aislar a la población y impedir la circulación de información sobre las protestas y la represión.
Otro elemento que refleja la crudeza del momento es el aumento de la proporción de mujeres entre las víctimas, que alcanzó el 33,3 % (28 de 84 víctimas con género determinado), 11 puntos porcentuales por encima de julio y el nivel más alto documentado en el año. Las mujeres, que suelen estar al frente de la gestión de la supervivencia familiar buscando alimentos y servicios básicos, se han convertido en voceras naturales del descontento, lo que las ha puesto en el radar de la represión estatal. Geográficamente, La Habana concentró 66 agresiones (53,7 %), seguida por Holguín (12) y Camagüey (11), mientras que territorios como Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud no reportaron hechos, una ausencia atribuida a las limitaciones de acceso para los observadores y no a la inexistencia de abusos.
Perspectivas y consecuencias a futuro
Para los próximos meses, el panorama que dibuja el Observatorio es de persistente tensión social. Se proyectan alrededor de 130 violaciones, en un rango de entre 120 y 145, con el uso abusivo del poder estatal y el hostigamiento psicológico como indicadores dominantes. Sin embargo, la advertencia es categórica: cualquier brote de conflictividad social, en un contexto donde la crisis energética, la inflación y la escasez son sostenidas, puede elevar rápidamente el registro represivo por encima de esa banda.
La modulación táctica de la represión no debe interpretarse como una apertura por parte de la dictadura cubana. La liberación de algunos activistas suele estar condicionada al exilio inmediato, lo que evidencia una estrategia de limpieza política para desarticular el movimiento cívico en la isla. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos enfrentan el reto de monitorear un país donde los apagones físicos se confunden con los apagones informativos, y donde denunciar la falta de agua puede significar años de prisión. Mientras el gobierno cubano no asuma responsabilidades frente al colapso que genera, la criminalización del ciudadano común seguirá siendo la única política de Estado visible en la isla.
